La fiscal Rocío Sánchez siente que la quieren apartar de las investigaciones. Una serie de requerimientos administrativos del propio Ministerio Público han llevado a la fiscal que lideró la investigación de los Casos Los Cuellos Blancos del Puerto a pensar en su salida. Al proceso administrativo disciplinario que tenía, se ha sumado una nueva investigación en Control Interno. La fiscal coordinadora Sandra Castro, quien hasta hace poco era su adjunta, la denunció por no haberle respondido a una solicitud en 24 horas: pidió con carácter de “muy urgente” la disposición de todas las carpetas, así como de los procesos especiales. Es decir, los procesos de colaboración eficaz. Sánchez le requirió precisiones y un plazo razonable para esta entrega.
Eso no ha sido todo: el pasado miércoles recibió un oficio de la Junta de Fiscales de Lima Sur, en el que le informan que un ciudadano ha solicitado acceder a sus correos electrónicos de los últimos ocho años. “Todo [de la investigación] está escaneado ahí”, asegura. Para la fiscal, su negativa a este pedido será tomada como un indicio más en su contra para habilitar una eventual interceptación de sus comunicaciones.
Poco después de esta entrevista, Sánchez recibió un nuevo oficio de Castro. En este señala que se han advertido “irregularidades en la foliación, [...] lo que evidencia un desfase de mil folios”. Por ello, señala que la conclusión es disponer que las carpetas reservadas se mantengan en custodia de la coordinación. [Ver oficio al final de la entrevista]
¿Qué le ha comunicado la Junta de Fiscales de Lima Sur el pasado 16 de setiembre?
Un oficio comunicándome que se le remita con carácter de transparencia la información los correos electrónicos recibidos y enviados desde el correo oficial del Ministerio Público, desde el 1 de enero del 2012 hasta el 10 de septiembre del 2020. Estoy entendiendo que quieren conocer el contenido de la investigación porque de otro lado cómo entender esto. De alguna manera quieren ingresar a las disposiciones fiscales que se emiten, las coordinaciones internas previas, en fin. Hay una presidenta [de la junta de fiscales de Lima Sur] tan activa, muy voluntariosa y hay supuestamente un ciudadano que hace este pedido.
¿Cuál fue su sospecha?
Una tramitación maliciosa al estilo Cuellos Blancos. El proceso principal es en Lima y presentar una cautelar por Huacho para solicitar que impidan el desarrollo del proceso principal en otra fiscalía o en otro ente jurisdiccional. Es lo mismo aquí: un ciudadano oficioso que no tiene mayor participación, no sé en qué institución pública podría estar trabajando, solicita una información y sin ningún filtro lo remiten. De acuerdo al reglamento, tienen que comunicarse para que dé mi consentimiento. Adelanto que mi negativa será tomada como un indicio en contra y probablemente quieran denunciarme penalmente para habilitar que un fiscal penal solicite la interceptación de mis comunicaciones. Lo adelanto.
En su correo hay información sobre los procesos de colaboración eficaz.
Todo está ahí. Todo está escaneado. Están las notificaciones, las disposiciones fiscales. Hay documentación escaneada completa de las carpetas porque precisamente a pedido de la entrega de carga de la coordinadora hemos escaneado las carpetas fiscales. Y eso obra en los correos institucionales porque son los que soportan mayor peso.
¿A raíz de qué viene este pedido y por qué es la junta de Lima Sur la que lo remite?
El ciudadano es Jonathan Peter Rojas Huahuamullo, nació el 12 de noviembre del 1989, es un jovencito. Vive en Chorrillos y por eso supongo ha hecho el pedido en Lima Sur. Entiendo que hay información pública que los mismos periodistas también requieren. Pero es un ciudadano que no se le conoce, que tiene solo dos años de secundaria, no tendría ningún tipo de finalidad de dar a conocer un tema importante o relevante. Justo en este periodo de tiempo en el que estoy sintiendo que me cierran las puertas desde varios lados.
¿A qué tiempos se está refiriendo?
Desde que trasciende ese chat donde yo me comunico con el asesor de un partido que ustedes ya conocen, en el que me he comunicado en el ejercicio de mis funciones. Eso no pudo prosperar más porque yo he dicho lo que tenía que decir como corresponde a la verdad. Sin embargo, me abrieron un proceso administrativo disciplinario. Está en investigación. Ya cumplí con absolver todo lo que tenía que decir. Incluso he traslado la información a la oficina de Control Interno respecto a lo que han declarado los testigos, de manera reservada.
¿Qué siguió tras eso?
