Walter Ayala renunció: todo sobre el (ex) ministro, protagonista del mayor escándalo de este Gobierno

Más bien, Ayala ganó notoriedad semanas antes del inicio del actual gobierno al ser quien presentó una acción de amparo con la que el Poder Judicial ordenó detener la elección de magistrados del Tribunal Constitucional durante el anterior Congreso.

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Luego de asumir la cartera de Defensa y pese a cuestionamientos sobre su idoneidad desde el Congreso, Walter Ayala se convirtió gradualmente en uno de los miembros del gabinete más cercanos a Pedro Castillo. Ha sido de los ministros que más ha visitado al presidente para reuniones de trabajo en Palacio de Gobierno y fue ratificado cuando Mirtha Vásquez reemplazó a Guido Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, denuncias hechas por exgenerales sobre intentos de Ayala y del propio Pedro Castillo para trata de influir en ascensos al interior de las Fuerzas Armada llevaron al titular del Mindef a poner su cargo a disposición. Esto en medio de intenciones del Congreso de interpelarlo y censurarlo, y de opiniones de colegas suyos sobre la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación lo investigue.

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Del CAL al Mindef

Nacido en 1971, Walter Ayala tuvo un paso por la Policía en los años noventa y luego se graduó como abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con maestría y doctorado por la Universidad Federico Villarreal. Allí también trabajó como docente entre el 2017 y 2018. Además, en su hoja de vida consigna haberse desempeñado como juez especializado.

Su único paso oficial por un partido, según el Registro de Organizaciones Políticas, fue entre el 2007 y el 2012, cuando estuvo afiliado a Perú Posible. Actualmente, no registra afiliación a Perú Libre ni a otra agrupación política.LEE TAMBIÉN: José Vizcarra: “El presidente [Pedro Castillo] me dijo por WhatsApp que tenía un encargo sobre los ascensos” | ENTREVISTA

Ayala inicialmente se hizo conocido en enero del 2019 como presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), desde el cual dictó una medida que suspendía la colegiatura del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Ese mismo mes, sería destituido del puesto, medida que atribuyó a “intereses” de la decana del CAL y a un intento de “encubrimiento”.

Ese mismo año, también tuvo apariciones mediáticas cuando actuó como abogado de la familia de un menor que disparó contra su compañero en un colegio particular de Villa El Salvador.

Ayala retornó a la escena política en julio del 2021. Por entonces, con Pedro Castillo perfilado como ganador de las elecciones, pero aún sin ser proclamado presidente electo, el Congreso estaba en medio de un cuestionado proceso para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional.

En este contexto, presentó una acción de amparo contra este proceso, alegando que el Congreso no había respetado sus propias reglas para este concurso. También solicitó una medida cautelar para que el proceso se suspenda momentáneamente.

El 6 de julio, el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo y concedió la medida cautelar, ordenando a los congresistas suspender la elección en el Pleno de los nuevos miembros del TC, programada para los días siguientes.

Los parlamentarios intentaron seguir adelante con el proceso, pero no hubo consenso. En respuesta, Ayala incluso solicitó multar a los congresistas que participaron en dicho pleno. La elección del nuevo TC se postergó y hoy está en manos de una comisión del actual Congreso, presidida por un congresista de Perú Libre.

Un polémico ministro de Defensa

Días después, el abogado reapareció con el fajín ministerial ya puesto. El 29 de julio, Pedro Castillo tomó juramento a Walter Ayala como ministro de Defensa dentro del gabinete liderado por Guido Bellido. Su designación causó sorpresa y críticas por su nula experiencia en el sector y por sus antecedentes.

Este Diario informó que, durante su paso por la Policía Nacional del Perú, Ayala Gonzáles fue sancionado con seis días de arresto de rigor tras determinarse que “incurrió en faltas graves contra la moral policial y contra la disciplina” por haber negado que conocía a una persona sobre la que pesaba una orden de captura por el delito de receptación.

