Llamadas de Vizcarra con Obrainsa e ICCGSA coinciden con los pagos de presuntos sobornos

La jueza María de Los Ángeles Álvarez Camacho evaluará este miércoles 17 de marzo el pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Martín Vizcarra. La medida solicitada por el fiscal Germán Juárez, integrante del equipo Especial Lava Jato, tiene como nuevos elementos de convicción los reportes de la empresa Telefónica que registran el tráfico de llamadas entre el exmandatario y los empresarios Elard Paul Tejeda de la empresa Obrainsa, José Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados Cueto de la constructora ICCGSA y del exministro José Manuel Hernández de la supervisora Asesores Técnicos y Asociados (ATA).

Esta nueva prueba, a la que tuvo acceso El Comercio, se suma a los testimonios y documentos que tiene la fiscalía -que fueron entregados por los colaboradores- y que comprometen a Vizcarra en la recepción de presuntos sobornos por un total de S/2′300.000 a cambio de la adjudicación del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto de irrigación Lomas de Ilo, durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

Los cuatro mencionados -Tejeda, Castillo Dibós, Granados y Hernández- decidieron levantar la reserva de su identidad como colaboradores eficaces de esta investigación que es parte del llamado caso ‘Club de la Construcción’.

Las comunicaciones

Según el acta fiscal, entre los días 5 y 6 de noviembre del 2013, se registraron comunicaciones entre el número 9535622023 perteneciente a Martín Vizcarra y el 99708606 de Elard Tejeda de Obrainsa.

Tejeda declaró al fiscal Germán Juárez que recibió una llamada del actual candidato al Congreso por Somos Perú, el 5 de noviembre en el que le indicó que lo visitaría en su oficina. Luego, según su versión, Vizcarra le entregó información “privilegiada” para que el consorcio conformado por las empresas Obrainsa y Astaldi se adjudique la obra Lomas de Ilo. El exmandatario les dijo que debían entregar una propuesta económica menor a S/81′000.000 a Unops, organismo encargado del proceso de licitación. El aspirante a colaborador eficaz N°10-2018 declaró a la fiscalía que “el porcentaje del 2% solicitado por Vizcarra al consorcio equivalía a S/1′016.212,76”

Un día después de estas llamadas, el 7 de noviembre del 2013, el consorcio presentó una nueva propuesta a Unops por S/80′981.137,34. El 25 noviembre de ese año, ganaron la buena pro y el 6 de diciembre, firmaron el contrato con el Gobierno regional de Moquegua (GRM)

Sobre el primer pago por S/400 mil que Obrainsa debía entregar al entonces gobernador, el exgerente Tejeda declaró al fiscal Juárez que gestionó un préstamo de Obrainsa al consorcio por S/400.000 para “cumplir con parte del pago indebido acordado”. El dinero fue retirado en el Banco Continental a través de un cheque girado a nombre del conserje de la compañía, el 27 de enero de 2014. Del filtro de llamadas realizado por la fiscalía, se verifica que Vizcarra llamó a Tejeda Moscoso los días 24, 27 y 30 de enero del 2014. Además se aprecia una llamada del representante de la constructora el 27 también.

Sobre el segundo pago, Obrainsa emitió otro cheque el 4 de abril de ese mismo año por S/600.000. Del reporte de llamadas se advierten comunicaciones entre el expresidente y Tejeda durante la primera semana de abril. Vizcarra lo llamó los días 2 y 4 de abril del 2014.

La avioneta

Según los correos de los días 2 y 3 de diciembre del 2013, Tejeda y su secretaria Ana Ellen intercambiaron comunicación con el entonces gobernador regional de Moquegua. Este último ha reconocido la autenticidad de los mismos para coordinar el alquiler de una avioneta por parte de Obrainsa que transportaría desde Lima a Ilo a una delegación de funcionarios bolivianos encabezados por el actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Según Tejeda, Vizcarra le hizo este pedido “porque tenía urgencia de reunirse con unas personas que se encontraban en Lima y necesitaba que los trasladen a Tacna o Ilo”. El acta fiscal registra tres llamadas efectuadas por parte del exjefe del Estado al dueño de Obrainsa el 2 de diciembre del 2013, durante los días que se enviaron los correos electrónicos.

