No irá a la cárcel. El expresidente Martín Vizcarra afrontará bajo comparecencia con restricciones la investigación en su contra por los presuntos sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua. La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, declaró infundado el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva.
Entre las restricciones, mencionó que se prohíbe ventilar al exmandatario información en medios de comunicación sobre la investigación fiscal y el proceso penal. Respecto a la caución, por la condición económica de Vizcarra, la fijó en 100 mil nuevos soles que deberá cancelar en el término de diez días hábiles.
El fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, le imputa los delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio. Martín Vizcarra es investigado por los presuntos sobornos -de S/2′300.000- de las constructoras Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) para la licitación del Hospital Regional de Moquegua (S/1′300.000) y del proyecto Lomas de Ilo (S/1′000.000), respectivamente, cuando fue gobernador de esa región (2011-2014).
Juárez anunció que apelará la decisión.
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Al leer su resolución, la magistrada consideró que el arraigo domiciliario y familiar sí se cumple, mientras que el arraigo laboral se sustenta en la actividad política de Vizcarra como candidato. ”Si bien a la fecha no es remunerada, basta decir que se pretende acceder a un cargo público”, exclamó. También señaló que el peligro de fuga -planteado por la fiscalía- no puede basarse en los viajes que el exmandatario realizó al extranjero.
Sobre la vinculación de Vizcarra a una presunta organización criminal, la jueza remarcó que no basta con indicar su existencia, sino deben explicarse sus componentes y la relación del investigado. Añadió que este concepto no puede justificar el peligro de fuga.
Álvarez enumeró los elementos de convicción como las llamadas de Vizcarra y los representantes de las empresas mencionadas y los correos electrónicos referidos a una avioneta alquilada por Obrainsa para una reunión con el entonces gobernador regional de Moquegua en el 2013.
Durante la audiencia del miércoles, Juárez había mostrado los registros de llamadas brindados por la empresa Telefónica entre el expresidente y Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa; Fernando Castillo y Rafael Granados, de ICCGSA; y el exministro de Agricultura José Hernández.
Las comunicaciones se dieron en fechas que coinciden con las reuniones entre Vizcarra y los empresarios, así como con los días en que se hicieron las presuntas entregas de dinero, como lo había informado hace unos días la Unidad de Investigación de El Comercio.
La jueza manifestó que toma su decisión teniendo en cuenta el peligro procesal, de fuga y obstaculización, así como la existencia de graves y fundados elementos de convicción (la probabilidad de la comisión del hecho delictivo y de la vinculación del proceso en el mismo).
Indicó que la prisión preventiva no es un adelanto de condena, sino una medida que se impone a una persona que se presume inocente hasta que no exista sentencia.
Señaló que es importante establecer además que la prisión preventiva es una medida excepcional y debe ser impuesta cuando no existe otro mecanismo para lograr los objetivos: sujetar el investigado al proceso y garantizar que este se realice dentro de los plazos. Otra característica -dijo- es la provisionalidad.
Martín Vizcarra: “Pedido de prisión es persecución política”
Al intervenir en la audiencia, Vizcarra remarcó que el pedido de prisión preventiva formaba parte de “una persecución política en mi contra, con el único objetivo de sacarme de la contienda electoral y desaparecerme políticamente”.
Sigue aquí la audiencia en vivo:
El miércoles, la magistrada escuchó los argumentos del fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, así como también de la defensa del exmandatario.
Así a lo largo de la jornada, se culminó con el debate del primer presupuesto para la prisión preventiva, referido a los elementos de convicción, y se dio paso a la sustentación de la prognosis de la pena. Para este jueves, se tiene previsto analizar el último requisito: el peligro procesal.
En la sesión del miércoles, Martín Vizcarra estuvo presente durante la transmisión de toda la audiencia, que se extendió por siete horas. Juárez presentó ante la jueza registros telefónicos, conversaciones de WhatsApp, así como también dio cuenta de testimonios de testigos y aspirantes a colaboradores eficaces que apuntan al exjefe de Estado.
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Revisa aquí la audiencia del miércoles:
Esta es la primera parte de la audiencia del miércoles, en la que el fiscal Germán Juárez comenzó a sustentar los argumentos a favor de su pedido de prisión preventiva:
NOTA PREVIA
Según reveló El Comercio, el fiscal Germán Juárez tiene nuevos elementos de convicción contra Vizcarra como los reportes de la empresa Telefónica que registran el tráfico de llamadas entre el exmandatario y los empresarios Elard Paul Tejeda de la empresa Obrainsa, José Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados Cueto de la constructora ICCGSA y del exministro José Manuel Hernández de la supervisora Asesores Técnicos y Asociados (ATA).
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Martín Vizcarra dijo que no hay argumentos válidos para pedir su prisión preventiva y se mostró confiado en que no prosperá. “Para una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la Fiscalía, los pasaportes los tiene la Fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso”, exclamó.
“Estoy seguro que el propio fiscal, que constantemente ha adelantado opinión, es el que más sabe que no hay argumentos. Los único que quiere es usar este pedido para afectar nuestra candidatura, para que sea titulares en medios de comunicación. Y esto, porque creemos en la justicia, no va a prosperar, pero quiere generar un deterioro en nuestra candidatura”, remarcó.
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