En el 2017, el exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata reveló a la fiscalía anticorrupción que existió un grupo de empresas en el Perú, de al menos 18 constructoras, que se coludió y sobornó a funcionarios de Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de obtener la buena pro de megaproyectos. Cuatro años después, cinco empresas de esta investigación siguen logrando la adjudicación de contratos con el Estado.
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó los contratos publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y encontró que, pese a tener investigaciones abiertas, cinco firmas involucradas han ganado licitaciones con el sector público por un monto total de S/759′687.426.
Las empresas que lograron adjudicarse estos contratos son Constructora Málaga Hnos. S.A., Obras de Ingeniería S.A.C. (Obrainsa), Cosapi, Mota-Engil Perú S.A. y Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. Según confirmó el Ministerio Público a este Diario, las cuatro primeras son investigadas como personas jurídicas y la quinta como tercero civil responsable, incorporadas al proceso por el Caso ‘Club de la Construcción’, en pesquisas que arrastran desde el 2018. Pese a ello, firmaron contratos con el Estado, entre diciembre del 2018 y diciembre del 2020.
La supervisora Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. es la que más contratos registra. Esa firma fue constituida en junio de 1994 por los ingenieros Alfredo Acruta Sánchez y Elías Tapia Julca.
En agosto del 2020, el fiscal Germán Juárez abrió investigación preliminar a este último por presuntos sobornos, como parte del Consorcio Supervisor Tarapoto, en la construcción de siete hospitales valorizados en más de S/398 millones y otros hechos ocurridos durante la gestión como gobernador de San Martín de César Villanueva. La empresa también está incluida en las pesquisas de pago de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde-tramo Callao.
Este Diario intentó contactarse con las cinco empresas mencionadas desde el 3 de julio, a través de correos y llamadas, pero solo dos de ellas respondieron. Desde Cosapi, mencionaron que, “en respeto de la reserva del debido proceso en curso, la empresa no puede hacer declaraciones acerca de temas en materia de investigación”. Mientras que desde Mota-Engil Perú S.A. aseguraron que responderían las preguntas, pero hasta el cierre de esta edición no enviaron sus respuestas.
—Se justifican—
Según el análisis realizado, de los 35 contratos adjudicados a estas empresas, 17 fueron dados por el MTC, 15 de los cuales eran de Provías, la misma unidad ejecutora donde estas constructoras y supervisoras habrían sobornado a funcionarios para obtener los megaproyectos.
A través de un cuestionario, el MTC aclaró que, durante la gestión del actual ministro Eduardo González que se inició en noviembre del 2020, no se ha contratado a ninguna empresa vinculada al ‘club de la construcción’ y que los procesos provienen de períodos pasados.
En el caso de los contratos realizados por Provías Nacional y Provías Descentralizado, unidades ejecutoras de este ministerio, que sí están formadas durante la gestión actual, la entidad mencionó que estos se han realizado según convocatorias y procesos conforme a la normatividad vigente. En ese sentido, recalcaron que una empresa investigada no está impedida de contratar con el Estado. “No existe opción en la normativa de contrataciones del Estado o disposiciones legales para poder descalificar, impedir participar o dejar de contratar a empresas investigadas. Hacerlo sería una transgresión a la normativa de contrataciones y podríamos recibir denuncias de las empresas”, señalaron desde el MTC.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios firmó tres contratos con Acruta & Tapia Constructores para supervisar obras y servicios entre noviembre del 2020 y febrero del 2021. La entidad indicó que toda empresa habilitada para contratar con el Estado no está impedida de participar en este tipo de procedimientos. “De acuerdo a ley, las entidades ejecutoras no están en capacidad de restringir la participación de estas empresas, a menos que estén inhabilitadas por la OSCE”, respondieron.
Entre el 2004 y el 2020, la referida empresa recibió cinco sanciones y 25 penalidades del Tribunal de Contrataciones del Estado. Sin embargo, se suspendieron sus inhabilitaciones temporales para participar en licitaciones, debido a medidas cautelares obtenidas a su favor.
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