Después de que la fiscalía dispuso el inicio de investigaciones preliminares contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos vinculado a la campaña de 2021, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular ha solicitado la nulidad absoluta de la decisión fiscal de comenzar con el caso.
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La semana pasada el fiscal José Domingo Pérez determinó el inicio de una investigación preliminar contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal tras la difusión de los audios del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y una denuncia sobre supuesto financiamiento al partido.
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En su solicitud, Giulliana Loza, abogada de Fujimori, pide también que se remita el caso a un despacho fiscal que no sea el de Pérez.
“Solicitamos la nulidad absoluta de la Disposición Fiscal N° 01 (Disposición de inicio de diligencias preliminares) de fecha 05 de julio de 2021, emitida por su despacho por violación manifiesta del debido proceso, en específico del procedimiento preestablecido por ley; y en consecuencia, se remita todos los actuados a la fiscalía competente para proceder conforme a ley”, se lee en el documento.
Según el pedido de la defensa se debe ordenar la nulidad del inicio de la investigación, al resultar la apertura “un acto inconstitucional e ilegal”.
“Su despacho no puede atribuirse competencias que no están establecidas previamente en la Ley Orgánica del Ministerio Público o en una Resolución de la Fiscalía de la Nación, por lo que su proceder, resulta un acto inconstitucional e ilegal, por lo que se debe proceder con la nulidad absoluta de la referida disposición fiscal”, indicó.
Loza también hace referencia a “falta de objetividad” por parte del fiscal para sustentar su pedido. “El fiscal tiene un claro interés a que la causa sea visto por su Despacho debido a que como el mismo justifica, tiene ya un conocimiento previo de los hechos”, añade.
“En ese sentido, corresponde a efectos de garantizar el respeto de las garantías mínimas de los investigados, que sea otra dependencia fiscal la que resguarde el normal desarrollo de la averiguación de la verdad en la presente investigación, toda vez que, el fiscal a cargo a perdido objetividad e imparcialidad”, señaló.
Hasta el momento, el fiscal José Domingo Pérez no ha respondido al pedido de la defensa de Keiko Fujimori. Este Diario intentó recoger declaraciones de Giulliana Loza, pero no contestó nuestra comunicación.
Sobre Keiko Fujimori ya pesa una acusación fiscal por lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. El fiscal Pérez solicitó una pena de 30 años y 10 meses en su contra tras investigar los aportes a las campañas de 2011 y 2016.
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