Mediante una resolución directoral del 6 de enero de 1997, se le pasó a la situación de “disponibilidad”. Ayala recurrió al Poder Judicial para cuestionar la decisión con un recurso de amparo, el cual fue desestimado. En el 2000, recurrió al TC, pero su solicitud fue declarada improcedente. Posteriormente el Ministerio del Interior lo pasó a retiro por haber excedido el tiempo de permanencia en “disponibilidad”.

Ayala recurrió nuevamente al Poder Judicial, solicitando su reincorporación al servicio activo, el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir con sus respectivos intereses, y el reconocimiento del periodo que estuvo fuera de la institución. Su nuevo recurso fue rechazado tanto por el Poder Judicial como por el TC, al que volvió a acudir sin éxito.

En una tercera demanda, la Corte Superior de Justicia de Lima admitió su reincorporación, pero sin la nivelación de pagos. Ayala dijo a El Comercio por entonces que “eso fue en el año ‘97 cuando era el gobierno de Alberto Fujimori y una tercera sentencia (en) la Sala Superior lo deja sin efecto y ordena la incorporación. Y fui al Tribunal Constitucional por los devengados, pero yo me retiré de manera voluntaria. Es un refrito que lo sacan cuando estuve investigando Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Por estos antecedentes y su inexperiencia en temas relacionados al sector, el ministro de Defensa se convirtió pronto en uno de los miembros más cuestionados del gabinete, con pedidos como el de la congresista Adriana Tudela (Avanza País) para que dé un paso al costado por sus “serios cuestionamientos”. Además, la bancada de Renovación Popular lo incluyo en una lista de ministros cuyas salidas pedían como requisito para dialogar con el entonces primer ministro, Guido Bellido.

Pese a esto, Ayala no tardó en volverse uno de los ministros más cercanos al presidente Pedro Castillo. El Comercio verificó que, en poco más de 100 días de Gobierno, el presidente tuvo 25 reuniones de trabajo con Ayala en Palacio de Gobierno, según el registro oficial de visitas a la sede del Gobierno.

En comparación, durante ese mismo tiempo, Ayala tuvo 7 reuniones registradas con el ex primer ministro Guido Bellido y solo una con la actual titular de la PCM, Mirtha Vásquez.

La frecuencia de los encuentros en Palacio de Gobierno entre el presidente y su ministro de Defensa aumentó a fines de septiembre, con 12 de estas reuniones registradas sucediéndose entre el 27 de ese mes y el 5 de noviembre. Además, tiene 3 reuniones con Bruno Pacheco, secretario general de Palacio, dos de ellas con fecha del 28 de octubre.

Fuerzas Armadas a las calles

El pasado martes 2 de noviembre, un decreto con la firma de Pedro Castillo, Walter Ayala y el ex ministro del Interior Luis Barranzuela, autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las Regiones Policiales de Lima y Callao”.

La medida también fue cuestionada. José Williams Zapata, congresista y ex jefe del Comando Conjunto, dijo entonces que “las FF.AA. podrían asumir algunos cargos donde la Policía cumple tareas como por ejemplo el resguardo de servicios públicos esenciales, lugares externos de la ciudad (…) habría que precisar qué es lo van a hacer. De allí a que las FF.AA. realicen la labor de la PNP persiguiendo delincuentes, eso no va a funcionar, espero que no ocurra porque no va a funcionar. El soldado no está preparado para eso”.

Jorge Montoya, también congresista y exjefe del Comando Conjunto crítico con Ayala desde el inicio de su gestión, tuvo cuestionamientos similares. “Nosotros tenemos en mente al ministro de Defensa (…) Hay varios asuntos que tenemos que ver (con el ministro). Lo que se ha hecho con las Fuerzas Armadas consideramos que no es correcto, se les ha sacado a la calle empleando un documento que no es regular. Eso lo ha hecho el Ministerio del Interior, del ministro saliente, y no está bien hecho con las normas existentes”, declaró a Exitosa.

