La Academia de la Magistratura (AMAG) expresó este viernes 14 de junio su desacuerdo con la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura y del Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia para fusionarlas con la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
A través de un comunicado, indicó que el rechazo se debe a que la creación de estos nuevos organismos, aprobados por la Comisión de Constitución del Congreso, implicarían la desaparición de dicha entidad.
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La AMAG afirmó que desempeña funciones de capacitación, perfeccionamiento y actualización de magistrados, y que su desaparición no sería recomendable. En cambio, propone que se le fortalezca con un presupuesto autónomo para mejorar sus responsabilidades constitucionales.
En su pronunciamiento, enfatizó que la creación de la nueva Escuela Nacional de la Magistratura sería contraria al principio fundamental de la separación de poderes.
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Según el comunicado, la propuesta busca “desacertadamente” centralizar funciones y competencias distintas en una sola entidad. Por un lado, la responsabilidad de selección y nombramiento, y por el otro, la capacitación y formación requieren especialidades diferentes.
El vicepresidente del Consejo Directivo de la AMAG, Jorge Luis Conde Reyes, expresó su confianza en que los parlamentarios devolverán la propuesta a la comisión para un análisis más profundo, un debate detallado y una reflexión adecuada.
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“No es viable fusionar la Junta Nacional de Justicia con la Academia de la Magistratura puesto que ambas instituciones tienen responsabilidades distintas y por ende crear una institución que las agrupe para que realicen labores completamente ajenas constituiría un retroceso en la tarea de la administración de justicia en nuestro país”, sentenció.
Como se recuerda, por mayoría la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen de reforma constitucional que desaparece a la Junta Nacional de Justicia y crea, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura.
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Además, se atribuye al nuevo Senado la potestad de elegir a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
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