La jueza Elizabeth Salas, del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por 10 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y tres tenientes generales que fueron pasados al retiro durante el gobierno del presidente Francisco Sagasti.
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La demanda de amparo es contra Sagasti, su exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes; el actual titular del sector, José Elice; el comandante general de la PNP, César Augusto Cervantes Cárdenas; y la Procuraduría Pública del Mininter.
La jueza acogió el pedido y corrió traslado a las partes demandadas para que la absuelvan en un plazo máximo de cinco días.
La demanda fue presentada por los exgenerales PNP Orlando Velasco Mujica, Jorge Alejandro Lam Almonte, Herly William Rojas Liendo, José Saturnino Céspedes Aguirre, Luis Beltrán Pantoja Calvo, Alexis Rafael Bahamonde Chumpitaz y Yohanim Oswaldo Chuquillanqui Ospina.
Asimismo, por Jesús Moisés Ríos Vivanco, Lorenzo Julio Granados Ticona, Eswin Alexander Manay Guerrrero, Alejandro Washington Oviedo Echevarría, Mario Fernando Arata Bustamante y Carlos Noé Guillén Enríquez.
Ellos solicitan ser reincorporados con los mismos grados, derechos y beneficios que tenían al momento de producirse su pase al retiro, dado que fueron pasados a dicha situación con el propósito de designar a Cervantes Cárdenas como comandante general de la PNP.
Los oficiales alegan la “vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad ante la ley, al trabajo y al honor” por su pase al retiro.
“Este Juzgado estima que los hechos alegados por los recurrentes tendrían incidencia constitucional directa con los derechos invocados, en conexidad con los derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad ante la ley, al trabajo y al honor, previstos en los artículos 2° incisos 2, 7 y 15 y 139°, inciso 3, contemplados en la Constitución Política del Perú”, señaló la magistrada.
“En tales circunstancias, corresponde admitir a trámite la demanda con el objeto de examinar, entre otros temas, si se afectaron o no los derechos invocados”, añadió la jueza en su auto admisorio que tiene fecha 30 de diciembre.
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