Dina Boluarte: ¿Son válidos sus argumentos ante las denuncias de plagio?

La presidenta Dina Boluarte se defendió esta semana de acusaciones de presunto plagio en dos libros de su coautoría. Entre otros argumentos, aseguró que, pese a figurar como uno de los autores, solo se encargó de “compilar normas legales”.

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La mandataria también señaló que los escritos nunca fueron comercializados ni creados para ofrecerse al público en general. El primero se titula ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’; y el segundo, ‘Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú’.

Ambos se encuentra en el registro de la Biblioteca Nacional del Perú, como revelaron “Punto Final” y “Al estilo Juliana”.

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Sobre la primera obra, Boluarte dijo, en conferencia de prensa el martes 18 de julio: “Fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro, como malintencionadamente se dijo, y prueba de ello es que no se publicó, no se comercializó ni se ofreció al público. Se trató de un texto interno para los abogados, en el que mi participación fue compilar las normas legales mínimas. No se contravino a las normas de ese entonces”.

Aquí sus declaraciones:

Sobre la segunda obra, la Presidencia envió un comunicado a “Al estilo Juliana”, con el que la mandataria insiste en eludir responsabilidades:

Tres abogados penalistas consultados por El Comercio cuestionaron la defensa de Boluarte.

Andy Carrión, Vladimir Padilla y Luis Lamas Puccio coincidieron en señalar que la configuración del delito de plagio no depende de la comercialización de la obra involucrada.

“Basta el hecho de que se haya publicado la misma y que en los apartados no sean consignados los autores de las ideas plasmadas”, precisó Carrión.

"El hecho de que no se comercialice de ninguna manera la exime de responsabilidad"

Luis Lamas Puccio, abogado penalista

Además, Lamas añadió que Boluarte no puede eludir la autoría del libro argumentando que solo compiló normas legales.

“Desde el momento en que aparece el nombre de una persona como parte de la titulación del libro, esa persona es la autora. [...] El libro responde por quien asume su autoría, tanto es así que la propiedad intelectual protege esa autoría”, dijo.

Padilla señaló que si Boluarte niega la autoría de los libros, pero los consignó en su hoja de vida cuando postuló al Reniec, incurría en otro delito.

“Si sabía que el texto no era suyo, pero lo utilizó. Ahí está utilizando un dato falso. Ahí estaríamos en el 427 del Código Penal, sobre el uso de un documento falso”, aseveró.

En opinión de Carrión, la fiscalía debe iniciar diligencias preliminares por el presunto segundo caso de plagio, como ya lo hizo por el primero.

“Creo que aquí estaríamos frente a un segundo hecho del delito del plagio que está recogido en el artículo 219 [del Código Penal] [...] la sanción va desde los cuatro hasta los ocho años [de cárcel]”, añadió.

"La investigación que tiene necesariamente que abrirse debe identificar qué apartados estuvieron bajo la competencia de la presidenta y cuáles no"

Andy Carrión, abogado penalista

Representantes del Ministerio Público acudieron recientemente a la Biblioteca Nacional, en San Borja, para obtener un ejemplar de la obra ‘‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’, como parte de las diligencias que se iniciaron de oficio.

El caso está a cargo del fiscal provincial Miguel Ángel Puicón Yaipén, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual.

Puicón solicitó a la oficina de Peritajes del Ministerio Público que revise la obra con el programa Turnitin, un software antiplagio reconocido internacionalmente.

Padilla resaltó que confirmar de qué fecha son los libros será clave, pues el delito de plagio ha tenido variaciones; es decir, no siempre ha estado tipificado de la misma manera.

De acuerdo con “Punto final” y “Al estilo Juliana”, los libros datan del 2004.

Lamas precisó que el caso está en manos de un fiscal provincial porque los hechos se suscitaron cuando Boluarte no era presidenta de la República.