“Martín Vizcarra ofertó su función pública a cambio de ventajas económicas ilegales”: el alegato de la Procuraduría y la respuesta del acusado

Martín Vizcarra “ofertó su función pública” como presidente regional de Moquegua a cambio de recibir coimas de S/ 2.3 millones de empresas constructoras entre el 2014 y el 2016, por lo que debería pagar al Estado el doble de ese monto como reparación civil.

Ese fue el argumento central del alegato inicial de la Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato hecho este lunes durante la segunda audiencia del juicio del expresidente de la República (2018-2020) por el Caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua. El proceso es conocido así por los nombres de los proyectos por los que se habrían dado esos pagos ilícitos.

LEE TAMBIÉN | Alberto Fujimori: ¿Quiénes son los 58 congresistas que piden que su firma sea restituida en la Constitución?

La semana pasada, en la primera audiencia, la fiscalía presentó su acusación contra Martín Vizcarra por el delito de cohecho (soborno) por estos hechos y su pretensión penal: una condena de 15 años de prisión. Por ello, en la reanudación del juicio, fue el turno de la Procuraduría para sustentar sus argumentos y presentar su pedido: el pago de S/ 4.6 millones como reparación al Estado.

Carlos Fernández Muñoz, procurador adjunto del caso Lava Jato, inició su alegato afirmando que durante el juicio se probará que “el acusado Martín Vizcarra ofertó su función pública como presidente regional de Moquegua a cambio de ventajas económicas ilegales a su favor. No una sola vez, sino dos veces: una vinculada al proyecto Lomas de Ilo y la segunda, vinculada al proyecto Hospital de Moquegua”.

El procurador añadió que el acusado “quebró así sus deberes funcionales de neutralidad y de reserva”.

“Este comportamiento ha generado un importante daño expatrimonial al Estado, por lo que el Estado debe ser indeminzado”, aseguró ante los jueces del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, tribunal presidido por la jueza Fernanda Ayasta.

La acusación contra Martín Vizcarra consiste en haber recibido poco más de S/ 1 millón de la constructora Obrainsa por el proyecto Lomas de Ilo en el 2014 y S/ 1.3 millón de la constructora ICCGSA por el proyecto Hospital de Moquegua. A partir de esas cifras, el procurador dijo que el pago de la reparación civil impuesta a Martín Vizcarra debe ser “el doble del monto del soborno”.

Es decir: por Lomas de Ilo la reparación civil planteada es de S/ 2′071,971; y por el Hospital de Moquegua es de S/ 2′600,000. Así, el total de la reparación civil requerida por este caso es de S/ 4′671,971.

El pago, puntualizó, busca cumplir una función “compensatoria”, “sancionadora” y “preventiva”.

“El mensaje es que aquellos que pretendan hacer lo mismo que hizo el acusado Martín Vizcarra tendrán una respuesta dura [...] Queremos evitar comportamientos como los que desplegó el acusado Martín Vizcarra”, exclamó. “Es el doble de lo que él recibió como ventaja ilegal”, añadió.

En caso se le imponga esta reparación civil, no sería pagado solo por Martín Vizcarra, sino también por la constructora Obrainsa y su socia Astaldi en el primer hecho, y por la constructora ICCGSA y su socia Incot en seglundo.

Las cuatro empresas están incluidas en el juicio como “terceros civiles responsables”. Es decir, no se pide una sanción penal contra ellas, pero sí se requiere el pago de una reparación civil si el expresidente es hallado culpable. No hay otras personas acusadas, ya que los otros implicados en el presunto pago de sobornos reconocieron los hechos y se sometieron a la colaboración eficaz.

Fernández justificó la necesidad de se imponga una reparación civil al indicar que “cuando un funcionario público comete prácticas corruptas, como las que son materia de imputación, socava la proyección del Estado”. “Lo que se pretende el Estado es que funcione correctamente, libre de condicionamientos, libre de coimas, libre de prácticas corruptas”, afirmó.

