El proceso para las Elecciones 2021 se encuentra en camino y el Perú tiene en la crisis del coronavirus (Covid-19) un gran desafío no solo en lo que resta del actual período gubernamental, sino también para el siguiente. En ese contexto, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, considera que el país necesita la máxima tranquilidad para garantizar que el 28 de julio próximo se dé una transición ordenada de poder, lo que también implica —resalta— que los actores políticos y las instituciones cumplan adecuadamente su rol. Sostiene, sin embargo, que ese ejercicio debe ser desarrollado con responsabilidad.
— En medio del proceso electoral en el que estamos, ¿Generan alguna inestabilidad las implicancias del presidente Martín Vizcarra en investigaciones fiscales por presunta corrupción?
Todo tipo de denuncia con indicios que lleguen hasta el presidente de la República siempre implica impacto sobre el gobierno nacional. Por esa misma razón, la Constitución incluye un conjunto de disposiciones para evitar que situaciones de ese tipo pongan en riesgo la gobernabilidad del país. Hay elementos que ameritan una investigación a profundidad por parte del Ministerio Público y eso tendrá que continuar y establecerse la responsabilidad que corresponda. Pero al mismo tiempo, más allá de los impactos políticos que pueda haber sobre el gobierno, tienen que darse las garantías para que el presidente pueda culminar su mandato en julio del próximo año.
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— ¿Tenemos instituciones sólidas para asegurar que el proceso electoral al 2021 no corra riesgos?
El presidente tiene dos grandes roles en las elecciones. Uno es convocarlas, cosa que ya ocurrió. Lo segundo tiene que ver con la neutralidad que debe cumplir a lo largo del proceso. Las autoridades electorales durante veinte años han conducido las elecciones con limpieza, volverán a cumplir ese rol en estas elecciones. No hay ninguna señal que nos indique en estos momentos algo diferente.
— ¿La fragilidad presidencial no es un riesgo?
Un riesgo para el Gobierno. Un presidente débil siempre ha sido un problema para el país. Pero no es la primera vez que pasa. En el 2006, llegábamos a elecciones con un presidente, Alejandro Toledo, muy débil, con niveles de aprobación bajísimos. ¿Eso pone en cuestión la buena marcha de las elecciones? No. Las elecciones del 2006 se llevaron a cabo sin problema. La otra cuestión es la idea de que los presidentes tienen la capacidad de influir en los resultados usando su poder, pero la experiencia peruana revela lo contrario, la poca capacidad de los presidentes para influir en algún resultado respecto a su sucesor.
— Además hemos tenido presidentes que han terminado su gestión y sus partidos no tuvieron luego mayor representación…
El poder de los presidentes es tan débil en el Perú para este tipo de rol que, en ocasiones, sus partidos ni si quiera han podido presentar candidato a la presidencia. Lo que sorprende es la debilidad. En otros países, los partidos en el gobierno tienen una capacidad real de usar recursos para influir en los resultados. No hablo de fraude, sino de partidos en el poder que movilizan recursos importantes que hacen que sus campañas y candidatos tengan muchas posibilidades. En el Perú es exactamente al revés, los presidentes tienen una muy débil capacidad de poder influir y dar posibilidades de éxito a los partidos que representan.
— ¿El accionar del Congreso con normas aprobadas y catalogadas de populistas no afectan la gobernabilidad e institucionalidad?
La demagogia en todo el mundo nos trae problemas y genera debilitamiento del Estado y la sociedad. No es un mal de ahora, sino histórico. Los sistemas políticos tienen que estar mejor armados para evitar que propuestas demagógicas terminen siendo aprobadas. Requerimos una mirada a profundidad de cuáles son las reglas, pero también los actores que nos han llevado a esta situación. Es de ambos. Necesitamos dos cosas para que esto no vuelva a pasar: partidos sólidos que tengan una mirada de largo plazo y reglas que contribuyan a que ninguna ley pueda darse sin ningún proceso de discusión ni análisis técnico.
— Hemos tenido proyectos sin sustentación técnica. Incluso hay una iniciativa para que toda norma tenga análisis de costo-beneficio...
Pero en el pasado, con las mismas reglas, hubo más cuidado en el análisis de las normas. Por eso hay que tomar en cuenta los dos elementos: mejores actores, que quiere decir partidos más sólidos, y mejores reglas que obliguen a un estudio, análisis y reflexión previa antes de tomar una decisión que puede generar impactos de largo plazo para el país.
— ¿Y cuál ha sido la excepción para que ello ocurra en este Congreso?
Ha sido una coyuntura particularmente difícil. Se han sumado varios elementos que han generado incentivos para decisiones de corto plazo. Por ejemplo, hay un consenso de hace mucho tiempo sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones tanto público, como privado. Pero lamentablemente no hubo una voluntad política de hacerlo de manera ordenada en su momento. Hacer ese tipo de cosas durante una emergencia, no es lo más aconsejable, porque se terminan priorizando cosas de corto plazo que son importantes, pero hacen más difícil pensar en los efectos de largo plazo.
No hay que esperar una emergencia para hacer reformas. Hemos visto más un comportamiento reactivo del Gobierno, en lugar de llevar el liderazgo en algunas áreas hubo una reacción tras la presentación de propuestas en el Parlamento. También hay personas con intereses de corto plazo vinculados a intereses particulares.
— José Vega, vocero de UPP, promueve una segunda moción de vacancia contra el presidente Vizcarra. ¿Es pertinente en pleno proceso electoral?
