La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y la comisión especial para elegir al TC fueron demandados para anular todo el proceso. (Foto: Referencial / Congreso)
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y la comisión especial para elegir al TC fueron demandados para anular todo el proceso. (Foto: Referencial / Congreso)
Redacción EC

El Poder Judicial informó este martes que admitió a trámite una demanda de amparo que fue presentada por el abogado Walter Ayala que pide la nulidad de todo el proceso que actualmente se está llevando en el para elegir a nuevos miembros del (TC).

El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, a cargo de Soledad Amparo Blácido Báez, determinó que el recurso presentado contra el Parlamento cumplió con todas las formalidades y requisitos establecidos por el Código Procesal Constitucional.

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El amparo se planteó contra la presidenta del Congreso, ; el presidente de la comisión especial para el proceso de evaluación de candidatos al TC, Rolando Ruiz; y el procurador público del Poder Legislativo.


La demanda pide la nulidad de todos los actos realizados en el Parlamento y la comisión especial, así como la convocatoria de los plenos para los días miércoles 7 y jueves 8 de julio y cualquier otro acto parlamentario que tenga como finalidad “nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”.

Walter Ayala alega que hay una vulneración al derecho a tener una “justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país” y de un debido procedimiento en la sede parlamentaria.

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La demanda de amparo contra el Congreso pide la nulidad del proceso para elegir al TC.
La demanda de amparo contra el Congreso pide la nulidad del proceso para elegir al TC.


Específicamente, la demanda cuestiona que no se hayan publicado las notas y las motivaciones por parte de los miembros de la comisión especial a todos los candidatos al TC. También señala que hay conflicto de intereses y falta de transparencia en todo el proceso.

El Poder Judicial, tras verificar los requisitos y admitir la demanda de amparo, concede un plazo de cinco días al Congreso para que responda ante esta medida constitucional, caso contrario se expedirá una sentencia sin su participación.

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