“En este caso, se le imputa la recepción de coimas y el condicionamiento a cambio de ventajas económicas ilegales. El impacto a esta identidad institucional del Estado es notorio, pero no es un daño patrimonial, es un daño extrapatrimonial”, sentenció.

La procuraduría precisó que la acusación contra Martín Vizcarra por Lomas de Ilo es que, a fines del 2013, le dio “información privilegiada” al consorcio integrado por Obrainsa, el cual pugnaba por el proyecto, para que puedan mejorar su oferta y ganar. Ello a cambio del pago de “un millón de soles en efectivo” y el alquiler de una avioneta, pagos que se habrían concretado entre enero y abril del 2014.

Según el alegato, esto se probará con la declaración del directivo de Obrainsa, Elard Paul Tejeda, sometido a un proceso de colaboración eficaz, así como otros testigos y documentos.

“Están los correos electrónicos de coordinaciones para el alquiler de la avioneta [...] Las actas de vinculación de llamadas telefónicas entre Martín Vizcarra y Paul Tejeda en el contexto de las entregas del dinero, enero y abril del 2014″, remarcó.

En cuanto al proyecto Hospital de Moquegua, allí se acusa al expresidente de haber “condicionado su competencia funcional” para firmar el contrato, que era a favor del consorcio integrado por ICCGSA, al pago de S/ 1.3 millones. “La adjucación y suscripción era decisión exclusiva del gobierno regional de Moquegua. El acusado Martín Vizcarra era el titular de esa entidad, era el titular de esa función: la suscripción del contrato”, afirmó.

Para probar esta acusación, indicó que se escucharán las declaraciones de testigos como Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICCGSA, quien “recibió el condicionamiento”, así como a un ejecutivo de Incot. Además, declarará su “intermediario” para el presunto condicionamiento: el exministro José Manuel Hernández Calderón, quien era su amigo y hoy es colaborador eficaz en este caso con sentencia del Poder Judicial.

“Fueron diversas entregas de dinero [...] [Lo materializaron] los ejecutivos de ICCGSA, Hernández Calderón y su chofer. En distintos puntos: en la casa de Hernández Calderón, en su oficina, en las oficinas de ICCGSA y en el domicilio el acusado”, dijo.

“Escucharemos en este juicio a todos estos protagonistas, que nos van a declarar cómo entregaron el soborno a Martín Vizcarra [...] Están también las actasa de vinculación de llamadas”, añadió.

Finalmente, el procurador aseguró que no les “preocupa en lo más mínimo” lo que puedan alegar Martín Vizcarra y su defensa durante el juicio, ya que confían en la solidez de las pruebas.

“La prueba de cargo que se actuará en este juicio oral será irrefutable. [...]Estamos absolutamente convencidos de que el colegiado, al cerrar la actividad probatoria, va a condenar al acusado”.

Procurador Ad hoc

“La prueba de cargo que se actuará en este juicio oral será irrefutable. La parte acusada nada podrá hacer para desvirtuar la fuerza probatoria de lo que vamos a escuchar en este juicio, de los órganos de prueba y los documentales. Lo que pretendemos es que el colegiado pueda aplciar de manera estricta las consecuencias jurídicas por la comisión de estos dos hechos [...] Estamos absolutamente convencidos de que el colegiado, al cerrar la actividad probatoria, va a condenar al acusado”, enfatizó.

En la misma audiencia, Martín Vizcarra rechazó formalmente los cargos por los que lo acusa la fiscalía, mientras que su abogado hizo su alegato inicial y dijo que su cliente deberá ser absuelto al final del juicio.

El expresidente había escuchado los alegatos de la procuraduría con un gesto serio, aunque por ratos sonreía o reaccionaba a algunos de los comentarios del abogado del Estado con un comentario en voz baja a su defensor.

Cuando la jueza Fernanda Ayasta, en representación del colegiado, le preguntó a Martín Vizcarra si admitía ser autor del delito que le atribuyen, el expresidente respondió así: “Es absolutamente claro que he cumplido mi función de presidente regional de Moquegua absolutamente pegado a la ley, cumpliendo las normas y las competencias. En consecuencia, no he cometido delito alguno. Le digo con toda seguridad que soy absolutamente inocente”.

