El empresario Zamir Villaverde fue detenido el lunes por la mañana como parte de un operativo dirigido por el despacho de la fiscal Karla Zecenarro por el Caso Puente Tarata y las presuntas irregularidades en Provías del Ministerio de Transportes (MTC). Además, agentes de la Policía buscan a Bruno Pacheco, ex secretario de Palacio de Gobierno, y a dos sobrinos del presidente Pedro Castillo.
Según fuentes de El Comercio, la orden de detención preliminar por diez días fue dictada por el juez Hugo Chuyo contra once personas: Bruno Pacheco Castillo, Víctor Valdivia Malpartida, Edgar Vargas Mas, Alcides Villafuerte Vizcarra, Héctor Pasapera López, George Pasapera Adrianzén, Víctor San Miguel Velásquez, Luis Pasapera Adrianzén, Zamir Villaberde, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
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Según pudo conocer este Diario, hasta el momento han sido detenidas tres de las personas requeridas: Zamir Villaverde, Víctor Valdivia Malpartida y George Pasapera, de la empresa Termirex. La detención del primero fue confirmada por su defensor legal, Marco Riveros, a periodistas en los exteriores de la vivienda de su cliente en La Molina.
El abogado criticó la orden judicial, formulada por el Ministerio Público, porque según él su defendido solo es testigo del caso. “No está permitida una detención preliminar para un testigo. El segundo error es que trata de involucrar, la señora Karelim [López], por un tema colusorio. Pero no está tomando en cuenta que mi patrocinado no es funcionario”, manifestó.
Alrededor del mediodía, personal de la fiscalía se retiró de la vivienda de la vivienda vinculada a Gian Marco Castillo Gómez, en San Juan de Lurigancho. Allí, su hermana no respondió al ser cuestionada por reporteros sobre la ubicación del sobrino del presidentes. “Solamente que tiene que ir por el camino que Dios le ha puesto”, manifestó al ser cuestionada sobre qué le diría a su hermano.
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Según explican abogados penalistas, las solicitudes de detención preliminar suelen ocurrir cuando una investigación preliminar esta próxima a formalizarse, lo que significa el inicio del proceso penal. Con la investigación ya formalizada, el Ministerio Público puede pedir una prisión preventiva contra los investigados, en casi lo considere necesario.
Se espera que los detenidos pasen por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Pública y que cumplan la orden judicial en una sede policial a custodia de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía. Fuentes del caso indican que esto se daría en la sede conocida como la Prefectura, en el Cercado de Lima. Las defensas puede apelar la orden judicial.
Tarata y otros casos
En diciembre, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro inició una investigación preliminar a Bruno Pacheco y Karelim López por el presunto delito de tráfico de influencias, al supuesto haber ejercido presión sobre los miembros del comité de licitación de una obra pública convocada por Provías Nacional en la región San Martín.
El caso surgió a partir de un informe de El Comercio donde se dio a conocer que, tras visitas de Karelim López a Palacio de Gobierno, el Consorcio Puente Tarata III (integrado por Termirex S.A., empresa con la que tenía vínculos) ganó un contrato por S/232,5 millones en dicha región.
La buena pro para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga se dio en octubre último. Previamente, López Arredondo había presentado tres veces ante el despacho de Pedro Castillo y otras veces ante Bruno Pacheco, según los registros oficiales.
Bruno Pacheco, Karelim López, Fray Vásquez y Zamir Villaverde son investigados por otro subsistema del Ministerio Público, el de Lavado de Activos. Allí los indaga la fiscal Luz Taquire, quien inició un proceso de colaboración eficaz con López. Durante este, la empresaria afirmó que el presidente Pedro Castillo, sus sobrinos y Villaverde integrarían una mafia al inteiror del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Por otro lado, la fiscal Luz Taquire citó hasta en dos ocasiones a Bruno Pacheco para que declare ante su despacho como investigado. Sin embargo, el exsecretario general de Palacio de Gobierno se ausentó en ambas ocasiones.
Audiencia pendiente
La semana pasada se conoció que la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro había solicitado el impedimento de salida del país para los sobrinos del presidente Pedro Castillo. Una medida similar ya pesaba desde diciembre del año pasado sobre Bruno Pacheco y Karelim López.
La medida fue solicita contra Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y otros. El pedido alcanzaba también al empresario George Pasapera, gerente de la empresa Termirex, y a otros integrantes de dicha constructora. La representante del Ministerio Público solicitaba que se les aplique entre 4 y 5 meses de impedimento de salida del país.
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