Congresista José Balcázar “vendió su labor congresal”, según pesquisa fiscal

Una serie de nuevos elementos complican aún más la situación legal de Patricia Benavides, la suspendida fiscal de la Nación que hoy es investigada por siete delitos graves como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. También la de los congresistas —de distintas tendencias ideológicas— y otros funcionarios, entre fiscales y asesores, que se habrían sumado a la trama de corrupción y canje de votos que habría encabezado.

El Comercio accedió a la disposición emitida el pasado 8 de enero por la fiscal suprema Delia Espinoza, en donde se narra los ocho hechos por los que se decidió iniciar una pesquisa preliminar en contra de Benavides, así como los respectivos componentes que sostienen cada una de estas líneas de investigación y que fueron recogidas por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP).

Estos son: la presunta red criminal ensimisma que habría encabezado Patricia Benavides; la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana jueza; las acciones ilícitas que habría coordinado con el congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario); así como las acciones promovidas para la elección del defensor del Pueblo.

También las actuaciones en el Congreso para lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; las maniobras para la que se remueva a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia; además de la presunta injerencia para que se suspenda al fiscal superior Rafael Vela; y finalmente los actos de encubrimiento ante Valkiria V, el operativo con el que se destapó la presunta red criminal.

Una de las líneas de investigación más avanzadas es la que involucra al exjuez y actual legislador José María Balcázar Zelada (Perú Bicentenario). Según la disposición fiscal, Benavides habría encargado a sus dos asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao que busquen a un congresista “de izquierda” que integre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “a fin de captarlo” para bloquear la admisión de denuncias que se habían presentado en su contra en el Congreso. Para la fiscalía, Balcázar “vendió su labor congresal”.

Es así como se habrían logrado reunir con Balcázar, quien “en contraprestación” habría solicitado a los emisarios de Benavides que se le ayude a ratificar un pedido de sobreseimiento en una investigación fiscal que estaba en trámite en su contra en Lambayeque, en la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, a cargo de la fiscal superior Carmen Miranda Vidaurre.

“Jaime Villanueva habría puesto en conocimiento a Patricia Benavides, en ese entonces fiscal de la Nación, lo solicitado por José María Balcázar, lo que fue aceptado por ella bajo la promesa de contraprestaciones reciprocas”, se lee en la disposición fiscal.

Así, Benavides habría ordenado a Villanueva a contactar a la fiscal Miranda para que se interceda a favor de Balcázar. Sin embargo, “frente a esta solicitud, la citada fiscal superior habría indicado que el caso en cuestión sería resuelto con arreglo a ley”.

Por su parte, Balcázar votó en contra de una de las denuncias, mientras que en la segunda se abstuvo. Ambas votaciones ocurrieron en noviembre de 2022, a lo que Villanueva le indicó a Benavides que el congresista “ya había cumplido con su parte”, de acuerdo con el documento fiscal.

Según las indagaciones , ante la negativa de la fiscal Miranda, la entonces fiscal de la Nación habría dispuesto que el fiscal adjunto supremo Elmer Constantino Ríos Luque viaje a Chiclayo para hablar personalmente con Miranda, lo que habría ocurrido el 18 de noviembre.

Pero la fiscal superior igualmente no accedió a las pretensiones de la presunta organización, lo que habría sido informado a Benavides.

La fiscal Miranda no solo ha brindado su testimonio ante el Ministerio Público, sino que también entregó su celular para que se extraiga el mensaje que le envió vía WhatsApp Jaime Villanueva el 14 de noviembre de 2022 buscando contactarla, así como las tres llamadas perdidas del 17 de noviembre del mismo año.

“En este caso, se debe tener en cuenta en principio que el señor parlamentario vendió su labor congresal, concretada en los votos que debía emitir tanto en la comisión que integraba y tenía que resolver las denuncias constitucionales, como en el pleno del Congreso de la República, donde se resolvían asuntos como la inhabilitación de la señora fiscal suprema Zoraida Ávalos y la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entre otros”, se indica en el documento.

El Comercio intentó comunicarse con Balcázar; sin embargo, no respondió la comunicación.

La fiscalía también sostiene que, a fines de julio de 2022, Benavides “habría concertado” con sus asesores Villanueva y Girao para ponerle fin a la designación de Bersabeth Revilla Corrales como fiscal suprema provisional en el despacho que tenía a cargo la investigación en contra de su hermana, la jueza superior Enma Benavides, buscando el sobreseimiento del caso.

Según las indagaciones, Girao habría propuesto a Benavides que se elabore un informe de productividad falaz para argumentar un supuesto déficit en la producción del despacho fiscal. A lo que la entonces fiscal de la Nación habría dispuesto la coordinación con Abel Cartolin Príncipe, gerente de control de productividad fiscal del Ministerio Público, para materializar ello.

Uno de los nuevos elementos en esta línea de investigación, tal como lo había adelantado El Comercio, es la declaración del abogado Eduardo Roy Gates respecto a una reunión en la que participó Benavides, quien le indicó que saliera a los medios de comunicación a comentar sobre la destitución de Revilla y el propio caso de su hermana. En ese encuentro se le entregó “una ayuda memoria”.

Aunque en distintas líneas de investigación que corren en el mismo expediente, la fiscalía refiere que Benavides se habría interesado en influir dentro del Parlamento en la elección del nuevo defensor del Pueblo, así como también en la suspensión de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y en la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los votos de los congresistas eran clave.

Respeto al primer caso, la pesquisa fiscal señala que Benavides habría encargado a su asesor Villanueva que contacte a varios congresistas para que orienten su voto en el proceso de elección en el candidato “que respaldaría la fiscal de la Nación”. El 17 de mayo de 2023 se eligió a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo con más de 80 votos.

Además, sobre la suspensión de Zoraida Ávalos, se indica que teniendo ya un acercamiento previo en lo que había sido la elección del defensor, Benavides y su personal de confianza iniciaron conversaciones con un grupo de legisladores para que votaran a favor de la suspensión con “el ofrecimiento de archivar sus denuncias”.

En este acercamiento político se involucra al prófugo Vladimir Cerrón, en su calidad de presidente del partido Perú Libre, quien —refiere la fiscalía— “ante la petición de la ahora investigada, trasladada por medio de su asesor, condicionó el influir sobre sus correligionarios y miembros del Parlamento a cambio de que lo ayuden en el proceso que se le venía siguiendo en la región Junín por hechos de corrupción”. Se indica que se habría buscado una prescripción del caso.

Otro elemento nuevo que se consigna en la disposición fiscal es respecto al interés en la remoción de los integrantes de la JNJ que había de parte de Benavides y su círculo.

Se sostiene que, luego de que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concediera una medida cautelar a favor de la junta y que paralizó el proceso que se seguía en su contra en el Congreso, Benavides y sus asesores “proveyeron” a la congresista Chirinos “la denuncia por el delito de prevaricato en contra de los magistrados que dictaron la medida, la cual fue atendida aperturándoles investigación preliminar a los mismos”.

Chirinos, tras conocerse la información, ha negado haber cometido delito.

Por los hechos expuestos, la fiscalía suprema ha dispuesto tomar la declaración de cinco parlamentarios, en donde incluso está considerado el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), quien —de acuerdo con el documento fiscal— deberá responder por Moción de Orden del Día 7565, con la que aprobó la investigación sumaria a los integrantes de la junta.