Una de las atribuciones que tendrá el nuevo procurador general del Estado cuando entre en funciones será la de presentar denuncias penales contra altos funcionarios.
Esta autoridad, que estará al frente de la Procuraduría General del Estado, que reemplazará al Consejo de Defensa Jurídica, será nombrada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, a propuesta de la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla.
Así lo establece el reglamento del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el Sistema de la Defensa Jurídica del Estado, y que fue publicado el 23 de noviembre.
La norma contempla que la atribución de denunciar a los altos funcionarios ya no la tendrá el resto de procuradores públicos, incluidos los especializados, que sí podrán recibir denuncias de funcionarios, servidores, ciudadanos, y evaluar las que difundan los medios.
Hay preocupación en el interior de la procuraduría anticorrupción, pues consideran que se están recortando sus atribuciones y ahora tendrán que canalizar sus denuncias con el procurador general.
El exministro de Justicia y exmagistrado del TC Víctor García Toma dijo a este Diario que todo lo relacionado a la defensa del Estado debe tener un lineamiento, y eso recaerá ahora sobre el procurador general, “lo que permitirá a la procuraduría recuperar un orden que no tiene”, así como evitar que cumplan funciones de la fiscalía.
Para el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, es importante que todo este sistema “tenga un criterio compartido”, aunque anotó que centralizar las denuncias en un funcionario puede ser “engorroso”.
En cambio para el penalista Carlos Caro, quitar la atribución de denunciar a altos funcionarios del Estado al resto de procuradores “va en contra de los principios del proceso penal”. Explicó que en el país cualquier ciudadano puede presentar una denuncia penal ante la fiscalía, y “si una ley pretende recortar esta función, es inconstitucional”.
García Toma discrepó diciendo que un procurador sí podrá denunciar a título personal a un alto funcionario, “pero si lo hace en nombre de la institución tendrá que hacerlo a través del procurador general”.
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