El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) precisó este miércoles, 1 de marzo, que el pedido que se hizo al Gobierno de Dina Boluarte para que responda sobre un presunto uso abusivo de la fuerza durante las protestas fue hecho por “distintos titulares de procedimientos especiales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos” y “no refleja la opinión” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
MIRA AQUÍ: ONU pide al gobierno de Dina Boluarte información sobre uso de la fuerza en protestas
“La Cancillería ha recibido una comunicación conjunta cursada por distintos titulares de procedimientos especiales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, por medio de la cual se solicita información sobre asuntos relacionados con la situación de los derechos humanos en el Perú con posterioridad a los sucesos del 7 de diciembre de 2022. Lo anterior, no prejuzga sobre la exactitud de los hechos detallados en la mencionada comunicación conjunta”, expresó el Minjusdh en un comunicado
“La comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión de Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, agregó.
LEE AQUÍ: Julián Palacín y los otros funcionarios castillistas que aún permanecen en el Estado
Además, aseguró que los mencionados relatores no son funcionarios de la ONU. “La comunicación conjunta se enmarca en el mandato de dichos relatores, que no son funcionarios de Naciones Unidas, pero quienes al tomar conocimiento de una situación que pueda afectar la efectividad de los derechos humanos, pueden enviar una comunicación o solicitar la atención urgente, ya sea de manera individual o conjunta con otros titulares vinculados a la materia o interesados en participar”, enfatizó.
El Minjusdh remarcó que el Gobierno invitó a los relatores de ejecuciones extrajudiciales y al de derecho a la reunión pacífica a visitar el Perú, lo cual, según dijo, “demuestra apertura al diálogo y esclarecimiento de los hechos”.
“Compartimos la necesidad de realizar una investigación exhaustiva sobre lo sucedido en el país. Como es de conocimiento, desde el Ejecutivo se vienen brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones a la vida y a la propiedad pública y privada en los últimos meses. Corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar, juzgar y sancionar conforme a la normatividad aplicable”, indicó.