“Las Fuerzas Armadas no van a salir a matar, a disparar”, respondió al respecto Walter Ayala. El ministro aseguró que la intervención de los militares sería de resguardo en puntos estratégicos y servicios públicos y que dependería de Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. “Vamos a hablar con el ministro del Interior, y en el caso de que haya temor en que las Fuerzas Armadas salgan, cuidando instalaciones ya sería suficiente para que no haya ese miedo”, dijo a Canal N.

El escándalo de los ascensos

Poco antes del inicio del gobierno de Pedro Castillo, el general César Astudillo, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armada, solicitó su pase al retiro. El 3 de agosto del 2021, ya con Ayala a cargo del sector defensa, el presidente nombró al general Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar en el puesto.

El Gobierno también renovó al resto de la cúpula militar. El general José Alberto Vizcarra Álvarez fue nombrado comandante general del Ejército, en la Fuerza Aérea del Perú se designó a Jorge Chaparro Pinto y en la Marina de Guerra se hizo lo propio con el almirante Alberto Alcalá Luna.

Tres meses después, el pasado 4 de noviembre, el Gobierno volvió a hacer cambios. Ese día, se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución firmada por Pedro Castillo y Walter Ayala donde se pasaba al retiro a los generales Vizcarra y Chaparro. A ambos se les reconocieron sus más de 40 años de servicio y se les agradeció por sus servicios.

Ese día también se nombró al general de División Walter Horacio Córdova Alemán como nuevo comandante general del Ejército del Perú y al teniente General FAP Alfonso Javier Artadi Saletti como nuevo comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. El Comercio reveló después que este último fue designado para el puesto cuando se encontraba de vacaciones fuera del país.

RESOLUCIONES DONDE SE CAMBIAN A LOS JEFES DEL EJÉRCITO Y LA FAP

Ese mismo día, en una primera reacción, militares en situación de retiro pidieron al Gobierno “que se respete y se haga respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas”.

“La designación como comandante general del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú no representan cargos de confianza sujetos a los intereses de la política (…) Los relevos a escasos meses de haber asumido las comandancias generales afectan el normal desarrollo institucional y la moral de sus integrantes, peor aun cuando se hacen de manera intempestiva y sin comunicación previa”, afirmaron firmantes como Otto Guibovich, Francisco Morales Bermúdez, Roberto Chiabra, José Williams, Jorge Montoya, José Cueto y Jorge Kisic.

El fin de semana, este Diario relevó que el presidente Pedro Castillo quiso influir en ascensos a generales, pretensión a la que se opuso el general Vizcarra y que motivó su salida del cargo. Al día siguiente, el propio Vizcarra ratificó la denuncia mediante una entrevista en RPP Noticas en la que atribuyó las presiones al ministro Walter Ayala y al propio presidente.

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“El ministro de Defensa y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados”, dijo Vizcarra.

En declaraciones posteriores a El Comercio, indicó que “en uno de esos mensajes, el presidente me hace hincapié sobre los encargos que me tenía que dar el señor secretario general de Palacio sobre los procesos de ascenso (…) Hubo un WhatsApp que me pedía que conversara con el secretario de Palacio. Le dije que estábamos ocupados en el tema de ascensos. ‘Justamente sobre eso tengo un encargo’, me dijo. Y ya sabemos cuál fue”.

El general Chaparro hizo una denuncia similar. “El secretario del presidente (Pedro Castillo), el señor Bruno Pacheco, me llamó por teléfono para pedirme que ascienda al general Briceño”, dijo en entrevista con El Comercio. “El ministro de Defensa me pidió por el general Briceño, por el coronel Carlos Castillo y por el coronel … Vilca, si no me equivoco”.

Este martes, los exgenerales ratificaron sus versiones ante la Comisión de Defensa del Congreso. “Efectivamente, se dio una situación en la que el señor Bruno Pacheco me dice: ‘general, esto se puede hacer’, pero no se debe, le dije. ‘Pero, general, el presidente tiene que escoger, pues, a su gente’. No, le digo, no es así. El presidente no debe escoger a su gente”, declaró José Vizcarra.