Más adelante, la magistrada le preguntó al acusado si iba a declarar dentro del juicio o si iba a hacer uso de su derecho a guardar silencio. Martín Vizcarra respondió que si iba a declarar, pero no en este momento, si no al final del juicio, luego de que se evalúen todas las pruebas.

En su propio alegato inicial, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, aseguró que su objetivo es “hacer que la verdad y la justicia prevalezcan sobre falsos testimonios, sobre simples conjeturas y especulaciones, sobre erróneas interpretaciones, sobre la atribritariedad del Ministerio Público”.

“Esta defensa, durante el transcurso del juicio, defenderá al señor Martín Vizcarra de una acusación por dos hechos que jamas cometió. De una acusación que se sostiene, principalmente, en declaraciones de colaboradores eficaces que, habiendo transcurrido cinco años desde que iniciaron sus proceso de colaboración, en su mayoría no tienen hasta la fecha una sentencia aprobatoria de su acuerdo”, exclamó.

Siccha también sostuvo que las versiones de estos colaboradores han buscado corroborarse entre sí, lo que no se puede hacer, o corroborarse con testigos que son sus empleados o sus “dependientes económica y laboralmente”.

También dijo que la fiscalía se equivoca al atribuirle a Martín Vizcarra, como presidente regional de Moquegua, facultades para decidir sobre los proyectos de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Según él, ello dependía de otros funcionarios.

A lo largo de su alegato, Siccha apuntó a restar credibilidad a los colaboradores de la fiscalía, refiriéndose a ellos reiteradamente como “delincuentes confesos”.

Además, afirmó que no se podrá probar que su defendido haya hecho las supuestas solicitudes para las coimas o que haya tenido reuniones con ese objetivo. Tampoco se podrá acreditar -continuó- que el dinero de Obrainsa y/o de IICGSA hayan sido realmente destinado o entregado a él.

“Por todas estas razones, consideramos que al final del juicio, su decisión justa, conforme a ley, respetando los principios del Derecho penal, debe ser una decisión absolutaria hacia mi patrocinado por los dos hechos imputado por el Ministerio Público. A su vez, dada la inexistencia de un hecho ilícito, no podrá determinarse una reparación civil”, concluyó el abogado.

La audiencia de este lunes fue presencial en su primera parte: desde las 9 a.m. hasta el mediodía. A esa hora, cuando salía de la sede judicial, Martín Vizcarra dijo a la prensa que su abogado había “demostrado categóricamente la falta de sustento y solvencia de los argumentos de la fiscalía y el procurador”.

“[Mi abogado] ha sido contundente demostrado que no hay ningún argumento que justifique que he cometido ningún delito. Por eso tenemos la plena confianza de que vamos a salir completamente libres de este proceso”, afirmó, mientras era alentado por una ‘portátil’ de su partido, Perú Primero.

Además de alentar al inhabiltado expresidente, un grupo de los seguidores vizcarristas agredió verbalmente al fiscal Germán Juárez cuando también se retiraba del lugar.

Por la tarde, cuando la audiencia se reanudó de manera virtual, la juez Fernanda Ayasta anunció que las próximas audiencias serán los próximos lunes 11, 18 y 25 de noviembre, en el horario de 9 a.m. a 1 p.m. Estas próximas sesiones seguirán realizándose en la modalidad virtual.

En la audiencia del 11 de noviembre se comenzarán a evaluar las pruebas de la fiscalía, comenzando con un testigo clave: Elard Paul Tejeda Moscoso. Se trata del exdirectivo de la empresa Obrainsa, sometido a la colaboración eficaz, que confesó a la fiscalía el presunto pago de S/ 1 millón a Martín Vizcarra por el proyecto Lomas de Ilo. El abogado del acusado ya adelantó que el “contrainterrogatorio va a ser amplio” y que “se van a centrar en este testigo”.