La fiscalía anticorrupción de Junín, representada por la magistrada Mary Huamán, solicitó el pasado 27 de agosto 16 años de cárcel para el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de colusión agravada, de acuerdo a documentos a los que accedió El Comercio.
En su requerimiento, presentado ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo, Huamán acusa a Cerrón –entre otras cosas– de haberse coludido con representantes del consorcio El Carmen II (conformado por las empresas Neptuno Contratistas Generales S.A.C., Construcciones Moyua S.L. y Activa Perú M&O Construcción S.A.C.) cuando era gobernador regional con el fin de favorecerlo en la construcción y mejoramiento del hospital El Carmen , un proyecto valorizado en más de S/150 millones.
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Además del fundador de Perú Libre, fueron acusados por el mismo delito exfuncionarios del GORE Junín, como Carlos Mayta Valdez (exgerente de Infraestructura), David Chanco García (exgerente de Infraestructura), Pedro Montoya Torres (exsubgerente de Infraestructura), Gustavo León Chávez (exsubgerente de Infraestructura). Como cómplices fueron incluidos los arquitectos María Castañeda Pinto y Antonio Sánchez-Horneros Gómez.
El empresario Edison García Poma, representante legal del consorcio El Carmen II, también fue acusado por la fiscalía por el delito de colusión agravada como cómplice. Por el delito de falsedad ideológica fueron acusados Gabriel Calderón Ponce, Edwar Vidalón Gálvez, la ingeniera María Ninanya Cristóbal, Verónica García Tovar, Clodoaldo Alegre Zorrilla, Víctor Peña Dueñas, entre otros.
En el requerimiento de más de 200 páginas, la fiscal Huamán pide una condena por negociación incompatible contra Ofelia Ríos Pacheco, actual subdirectora de Administración Financiera del Gobierno Regional de Junín, y por el mismo delito al excoordinador de adquisiciones Luis Martínez Huamán.
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—Doble acusación—
El contrato del hospital El Carmen de Huancayo fue firmado el 19 de diciembre del 2014, a menos de dos semanas de que concluyera la primera gestión de Cerrón en Junín. El acuerdo está firmado por García Poma y Rodrigo Luya Pérez, entonces director regional de Administración y Finanzas. Contra este último, la fiscal también ha pedido una pena de ocho años de cárcel como autor de colusión agravada.
En el caso de Luya se trata de una doble acusación por ese delito debido a que forma parte de otra fase en el proceso de contratación. En ella incluye también a Vladimir Cerrón y a Mayta Valdez. Como es de público conocimiento, este último fue condenado junto al líder de Perú Libre por corrupción (negociación incompatible) a mediados del 2019.
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Mary Huamán es la misma fiscal que ha solicitado 2 años y 11 meses de prisión para Cerrón por el delito de malversación de fondos por presuntamente haber manejado irregularmente el presupuesto para la obra Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro.
El martes último, la magistrada presentó los cargos contra Cerrón en una audiencia virtual, en la que solicitó además que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo período.
Este Diario intentó comunicarse con la defensa legal de Cerrón, pero al cierre de esta edición no respondieron nuestras llamadas. Por el momento, la acusación fiscal contra Cerrón por el caso del hospital El Carmen es la que tiene la pena más elevada.
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