El Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto negó cualquier interferencia de las autoridades del Ministerio Público en las investigaciones y calificó de “falsa y desleal” la versión de la renunciante fiscal Rocío Sánchez, quien integró dicho grupo de trabajo.
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A través de un pronunciamiento público en video, remarcó que continúa con su función constitucional de perseguir el delito, más allá de que algunos de los miembros de la organización criminal hayan decidido acogerse a la colaboración eficaz.
“Rechazamos que exista interferencia por parte de las autoridades del Ministerio Público en la investigación de los casos y negamos la versión falsa y desleal de la fiscal renunciante Rocío Sánchez Saavedra, quien fue separada del equipo especial hace unos meses y se encuentra actualmente incursa en un proceso disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia”, expresó.
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“El Ministerio Público, a través del equipo especial a cargo de la investigación contra la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, cumple su función constitucional de perseguir el delito y lo hace aún cuando algunos de los miembros de esa perniciosa organización hayan decidido acogerse a la colaboración eficaz. Esta sigue su trámite independiente de la investigación principal y no la afecta en tanto no exista una sentencia judicial que apruebe un eventual acuerdo de colaboración”, agregó.
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Asimismo, los fiscales de dicho equipo especial rechazaron que exista alguna forma de favorecimiento o encubrimiento, ni persecución “con fines subalternos” contra alguna persona que se haya acogido al proceso de colaboración eficaz.
“La actividad investigativa del equipo especial es respetuosa de la Constitución y la ley y tiene como única finalidad la sanción de aquellas personas que han infiltrado el sistema de administración de justicia, convirtiéndolo en un instrumento de beneficio indebido”, subrayaron.
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El equipo especial adelantó que actualmente se encuentran comprendidas 109 personas investigadas a nivel supremo, 8 con acusación fiscal y 2 condenados, además de 84 investigadas a nivel superior y otras 59 a nivel provincial.
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Finalmente, sus integrantes advirtieron que la fiscal renunciante Rocío Sánchez deberá “en su momento” responder no solo por sus recientes declaraciones públicas, sino también por sus “comportamientos omisivos que hasta hace poco han venido situando en una esfera de impunidad a algunos integrantes de la organización criminal”.
“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a la campaña de ataque y desprestigio que abiertamente ha iniciado la organización criminal, a la cual se habría sumado la referida fiscal renunciante”, manifestaron.
“El equipo especial se mantendrá unido, cohesionado y comprometido con el restablecimiento de la institucionalidad en nuestro sistema de administración de justicia, buscando se aplique el castigo a todos los responsables de estos actos de corrupción”, sentenciaron.
La denuncia
La fiscal Rocío Sánchez, exintegrante del equipo especial que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, presentó un pedido ante la JNJ para que investigue presuntas irregularidades cometidas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y para que no sea ratificada en su cargo.
“Son seis hechos que se han puesto de conocimiento a la Junta Nacional de Justicia y en este momento también estoy presentando los mismos argumentos ante la Comisión de Evaluación y Ratificación toda vez que la fiscal de la Nación está sujeta a un proceso de ratificación donde considero que no debería renovársele la confianza”, manifestó a RPP.
Entre los argumentos que presentó, dijo que la titular del Ministerio Público desplegó “actos que han perjudicado la investigación” del caso Los Cuellos Blancos del Puerto antes de que fuera retirada el puesto tras conocerse que, junto a la fiscal Sandra Castro, se reunió con el expresidente Martín Vizcarra para solicitar apoyo en sus investigaciones.
En la queja remitida a la JNJ también se le atribuye el no haber tomado acciones para corregir una supuesta labor incorrecta por parte del fiscal Jesús Fernández Alarcón al no investigar a María Zavala Valladares, ahora integrante de la JNJ.
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