Ha sido bautizada como “la delación del fin del mundo” y en este caso la hipérbole no parece una exageración. El ex CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, viene siendo interrogado desde el lunes pasado por miembros de la fiscalía de su país, como parte de un acuerdo de delación premiada para revelar, a cambio de reducir su condena de 19 años, los sobornos que pagó a políticos de la región a cambio de obras.
La delación, que forma parte de Lava Jato, el caso anticorrupción más grande en América Latina, empezó, como era de esperarse, explosiva: el miércoles, según reportó el diario “Folha de Sao Paulo”, Marcelo Odebrecht confirmó que dio US$3 millones al actual presidente de Brasil, Michel Temer, para su campaña del 2014. El jueves, según el medio “Valor Económico”, el ex CEO de la constructora dijo que le entregó al ex presidente Lula da Silva más de US$6 millones.
¿Qué tan comprometedor puede ser lo que cuente este empresario en el caso de los políticos peruanos?
Odebrecht es la empresa brasileña que más contratos y concesiones ganó con el Estado entre el 2004 y el 2015. Según un estimado de la Contraloría General de la República, Odebrecht ejecutó obras en el Perú por más de US$12.800 millones.
La relación de este empresario de 48 años con el Perú despegó durante el gobierno de Alan García. Tanto así, que al final de su mandato, Odebrecht le regaló una réplica del Cristo del Corcovado –valorizada en US$833 mil– la cual se colocó en el Morro Solar de Chorrillos.
En los cinco años del gobierno aprista, la constructora consiguió contratos por más de US$2 mil millones. Pero esta cifra es muy inferior si se compara con los más de US$9 mil millones que logró con Ollanta Humala.
Durante el humalismo, las relaciones comerciales con Odebrecht alcanzaron su pico. Se trató, según señaló Carlos Tapia, analista y ex asesor de la campaña presidencial de Humala, de una relación que también fue política, impulsada por el ex presidente Lula da Silva.
—Casos en la fiscalía—De los proyectos que investiga la fiscalía peruana, en los que hay indicios de que las constructoras del Caso Lava Jato pagaron coimas, solo hay una que atañe directamente a Odebrecht: la concesión del llamado gasoducto del sur, hecha en junio del 2014.
El fiscal Reynaldo Abia, a cargo de la investigación, sospecha que hubo actos de corrupción detrás de la adjudicación de esta obra, valorizado en US$7.328 millones. Según testimonios que ha podido recoger, se benefició a Odebrecht por haber financiado la campaña electoral de Humala del 2011.
En los próximos días, el fiscal Abia decidirá si incluye en su investigación al ex mandatario y a la ex primera dama Nadine Heredia.
Pero también hay otros elementos: el informe de la Policía Federal de Brasil que vinculó, en febrero, a Humala con un presunto pago de US$3 millones y las agendas de Heredia que tienen anotaciones como “Marcelo” al lado de montos de US$200 mil. Estos hechos son investigados por el fiscal Germán Juárez.
Entre las fiscalías del Perú y Brasil existe “una colaboración espontánea” de información sobre Lava Jato. Es decir, si aparece información que atañe al Perú, esta sería enviada a la Unidad de Cooperación Internacional.
El fiscal Alonso Peña Cabrera está a cargo de esta unidad. A su despacho llegarán las eventuales declaraciones de Odebrecht, para luego ser derivadas al fiscal del caso.
La fiscalía peruana, por lo menos, ha hecho 12 pedidos de asistencia judicial a países como Brasil, Suiza, Gran Caimán, Israel y Reino Unido.
Pero Lava Jato trasciende el apellido Odebrecht: la fiscalía también tiene en la mira a las constructoras Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa y OAS.
El fiscal Hamilton Castro investiga los proyectos Interoceánica (2005), la planta de tratamiento de Huachipa (2008) y el presunto ingreso de dinero ilícito al país por parte de OAS para el pago de sobornos (2012).
Entre los hallazgos de Castro están los US$91 mil que detectó en una cuenta en Londres de Josef Maiman, empresario israelí cercano al ex presidente Alejandro Toledo, los cuales habrían sido de una coima de Camargo Correa por la Interoceánica.
En el caso de la planta de Huachipa, se indaga la transferencia de US$55 mil al Ocean Bank de Miami de parte de Camargo y Correa por un presunto pago parcial de una coima para Juan Sarmiento Soto, ex ministro del segundo gobierno aprista.
Por lo pronto, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha anunciado la creación de un equipo exclusivo para el Caso Lava Jato. Los integrantes de este grupo aún están en debate. Se espera que este equipo empiece cuando el fiscal Castro regrese esta semana de un viaje de trabajo a Suiza.
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