El presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, denunció ante la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú al coronel PNP Harvey Colchado por presunta falta grave. En consecuencia, solicitó que se le inicie un proceso disciplinario que concluya con su pase al retiro.
El requerimiento, calificado como inédito por fuentes policiales, fue ingresado ayer a esa unidad y se espera que en un breve plazo se informe sobre su calificación. Es decir, si se procede con iniciar una investigación o se archiva.
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La defensa de Castillo, en su denuncia, sostiene que Colchado vulneró la inmunidad presidencial el pasado 9 de agosto, cuando acudió a la residencia de Palacio de Gobierno para hacer cumplir la orden judicial de detención preliminar contra Yenifer Paredes, cuñada del mandatario que crio como su hija.
El oficial acudió ese día con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder al recinto porque se tenía la certeza de que allí se encontraba la investigada.
Para Eduardo Pachas, Colchado excedió sus atribuciones en la diligencia al inspeccionar los ambientes del inmueble donde residen el presidente y su familia, pues, a su criterio, se estaría investigando en la práctica al jefe del Estado. Además, según el abogado de Castillo, el oficial “rompió” una de las actas en las que se registraron cada una de las incidencias de ese día.
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“La denuncia es para que sea revisada toda la legalidad de ese procedimiento [allanamiento]”, afirmó Pachas a El Comercio. “¿Qué tiene de malo que se haga ese pedido?”, se preguntó.
Según fuentes de la policía, el trasfondo de esta denuncia, además de ser una represalia, es que Colchado sea apartado de manera momentánea de las investigaciones al gobierno de Castillo mientras duren las pesquisas de la inspectoría.
Además, las fuentes recordaron que el día del allanamiento de la residencia de Palacio, el abogado del presidente le dijo al fiscal Hans Aguirre, responsable de la diligencia: “Esto no se va a quedar así, esto va a traer consecuencias”. La frase quedó consignada en el acta que revisó este Diario.
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Pachas también informó ayer que se presentó una queja por los mismos hechos ante Control Interno del Ministerio Público contra el fiscal Aguirre. Fuentes de El Comercio indicaron que el fiscal aún no ha sido notificado sobre la denuncia que presentó el abogado del presidente.
Sin fundamentos
El penalista Carlos Caro explicó que la denuncia del mandatario en inspectoría carece de viabilidad porque ese 9 de agosto lo que hizo el coronel PNP Colchado fue ejecutar una orden judicial.
“El coronel PNP Colchado no actuó motu proprio ni por orden de un fiscal, lo hizo amparado en un mandato judicial”, afirmó el penalista. Añadió que, en todo caso, si se quiere cuestionar esta medida, el camino es la apelación y no una denuncia de este tipo ante inspectoría.
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Según Caro, esta denuncia es una queja instrumental que tiene como finalidad atacar a los que investigan al presidente. Además, el penalista afirmó que sería irregular que eventualmente el oficial PNP sea apartado de las investigaciones que tiene a su cargo contra el gobierno.
“No existe delito, no existe infracción cuando uno actúa en cumplimiento de un deber, en cumplimiento de la orden de una autoridad legítima como en este caso es el juez”, declaró el abogado.
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Stefano Miranda, experto en derecho policial, dijo que la denuncia del mandatario no tiene base legal por el simple hecho de que ha invocado una norma derogada en su escrito, que es la Ley 1103. Precisó que la que está vigente es la Ley 30714.
Miranda explicó que el presidente no puede solicitar ninguna infracción ante la inspectoría, pues no es su ámbito. Lo único que podría hacer, afirmó el experto, es poner en conocimiento lo sucedido.
“El coronel PNP Colchado ha actuado en el ejercicio de sus funciones y bajo el principio de legalidad. Tenía una disposición que cumplir y se encontraba en estricto cumplimiento”, indicó Miranda.
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Por ello, el también abogado sostuvo que la inspectoría debería declarar improcedente lo requerido por el mandatario. Asimismo, indicó que se debería plantear una inhibición en este caso porque es el Ministerio del Interior el que distribuye el Tribunal Disciplinario de la policía.
En la actualidad, el jefe de la inspectoría es el teniente general PNP Raúl Alfaro Alvarado, quien, hasta el cierre de esta edición, no emitió ningún comentario respecto a las acciones que tomará la unidad que dirige.
Fuentes policiales señalaron que, de iniciarse un procedimiento disciplinario, que estaría a cargo de un coronel PNP, es posible que se suspenda temporalmente a Colchado como medida preventiva, al tratarse de una “infracción grave”, como señala la denuncia de Castillo.
Las mismas fuentes también advierten el rol que jugará en este contexto el comandante general de la PNP, Luis Vera, quien se ha mostrado próximo al presidente Castillo y en su momento opinó a favor de que Colchado deje de liderar el equipo especial de la PNP.