A casi dos meses de asumir la Presidencia en medio de una profunda crisis política, Francisco Sagasti ofreció una extensa entrevista a El Comercio, en la que afirmó que sí se vacunará con una de las primeras dosis que el laboratorio Sinopharm (China) haga llegar al Perú. También habló sobre la presencia “morada” en el Ejecutivo y sobre las pesquisas de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Aquí verificamos algunas de sus declaraciones.
1. “Bueno, Giaccomo Ugarelli era miembro del Partido Morado. Del Partido Morado solo tengo a Carlo Magno Salcedo […] No es un gobierno del Partido Morado”.
Esta afirmación es imprecisa
El presidente Sagasti indica que del Partido Morado solo tiene como asesor de Salcedo. Sin embargo, Ugarelli, otro de sus consejeros en Palacio de Gobierno, continúa siendo militante de la agrupación, que lidera Julio Guzmán, según consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Salcedo y Ugarelli también eran parte de la lista de candidatos al Congreso del Partido Morado. Decidieron renunciar a sus postulaciones, luego de que este Diario informara sobre su presencia en el Ejecutivo.
El jefe de Estado tampoco menciona que los ministros José Elice (Interior) y Claudia Cornejo (Comercio Exterior y Turismo) fueron candidato al Parlamento del Partido Morado en calidad de invitados, a su lado, en las elecciones que se realizaron en enero del año pasado, tras la disolución constitucional del Congreso anterior, donde había supremacía de Fuerza Popular.
Entonces, la presencia de militantes y de personas allegadas al Partido Morado no solo se reduce a Salcedo.
2. “Esto [el pase al retiro de 18 generales PNP] se ha hecho anteriormente en la policía, es perfectamente legal. Es perfectamente constitucional, es una renovación extraordinaria que está claramente identificada en la Constitución”.
Esta afirmación es imprecisa
El jefe de Estado indica que el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional cumplió la ley y la Constitución. Sin embargo, 13 de esos oficiales han presentado una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ellos han demandado por omisión de actos de cumplimiento obligatorio tanto a Sagasti como al actual titular del Interior, José Elice, y al nuevo comandante general de la Policía, César Cervantes, quien fue nombrado con la salida de sus superiores más antiguos.
Los demandantes indica que la resolución suprema- del 24 de noviembre, con la que se decretó los pases al retiro y la designación de Cervantes- contravino la Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267), su reglamento (Decreto Supremo N° 026-2017-IN y modificatorias) y la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1149).
La designación de un comandante general por renovación de cuadros, prevista en la normativa de la PNP, se aplica -de manera ordinaria o excepcional- en estricto margen de una terna de oficiales de mayor antigüedad, según argumentan los afectados en su acción de amparo.
También refieren que las resoluciones no citan los motivos secundarios del cese y aclaran que, en cuanto a las supuestas responsabilidades en actos de corrupción o en la represión policial de las manifestaciones el 14 de noviembre, no median sanciones administrativas que determinen una causal de retiro.
En conclusión, el presidente Sagasti se apresura al sostener la constitucionalidad y legalidad del pase al retiro de 18 generales de la PNP, cuando existe de por medio una acción de amparo que no ha sido resuelta.
3. “Está ya eso muy, muy avanzado. Una de las cosas que uno aprende cuando está ya en el Gobierno es que hay una serie de restricciones y precedentes de carácter legal que hay que tener mucho cuidado en respetar. Pero eso está encaminado, está en camino en el Ministerio de Justicia. Se ha conversado con los deudos de una manera muy clara y ahí el Estado tiene que reconocer, como lo dije, su responsabilidad”.
Esta afirmación es imprecisa
El presidente Sagasti indicó que las investigaciones sobre las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado están “muy avanzadas”, pero esta afirmación no se condice con la realidad. Para empezar, el ministro del Interior, José Elice, afirmó, el 14 de diciembre, que la primera etapa de la pesquisa dentro de su cartera iba a durar hasta el 4 de enero. Este plazo se cumplió el último martes y aún el Ejecutivo no ha presentado un informe.
El último miércoles, las familias Sotelo y Pintado se reunieron con Elice en la sede del Ministerio del Interior.
En este encuentro- según contó Carlos Rivera, abogado de la familia Sotelo- el ministro del Interior y el jefe de la Oficina de Integridad Institucional de la Policía les informaron que la pesquisa preliminar ha sido concluía, pero no le adelantaron las conclusiones. Agregó que el documento aún estaba pendiente de aprobación.
“Con ese informe recién va a comenzar un proceso administrativo sancionar, sobre los cuales virtualmente los policías pueden ser destituidos”, manifestó Rivera a El Comercio.
El letrado dijo que en el marco de las conversaciones en la comisión multisectorial- que integran la PCM, y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Interior, Salud y EsSalud- es poco a lo que se ha comprometido el Ejecutivo con los deudos y los heridos del 14 de noviembre. “El balance es negativo y muy insuficiente”, subrayó.
Rivera, en cambio, sí consideró que la investigación en el Ministerio Público ha tenido avances importantes como la recuperación de documentos, la reconstrucción de los hechos y el recojo de los testimonios de los agraviados. Aunque subrayó que la pesquisa ha sido traslada a la fiscal especializada Yousi Aburto por orden de la Fiscalía de la Nación. Aburto tendrá este lunes acceso a la carpeta.
“Si el presidente se refiere a la investigación preliminar, esa está terminada, pero ese es el primer paso de varios, para iniciar procesos administrativos de corte sancionador, no es que con el informe de la Oficina de Integridad Institucional de la Policía ya se va a sancionar a los policías. Nos falta un largo trecho por recorrer”, acotó.
Pacha Sotelo- hermano de Inti Sotelo- dijo que después de casi dos meses, el Ministerio del Interior “recién” iniciará una investigación de tipo administración. “Es una burla”, expresó a este Diario.
Sotelo, quien dirige la asociación de los deudos y heridos del 14 de noviembre, también señaló que en la comisión multisectorial “no hay nada concreto”.
4. “Y esta vacuna china es una de las vacunas tradicionales que se hace con un virus atenuado, como tenemos desde 1793, si mal no recuerdo, con la primera experiencia de la vacuna, en una larga historia de vacunas como estas, que son perfectamente seguras”.
Esta afirmación es falsa
El presidente Sagasti señala que la vacuna que desarrolla el laboratorio Sinopharm (China) utiliza una versión atenuada del coronavirus (SARS-CoV-2), pero en realidad usa una versión “inactivada”.
El Ministerio de Salud, a través de la Resolución Ministerial N°719-2018, estableció el Esquema Nacional de Vacunación. Y en ese documento hacen la diferencia entre un concepto y otro.
Por ejemplo, indica que las vacunas inactivadas, que es la que Sinopharm prueba en el Perú, están “compuestas por gérmenes muertos que han perdido su capacidad patogénica, pero conservan la capacidad inmunogénica”. Es decir, provocan una respuesta inmune en la persona que la recibe, pero no generan que esta se enferme.
Las vacunas atenuadas, por su lado, están “compuestas por microorganismo infecciosos vivos que muestran bajos niveles de virulencia”, pero que “conservan la capacidad inmunogénica y estimula la inmunidad protectora”. El Minsa indica que esta clase de vacunas “muy raras veces son capaces de causar formas graves de la enfermedad”.
En resumen, la vacuna desarrollada por Sinopharm no tiene que base un virus atenuado del coronavirus, como refiere Sagasti, quien fue presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento.
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