El fiscal José Domingo Pérez dispuso este lunes el inicio de diligencias preliminares contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, por presunto lavado de activos, vinculado a la campaña electoral de 2021. Esta nueva investigación a la lideresa del partido naranja cuenta con las grabaciones difundidas días atrás del encarcelado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y una denuncia vinculada a supuestos aportes por parte de empresarios.
Ni bien se conoció esta decisión, Keiko Fujimori y su defensa adelantaron que pedirán la separación del fiscal de esta nueva pesquisa. Al respecto, en declaraciones para El Comercio, José Domingo Pérez rechazó haber actuado de forma irregular. “He actuado en cumplimiento a mis deberes funcionales”, enfatizó.
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Además, Pérez señaló que un recurso de esa naturaleza será analizado por la Fiscalía Superior, “en el marco de la ley”.
“Siendo que mi exclusión o no de este nuevo caso no dependerá de mi decisión sino de la Fiscalía Superior, quien deberá evaluarlo en el marco de la Ley, si considera que he actuado irregularmente, situación ésta última que niego porque he actuado en cumplimiento a mis deberes funcionales”, expresó.
En declaraciones a El Comercio, el fiscal del equipo especial sostuvo que el inicio de la investigación preliminar es consecuencia de las denuncias por escrito y del acopio de información de los medios de comunicación.
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Según indicó esta información “determinaría la captación de activos de procedencia ilícita, bajo diversas modalidades”.
“Por lo que la Fiscalía ha afirmado, en la Disposición 01 del 05 de julio del presente año, que la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña electoral del año 2021″, indicó.
Pérez agregó que el caso debe investigarse en el equipo especial “según la decisión del fiscal superior coordinador Rafael Vela Barba del 17 de junio de 2021, en que me asigna la presente denuncia”.
“Los fiscales del Equipo Especial somos respetuosos de los derechos de los investigados y de la norma procesal penal, en ese sentido, primero la investigada deberá apersonarse a la presente investigación, designando a la doctora Giulliana Loza como su abogada defensora para este caso”, explicó.
Según el documento que da inicio al caso, la investigación preliminar tendrá un plazo máximo de 36 meses, “sin perjuicio de culminarse antes de este plazo”.
Pérez sostiene que, tras los hechos denunciados, “trae consigo que la persona jurídica Fuerza Popular, estaría bajos diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita”, por lo que, como sospecha inicial, se podría indicar que la “actividad criminal” no habría culminado.
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