El Poder Judicial rechazó este sábado por la madrugad el pedido de 36 meses de prisión preventiva que hizo la fiscalía contra cuatro investigados por el caso de los ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP) en el gobierno de Pedro Castillo. En su lugar, se les impuso comparecencia con restricciones, con lo que serán investigados en libertad, pero con reglas de conducta.
Los investigados para los que se había pedido prisión preventiva son el general (r) Javier Gallardo, excomandante general de la Policía; el general PNP Luis Legua; el suboficial Jorge Tarrillo, exescolta de Pedro Castillo, y el mayor (r) Luis Tuesta. Todos ellos estaban bajo detención preliminar desde fines de diciembre y serán liberados tras esta decisión.
La decisión fue anunciada este sábado por la madrugada por el juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), quien leyó su resolución en audiencia por más de siete horas. El requerimiento fue hecho por el equipo especial contra la corrupción en el poder de la fiscalía a inicios de mes.
En dicha resolución, el juez detalló que a los cuatros investigados se les investiga por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho (soborno). La tesis fiscal es que serían parte del ‘brazo policial’ de la presunta organización criminal que lideró Pedro Castillo al interior de su gobierno.
Dentro de esa supuesta red ligada al ‘brazo policial’, se indagan presuntos pagos hechos por coroneles de la Policía para ascender a generales, esto durante la gestión de Gallardo como comandante general de la PNP.
En el caso de Gallardo, la fiscalía le atribuye un rol como coordinador del ‘brazo policial’ y haber recibido al menos tres pagos de 40 mil dólares por el ascenso de tres coroneles a través de intermediarios.
En tanto, Legua es señalado como uno de los generales que pagó por su ascenso; mientras que Tuesta y Tarrillo son señalados como captadores. Al primero también se le atribuye haber cobrado los pagos.
Sin riesgo procesal
Luego de analizar las evidencias presentadas por la fiscalía, que incluyeron declaraciones de colabroadores eficaces, chats, registros de visitas y otros elementos, el juez concluyó que se podía determinar una sospecha fuerte de parte tres investigados (Gallardo, Tuesta y Tarrillo) y solo respecto a un delito: organización criminal.
Respecto al cohecho, consideró que no se había presentado el nivel de evidencia requerido para dictar una medida como la prisión preventiva. Más bien, cuestionó la tesis fiscal relacionada a ese delito, advirtiendo que tenía defectos y que podía mejorarse en el transcurso de la investigación preparatoria.
Luego, el magistrado evaluó la existencia del peligro procesal, que consiste en peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. En ese aspecto, el juez concluyó que la fiscalía no presentó elementos que acrediten suficiente riesgo para una prisión preventiva de parte de ninguno de los investigados. Más bien, determinó que sí tenían arraigos domiciliarios y familiares.
En esa línea, el juez decidió que no era proporcional ni necesario dictar prisión preventiva contra los cuatros investigados, sino que correspondía la comparencia restringida. Las reglas incluyen el impedimento de salida del país –salvo permiso del juez-, pasar un control biométrico cada mes, informar al juzgado cada 15 días sobre sus actividades, prohibición de comunicarse con sus coinvestigados y el pago cauciones entre 4 mil y 10 mil soles.
INFORMACIÓN PREVIA
El Poder Judicial reprogramó para este viernes, desde las 5:30 pm, la audiencia en la que dará a conocer su decisión frente al pedido de 36 meses de prisión preventiva por el caso de los ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el gobierno de Pedro Castillo.
La resolución será anunciada por el juez Leodán Cristóbal Ayala, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. La audiencia se iba a realizar este jueves por la tarde, pero se aplazó debido a las anunciadas manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
El pedido formulado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público es contra cuatro investigados por este caso: el general (r) PNP Javier Gallardo, ex comandante general de la institución; el general PNP Luis Legua; el suboficial Jorge Tarrillo, exescolta de Castillo, y el mayor (r) Luis Tuesta. Se les imputa los delitos de organización criminal y cohecho (soborno).
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Los cuatro investigados fueron detenidos preliminarmente a fines de diciembre y permanecerán en esa condición al menos hasta mañana, cuando se conozca la resolución. Si se les dicta prisión, deberán ser internados en un penal; de lo contrario, serán liberados.
Múltiples audiencias
El pedido fiscal comenzó a ser analizado en audiencia pública la tarde del martes 10 de enero. El debate continuó el miércoles 11 y el viernes 13, y culminó el lunes 16. En las audiencias, la fiscalía señaló que se investigan presuntos pagos de hasta 40 mil dólares para que coroneles asciendan a generales, ligados a una red supuestamente coordinada por Gallardo, con Castillo como presunto cabecilla. También se alegó que hay riesgo de que los investigados obstruyan las indagaciones.
Las defensas y los propios investigados, a quienes se les dio la palabra en la audiencia del lunes, rechazaron la tesis de la fiscalía. Ante el juez, Gallardo dijo que era inocente y afirmó que sus reuniones con Castillo estuvieron ligadas a su rol como comandante general de la PNP y negó vínculos con las presuntas irregularidades en los ascensos durante su gestión.
Más datos
El caso de los ascensos también implica, a nivel de la Fiscalía de la Nación, al vacado expresidente Pedro Castillo y al exministro de Defensa Walter Ayala.
Otros cuatro investigados que fueron detenidos preliminarmente por este caso fueron liberados tras apelar esa orden.
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