La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, a cargo de Silvana Carrión, informó que el Poder Judicial ha declarado fundada sus solicitudes para que se incluyan a 16 empresas como terceros civilmente responsables en los procesos penales vinculados al empresario Gonzalo Monteverde y a la exalcaldesa Susana Villarán.
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En una nota de prensa difundida este miércoles por la Procuraduría General del Estado, se indica que con esta inclusión las empresas asumirían, de manera solidaria junto a los investigados, el pago de las reparaciones civiles que se viene solicitando por los daños causados al Estado en dichos casos penales en caso se les encuentre culpables.
En el caso de la investigación al empresario Gonzalo Monteverde, a quien se le investiga por el presunta uso de sus empresas para el pago de sobornos con dinero proveniente de Odebrecht, la Procuraduría ad hoc ha logrado que 13 compañías pertenecientes al investigado sean incluidas como terceros civilmente responsables.
Las empresas son Construmaq S.A.; Constructora Dimaco S.A.C; División Maquinarias Antares S.A.C.; Constructora Arcamo S.A.C.; Inversiones Turísticas Miraflores S.A.C.; Isagon S.A.C.; Casa De Cambios La Moneda S.A.C.; Cementerios Centrales S.A.C.; Inversiones El Santuario S.A.C.; Dominatrix Limited; Bere S.A. Contratistas Generales; Eternum S.A.C. y Allamanda Ventures Limited. En este caso, se ha solicitado de manera preliminar cerca de US$50 millones como reparación civil.
En el caso de la campaña de reelección y del “No” a la revocatoria de Susana Villarán, quien es investigada por la presunta recepción de dinero por parte de las empresas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas a cambio de favorecerlas con las concesiones de los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima, la procuraduría ha logrado que tres empresas sean incluidas en la investigación como terceros civilmente responsables.
En esta investigación las empresas incluidas son Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Matriz Brasil); Constructora Norberto Odebrecht S.A. - Sucursal Perú y la concesionaria Rutas de Lima S.A.C. Para este caso, la procuraduría pide el pago de US$20 millones como reparación civil.
Cabe destacar que ambas investigaciones se encuentran en etapa preparatoria y en caso de que el Poder Judicial encuentre como responsables a las personas naturales y empresas investigadas en estos procesos, todos los incluidos en el proceso deberán pagar la reparación civil a favor del Estado de forma solidaria.
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