El expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, reiteró su inocencia en el caso que se le sigue por presunta organización criminal al sustentar su apelación para que le revoquen la prisión preventiva aprobada en primera instancia por este caso.
“La fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como dé lugar”, señaló al participar en la audiencia virtual de este miércoles 29 de marzo.
“Hoy más que nunca vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o he sido parte de una red criminal y jamás he sido cómplice de un delito sin autor. Durante mi gestión nunca ejercí influencia alguna para beneficiar a nadie, como sí lo viene haciendo la actual gestión de facto y que nadie imputa”, señaló en alusión al gobierno de Dina Boluarte.
El exmandatario estuvo acompañado por su abogado, Eduardo Pachas, en el penal de Barbadillo y solicitó a la sala de la Corte Suprema que evalúa su apelación que revoquen la prisión preventiva en su contra.
La apelación es contra la orden de 36 meses de esta restricción que se aprobó como parte de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción aprobada el 9 de marzo del 2023 por el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley y también alcanzó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. En el caso de Geiner Alvarado, se rechazó la prisión preventiva y se dictó comparecencia con restricciones.
Esta medida en contra del vacado expresidente fue dictada en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en los Casos Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Descentralizado-Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
El magistrado de primera instancia indicó que existían evidencias que vinculaban al exjefe de Estado con los presuntos delitos que se le imputan al haber utilizado su cargo para facilitar el accionar de la presunta organización criminal que habría liderado durante su gobierno.
Además, concluyó que existía el riesgo de que fugue del país si está en libertad y de que obstaculice la justicia. Mientras que para Silva Villegas, indicó que también habían elementos que vinculaban al exministro con presuntos actos irregulares y recepción de dinero ilícito, aunado que se encuentra prófugo de la justicia desde el 7 de junio del 2022.
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