El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, se refirió a la situación del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y estimó que tendría “mucha protección”, quizás de algunos elementos de la Policía Nacional (PNP), pero también de otros agentes externos.
En declaraciones a “Punto final”, indicó que se viene investigando el tipo de protección que estaría recibiendo Cerrón Rojas, quien lleva más de 100 días prófugo de la justicia tras ser condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka.
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“En su momento se sabrá qué o quién está protegiendo a este señor. No son organizaciones que no sean complejas, creo que podría haber organizaciones de otro tipo”, expresó.
“Percibo que tiene mucha protección, de la Policía quizás, pero también de otros agentes que podrían estar interviniendo ilegalmente en el Perú. Eso lo estamos investigando”, agregó.
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En ese sentido, Otárola Peñaranda recordó que se dieron instrucciones “precisas y claras” a todos los aparatos de la PNP para poner a disposición de la justicia a quienes son requeridos.
“Esperamos los resultados esta semana y de manera acelerada porque la verdad esta y otras personas están fugadas y tienen que ser puestas a disposición de la justicia lo más pronto posible. Creo que acá algo está pasando, pero confiemos en la Policía”, sentenció.
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Como se recuerda, Vladimir Cerrón cumplió 100 días en en la clandestinidad y hasta el momento no hay resultados concretos sobre su paradero y nadie se ha hecho responsable por la condición del principal prófugo en el gobierno de Dina Boluarte.
Días atrás la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Cerrón Rojas y confirmó la resolución de primera instancia que revocó comparecencia con restricciones por prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta.
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No obstante, el tribunal reformó el plazo de la prisión preventiva de 36 a 24 meses. El exgobernador regional de Junín es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.
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