La fiscalía, en base a un oficio enviado el 25 de octubre pasado por Migraciones, señala que el pago del alquiler de la avioneta no fue en razón de visitas de funcionarios bolivianos por un acto oficial. El documento de Migraciones contiene los movimientos migratorios de la comitiva. “En ninguno de los casos aparece como ingreso oficial en la fecha de ingreso al país, que ocuparon para trasladarse de Lima a Ilo y viceversa, contrario a lo argumentado por Vizcarra”, remarcó Juárez.

Coordinaciones con ICCGSA

Otra de las pruebas que sustentan la prisión preventiva del expresidente Vizcarra, son las relacionados al presunto soborno que recibió de la empresa ICCGSA por el Hospital Regional de Moquegua.

La amistad entre Vizcarra y el exministro José Manuel Hernández es una de ellas. No solo por las declaraciones que ha dado Hernández -quien el 15 de febrero último levantó la reserva de su identidad- sino también por la información que estaba en su teléfono celular. En este dispositivo electrónico -entregados por él mismo- se hallaron todas las conversaciones de Whatsapp con el exmandatario, así como los números que usaban él, Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados de ICCGSA.

Hernández había sido señalado por cuatro colaboradores eficaces como el intermediario de los pagos de la constructora a Vizcarra por la buena pro del hospital. Entre el 2013 y el 2014, según el reporte de llamadas telefónicas que incluye la fiscalía en su requerimiento, el exministro y Vizcarra se comunicaron a través de 251 llamadas.

Los colaboradores eficaces, quienes han levantado la reserva de su identidad, señalaron que el actual candidato al Parlamento envió a Hernández para que se contacte con Rafael Granados de ICCGSA y le solicite el S/1′300.000 de sobornos para que como gobernador regional le dé la conformidad de la obra. Esto, dijeron, fue en el CADE 2013, que estaba organizado para el 28 de noviembre del 2013. Todos los testigos han asegurado que en ese evento ocurrió el contacto entre Hernández y Granados.

Según el acta de reportes que cita la fiscalía, un día antes, el 27 de noviembre, el exgobernador regional y Hernández intercambiaron llamadas. Al día siguiente, el día del CADE, continuaron las comunicaciones. No solo fueron al número personal del exministro, sino también hubo cuatro llamadas a un número registrado con el nombre de su empresa: Asesores Técnicos y Asociados (ATA). Un día después, siguieron las llamadas entre ambos.

En tanto, las fechas de los primeros pagos de ICCGSA a Vizcarra, según las declaraciones de los colaboradores eficaces, también coinciden en el tiempo con las llamadas que intercambiaron Vizcarra, Granados, Hernández y Castillo Dibós.

Entre marzo y diciembre del 2014, cuando se habría efectuado los primeros pagos del soborno, el expresidente y Granados se comunicaron 54 veces. En el 2015, entre enero y agosto, también hubo 37 llamadas. El mayor número de comunicaciones fue de Vizcarra a Granados.

Todo ello, además, coincide con los mensajes de Whatsapp que intercambió Hernández con el exjefe del Estado. Estos fueron publicados por El Comercio en noviembre pasado. Por ejemplo, en uno de los mensajes del 22 de julio del 2014, Vizcarra señala que “ya lo recibí”. Según la ampliación de declaración que dio Hernández al fiscal Juárez el último 25 de febrero, “está referido a una de las entregas de dinero que envié a la persona de Martín Vizcarra por intermedio de mi ex chofer Carlos Aranda Huamán”.

En esas mismas fechas del 2014, de acuerdo al reporte de llamadas de la fiscalía, Vizcarra y Hernández se comunicaron 85 veces. En marzo, fecha en la que se habría realizado el primer pago, hablaron 11 veces.

