El Poder Judicial ordenó este viernes impedimento de salida del país por 18 meses contra el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, luego que la fiscalía pidiera esta restricción en el marco de una investigación en su contra por el caso OAS.
El fiscal Carlos Puma Quispe, del equipo especial Lava Jato, había solicitado que se ordene esta restricción, pero por un plazo de 36 meses.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó similar medida para el ex congresista José Luna Gálvez, así como para Martín Bustamante, ex hombre de confianza de Castañeda.
Tampoco podrán salir del país durante 18 meses: Giselle Zegarra (ex funcionaria de la Municipalidad de Lima), Jaime Villafuerte y Bruno Lucchetti.
El Comercio accedió al documento que el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios envió a la Superintendencia Nacional de Migraciones para notificarle que dictó impedimento de salida contra Castañeda.
Según la Fiscalía, el impedimento de salida del país busca garantizar la continuidad de las investigaciones que se siguen por el caso de las adendas del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, el ‘by-pass’ de 28 de Julio y el aumento tarifario de los peajes en el año 2016, durante la tercera gestión de Castañeda en la Municipalidad de Lima.
La fiscalía presume que hubo irregularidades y sospechosos pagos por parte de OAS. La tesis fiscal sostiene que habría existido una concertación entre la constructora y Luis Castañeda para que se entregue el ‘by-pass’ de 28 de Julio en sustitución del parque Río Verde.
“Dar la libertad para que un procesado se ausente del país es correr el riesgo de que no vuelva”, sostuvo ayer el fiscal Carlos Puma en audiencia, tras señalar que en esta etapa de la investigación, cuenta con los indicios necesarios para presumir la comisión de delitos.
-Los argumentos del PJ-
En su resolución, el Poder Judicial enumera 43 elementos de convicción para emitir la medida contra Castañeda.
- Las imputaciones-A Castañeda Lossio se le imputa no haber ejercido su deber de vigilancia respecto de las gestiones realizadas por sus funcionarios que fueron designados directamente por él en los hechos que se investigan.
También se le atribuye que en su calidad de alcalde habria favorecido indebidamente a la empresa concesionaria en la negociación y suscripción de la adenda número dos al contratto de concesión del proyecto Línea Amarilla así como la negación y sucripción de la adenda al contrato de fidecoimiso del proyecto Río Verde.
Igualmente la fiscalía dice que Castañeda antes de ser elegido alcalde de Lima por tercera vez habría dispuesto que se realicen acciones sobre lo que sería más adelante el bypass 28 de Julio, ya que la empresa concesionaria venía realizando estudios técnicos para esa obra antes de que él asumiera su gestión municipal.
La fiscalía cree que Castañeda y sus coinvestigados habrían convertido o transferido dinero de la empresa OAS para la campaña municipal del 2014, cuyo origen ilícito-dice- conocieron o debieron presumirlo.
Finalmente, el Ministerio Público considera que Luis Castañeda sostuvo reuniones con Martín Bustamante y Leo Pinheiro (ex presidente de OAS) para coordinar la entrega de dinero para la campaña, el cual habría tenido como posterior receptor a José Luna Gálvez, entonces secretario general de Solidaridad Nacional. Esto habría sido con la finalidad de evitar la identificación del origen del dinero y su posible incautación.