La medida de inmovilización social que rigió en Lima y Callao el 5 de abril a disposición del gobierno de Pedro Castillo fue inconstitucional, consideraron especialista consultados por el diario El Comercio.
Al menos cuatros constitucionalistas consideraron que la medida afectó principios como el de razonabilidad, proporcionalidad y de la no arbitrariedad. Si bien indicaron que un presidente puede declarar el estado de emergencia, señalaron que es necesario que la medida esté bien justificada y sea lo menos gravosa posible.
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La medida también fue rechazada por organismos como la Defensoría del Pueblo, quien también la consideró inconstitucional por motivos similares. Por ello, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un habeas corpus en su contra.
Por otro lado, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Civil Transparencia también rechazaron la disposición del Ejecutivo. Lo mismo hicieron gremios empresariales como la Confiep.
Declaraciones del Ministro de Justicia sobre el paro
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