Los colaboradores eficaces han manifestado que el resto del pago del soborno fue hecho en agosto del 2016, según reportó este Diario en noviembre. Esta fecha coinciden también con el reporte de comunicaciones que incluye la fiscalía: en ese mes hay llamadas entre Castillo Dibós y Vizcarra, cuando este último ya era ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

El origen

Finalmente, la fiscalía da detalles de la procedencia del dinero de ICCGSA para el pago a Vizcarra. Según indica en su requerimiento, Castillo Dibós ha referido que este dinero salió a través del proveedor MZARQ EIRL que “a través de servicios ficticios al consorcio o a ICCGSA les emitía facturas por las cuales se le reconocía una cantidad”.

De acuerdo al testimonio de Castillo Dibós, luego que se le pagara al proveedor este retornaba en efectivo a Marta Gutiérrez, quien trabajaba en ICCGSA y guardaba el dinero en la caja fuerte de la empresa.

“Cada vez que se requería hacer un pago, Fernando Castillo le solicitaba determinada suma de dinero de la caja fuerte, luego de ello, el señor Castillo le entregaba este dinero al funcionario de ICCGSA Rafael Granados por las entregas correspondientes”, declaró en octubre del 2020, cuando aún no se levantaba la reserva su identidad.

Otro colaborador, el N° 03-2020, declaró el 8 de marzo del 2021 que ICCGSA quedó a cargo de “la salida contable de ese dinero”. Del mismo modo señala que el dinero en mención se mantuvo en efectivo en la caja fuerte de la compañía y que para justificar la salida de dicho dinero ICCGSA recurrió al proveedor MZARQ EIRL emitiendo facturas para un servicio que no prestó. La fiscalía ha identificado 4 facturas, que eran por la realización de “servicios ficticios” en relación al consorcio Hospitalario Villa El Salvador.

La funcionaria Marta Gutiérrez, como testigo, confirmó esta versión con el fiscal Juárez y señaló haber recibido dinero y que lo guardaba en la caja fuerte y se los entregaba a Castillo Dibós. “Los cuales eran utilizados para efectuar pagos ilícitos”, señaló.

Asimismo, la Dirección de Lavado de Activos de la PNP verificó la existencia de la caja fuerte en las instalaciones de ICCGSA, conforme a lo señalado por el colaborador eficaz, donde se guardaba el dinero para el pago ilícito, según un reporte enviado al fiscal Germán Juárez.

Otro elemento que cita el fiscal son las facturas de MZARQ EIRL, documentos que verifican las salidas de dinero. “Camuflados en supuestos pagos por actividades que no realizaba la empresa MZARQ. Entre las cuales aparecen las correspondientes al consorcio hospitalario conformado por ICCGSA e Incot de Villa El Salvador”, concluye la fiscalía en su pedido.

Descargos

Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, indicó a El Comercio que el reporte de las llamadas no puede ser considerado como “una nueva evidencia para llevar a un expresidente a prisión”. Agregó que no existe peligro procesal o entorpecimiento de la actividad probatoria. “El fiscal Juárez no puede decir que el exmandatario puede asilarse en Bolivia porque lo visitaron altos funcionarios de ese país cuando era gobernador en Moquegua”, respondió.

Asimismo, señaló que no puede decirse que ha incurrido en entorpecimiento de la actividad probatoria porque en su DNI consignó un número departamento ubicado en San Isidro y en su citación fiscal declaró otro número. “Se trata de dos departamentos juntos que se comunican. Esto es muy grave”, dijo. Ugaz enfatizó que se debe seguir investigando a Vizcarra, pero en libertad. “La regla no puede ser la prisión”, agregó.

Además, la defensa del exmandatario aseguró que “no hay una sola evidencia importante, sustancial transcendente” que prueba la existencia de un peligro procesal o entorpecimiento de la justicia. “¿Qué ha cambiado desde el día que se pidió impedimento de salida del país? Cero”, indicó.

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