La Constitución ha establecido que el presidente solamente puede ser acusado por un conjunto muy preciso de materias. Lo que ha querido la Constitución es darle una garantía de estabilidad al Gobierno. Si a eso agregamos el corto plazo que queda al Gobierno, que estemos en elecciones convocadas y partidos iniciando procesos de elecciones internas, no resulta claramente lo más conveniente.
— Faltan nueve meses para el cambio de mando, ¿Cuál es el reto para los actores políticos y las instituciones luego de lo acontecido en lo que va del quinquenio?
Hemos tenido un período larguísimo de consenso nacional sobre la importancia de tener una economía ordenada y una macroeconomía sana para que el país sea viable. Ese consenso puede estar en riesgo si es que no se hace un conjunto de reformas orientadas a aumentar sustantivamente la productividad del país y las condiciones que hacen sostenible la vida de mucha gente. Esta emergencia ha demostrado que gran parte de los peruanos vive en condiciones muy precarias desde el punto de vista socioeconómico. Ahí hay un gran desafío. Un desafío tremendo de los partidos es tratar de tener una campaña sin romper los puentes para tener un mínimo consenso que permita al próximo gobierno gobernar el país y empujar las reformas mínimas que se requieren.
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— ¿Pero cómo asegurar la gobernabilidad rumbo a las elecciones y el cambio de mando con un presidente debilitado de alguna forma, un Congreso con partidos que están en campaña y una crisis sanitaria, económica y social?
Primero, apoyando al sistema electoral. Necesitamos que se apuntale el trabajo de las instituciones responsables de las elecciones. Conforme vayamos entrando en la campaña, los partidos plantearán un conjunto de programas y propuestas y buscarán que sean coherentes con las bancadas que tienen en el Congreso. Algunos tendrán que moderar su comportamiento. La campaña en sí misma será a partir de diciembre el centro del actuar político, mientras tanto el Gobierno tendrá que aprovechar esos meses para terminar de ordenar los temas de la emergencia sanitaria. Una eventual segunda ola demandará un actuar célere y eficaz.
— Venimos de un escenario político de caos con la primera moción de vacancia y lo que pasó con el Gabinete de Pedro Cateriano, y estamos en un contexto de crisis sanitaria y período electoral. ¿Hoy más que nunca no es importante mantener la estabilidad institucional y la gobernabilidad hasta el cambio de mando?
Necesitamos la máxima tranquilidad en el país para llevar elecciones de manera limpia, competitiva y justa. Para eso necesitamos la mayor calma posible por parte de los actores políticos. Eso no quiere decir que las investigaciones que tengan que hacerse no deban seguir. Las autoridades que hubieran sido encontradas por alguna acción ilegal deberán rendir cuentas. Pero la urgencia del país en estos momentos es garantizar que el 28 de julio haya una transición ordenada de poder, que recibamos un gobierno legítimo producto de unas elecciones sin cuestionamientos y de esa manera transferir el poder de una manera ordenada que permitan, a su vez, enfrentar los desafíos de la postemergencia.
— La actual crisis sanitaria por el Covid-19, ¿no es razón suficiente para que las instituciones y actores remen hacia un mismo lado, de todos modos, sin dejar de lado sus propias atribuciones?
Todos tienen que cumplir con su rol, inclusive el Congreso tiene facultades de investigación. Pero todos tienen que ejercerlo de manera responsable. A todos los actores políticos se les da poder y atribuciones, pero el ejercicio de estas tiene que ser con responsabilidad. Y ello implica garantizar el bien mayor. Y el bien mayor en estos momentos es lograr que el país pueda transferir el poder gubernamental en orden.
Las tareas que vienen son de tal importancia que ningún gobierno va a poder gobernar solo. Quien llegue va a tener que construir alianzas. Un clima enrarecido, de polarización y enfrentamiento político no es el camino. Desde luego tiene que haber competencia como ocurre en todo sistema democrático, pero sin generar un quebrantamiento de las condiciones de gobernabilidad mínima. Eso tenemos que evitar a toda costa.
— La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha estimado que podría haber una segunda ola del coronavirus en el Perú entre fines de este mes y enero, ¿ello implica un riesgo en el desarrollo de las elecciones?
Si no se toman las medidas de seguridad, sin duda. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad de establecer protocolos y reglas que den la máxima garantía de seguridad a los ciudadanos. En las elecciones internas solo participarán los afiliados, eso ayuda. Se calcula que entre un millón y un millón y medio de peruanos está afiliado a los partidos. Y seguramente una fracción de ese número participará. Eso reduce la presión sobre el sistema. En abril es otra dimensión del desafío. Hay tiempo para prepararlo. Habrá que impulsar un esfuerzo de comunicación que transmita confianza a la gente de que se puede ir a votar de forma segura.
— El Pacto Perú, llamado del presidente Vizcarra, sigue su curso, recogiendo aportes y llevando a cabo reuniones con partidos, incluso, sin representación actual en el Congreso, ¿Qué espera de esa iniciativa?
Todo lo que sea consenso suma. Transparencia colabora con otro esfuerzo en el marco del Proyecto Bicentenario, también orientado a generar diálogo y acercamientos. Más allá de la natural competencia entre partidos que viene, cuanto más logremos establecer consensos mínimos en temas cruciales de atender en los próximos años, mejor. La emergencia sanitaria es un tema sin duda, detrás de ella está la reforma de la salud. Detrás de la oportunidad de entregar bonos con eficacia a las familias del país está la reforma de las políticas de inclusión social. Detrás del drama de las clases a distancia está un sistema educativo con una enorme brecha. Hay reformas de fondo que necesitan ser atendidas, eso se puede conseguir con consensos, no con enfrentamientos. Se requiere que los partidos lleguen a ciertos consensos y cuanto más sean estos, mejor.
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(Video: Canal del Congreso)