Pues de inmediato sale una modificación, una reestructuración en la fiscalía de crimen del Callao, y se dispone reforzar el trabajo que venimos realizando [el nombramiento de la Fiscal Sandra Castro como la coordinadora]. Sin embargo, dentro de las acciones propias de la coordinación lo único que se ha hecho es enviar oficios a Control Interno diciendo que no he cumplido con la entrega de los reportes, cuando lo que solicitaron fue la entrega física de toda la investigación.
¿En qué momento le solicitan a usted todas las carpetas físicamente?
La resolución de la Fiscal de la Nación [sobre la nueva coordinación] se publica el 9 de septiembre. El mismo día en la tarde, se constituye la coordinadora [Castro] en este local. Me informa, me deja un oficio, que en el plazo de 24 horas debo dar cuenta y poner a disposición de toda la investigación.
Todo esto el mismo día que la nombraron coordinadora
Sí, sin que tenga vigencia la resolución porque todos sabemos que rige al día siguiente de su publicación. Sin embargo, el mismo 9 la coordinadora envía el oficio, lo he recibido y he pedido un plazo razonable y que se me explique qué se entiende por inventario. Si el plazo de 24 horas implica hacer un inventario o si solamente es darle un reporte. Y si dentro del reporte también está solicitando los procesos especiales de colaboración eficaz.
¿Eso no estaba especificado en el pedido?
No, era un oficio de 4 líneas donde dice soy la coordinadora y ponga a disposición. Al día siguiente ya me ordena poner a disposición las carpetas fiscales. Nuevamente he pedido un plazo razonable y en este trámite la doctora Sandra comunica a Control Interno que me he negado a darle la información, cosa que es falso porque ella misma puede imprimir el reporte. Lo que ella me ha solicitado desde un principio siempre ha sido la entrega de toda la carpeta física. Cosa que es difícil en un día, dos o tres. El pedido malicioso de entrega total es precisamente, en el estado en el que están las cosas, en plena pandemia, para que encuentren más de una omisión de foliación o de repente una cédula que no está en su lugar. Por más que se le da las explicaciones me dice que tengo que cumplir la resolución de la fiscal de la Nación, pero yo no estoy incumpliendo. Estoy pidiendo un plazo razonable.
¿Es posible entregar toda la carpeta incluso la de los colaboradores eficaces? ¿Pueden insistir?
No entiendo por qué tengo que entregar todo. La fiscal coordinadora ya se ha trasladado a las oficinas de las diversas unidades policiales señalando que yo ya he perdido competencia en las investigaciones. Si ya está adelantando opinión de que he perdido competencia, si ya tengo dos procesos disciplinarios, si además un ciudadano X al que no conozco está solicitando información a los correos electrónicos, entonces lo que estoy verificando aquí es que están buscando la manera de investigarme. Hacerme ver a mí como que yo estoy vinculada a algún tipo de delito. Siento que me quieren quitar el caso de una manera muy indirecta y generándome investigaciones que no tienen sentido.
¿Siente que están buscando excusas a su salida?
Exacto, es lo que se está buscando. Es evidente. Se están creando situaciones para hacer ver que no trabajo bien, que la información no la cautelo bien porque los colaboradores la trascienden y salen en prensa cosas reservadas, pero que no son por incumplimiento míos sino porque otros fiscales los presionan. Pero el haber trascendido es lo que ha molestado a otras fiscalías porque están pensando que “ella tiene esa información y no nos ha avisado”. No tengo porque avisar a nadie porque es una investigación reservada.
¿Renunciará?
Estoy evaluando. No me gusta dejar estas cosas a medias tintas tampoco porque soy responsable de las investigaciones, pero también tengo que evaluar mi tranquilidad, la de mi familia. No tengo vinculaciones con ningún partido político, con ningún consejero del CNM, con ningún funcionario ni con empresarios o estudios de abogados. No voy a permitir que públicamente se pretenda decir que tengo alguna vinculación de interés cuando he sido la única fiscal del país que ha tenido el coraje de develar estas redes de corrupción que no existían desde el 2018, sino desde hace muchos años. Si por cuestiones de confianza necesitan que me retire del cargo, que me lo digan directamente, no me aferro. Donde me roten, igual voy a trabajar con el mismo ahínco y descubrir otros casos porque es mi forma de trabajar.
¿El chat con el abogado Carlo Magno Salcedo, del Partido Morado, fue un error?
No fue un error. Ese chat fue parte de un proceso de coordinación. No hay nada irregular. No he ofrecido ni me han pedido favorecimiento. Esa investigación no existía. Recién le estaba notificando. No hay nada ilícito, pero se está utilizando para vincularme con un partido, decir que mi amigo de la universidad porque aparecí en una placa de promoción. Me apena la situación por la institución, por el caso. Deben estar felices los investigados.