Reacciones desde el Congreso a la denuncia hecha por generales

Abogados consultados por el diario El Comercio consideraron que tanto Ayala como Castillo podrían ser investigados por la Fiscalía de la Nación por estos hechos; mientras que, desde el Congreso, representantes de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de interpelar al ministro de Defensa e incluso avanzar hacia una censura.

Por la tarde del lunes, comenzó a circular el texto de una moción de interpelación a presentarse contra Walter Ayala y este martes, la parlamentaria Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra el titular del Mindef.

En paralelo, el ministro intentó rechazar las declaraciones del general, comparándolas con la ruptura de un matrimonio. “Antes de que el señor Vizcarra fuese nombrado, yo lo entrevisté y le dije lo mismo: respeta la gobernabilidad, la patria. Los tres comandantes dijeron que sí y les di la mano. Ahora que le quitan la confianza sale a decir, es como una mu...es como en un matrimonio que está junto y luego se separa, cosas que no son”, declaró a la prensa afuera de Palacio de Gobierno.

Ayala finalizó sus declaraciones manifestando que estaba “evaluando” su renuncia al cargo. Por la noche, el ministro usó su cuenta de Twitter para anunciar que ponía su cargo a disposición del “excelentísimo presidente Pedro Castillo”.

Balance negativo

Para el exministro de Defensa Alberto Otárola, el problema central de gestión de Walter Ayala en el Mindef ha sido que “no conoce el sector” y “no tiene formación en Defensa”. “Para estar al frente de un ministerio tan importante se requieren conocimientos bien entrenados en políticas de seguridad y defensa, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y sus nuevos retos en el siglo XX”, comentó a El Comercio.

“La falta de preparación ha sido evidente. Un ministro de Defensa es un cargo de la más alta confianza del jefe de Estado, pero fundamentalmente es el representante político del sector defensa, el portavoz de políticas públicas. Es mucho más que un administrador o conductor de decisiones, tiene que ser una bisagra entre las FF.AA., la sociedad y la política. Tiene que dedicarse a llevarle bienestar a las FF.AA. Lamentablemente, [en la gestión de Walter Ayala] eso no se ha dado”.

Jorge Nieto Montesinos, quien también fue titular de Defensa, diagnostica en la gestión de Ayala “una carencia total de objetivos y capacidades para conducir el sector”. El exministro indica que las FF.AA. recibieron su “muy mal” su designación en el puesto y que “día tras día, ha venido reafirmando” su falta de cualidades para el puesto. “Su gestión ha sido muy deficiente”, aseguró.

EXGENERALES DECLARARON EN EL CONGRESO SOBRE PRESIONES DEL EJECUTIVO

Nieto considera censurable el “intento de influir de modo ilegal en este cuadro de ascensos, pero sobre todo la represalia que parece ser el pase al retiro de dos comandantes generales cuyas hojas de servicios son impecables. Esto afecta no solo a ellos, sino también la relación del presidente con las instituciones militares”.

“Si el mensaje que los oficiales jóvenes reciben es que estamos regresando a la época del ‘tarjetazo’, entonces todo el mundo va a comenzar a buscar un ‘padrino’ para poder ascender. Si el mensaje es que depende de su esfuerzo ser incluidos en la lista de ascenso, tendremos unas FF.AA. con oficiales jóvenes haciendo todos sus esfuerzos para ser ascendidos a fin de año. El tema es cómo fortalecemos la institucionalidad”, estimó Nieto.

Otárola añade que un presidente, como jefe supremo de las FF.AA., puede cambiar a los comandantes generales cuando así lo decida, pero añade que siempre se debe respetar la Ley de Ascensos. “El sistema de ascensos está regulado por ley y tiene que ser escrupulosamente respetada. Si se verifica que esa norma ha sido vulnerada, existe una responsabilidad. Tendría que iniciarse una investigación y tener un informe objetivo, pero estos hechos no enervan la facultad constitucional del presidente cambiar o cesar a los comandantes generales cuando lo considere conveniente”, comenta.

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