El congresista Mario Mantilla (Fuerza Popular) adelantó que este viernes la Comisión Permanente del Congreso sesionará para confirmar su designación como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El 15 de agosto, el legislador, quien fue anteriormente presidente de la Comisión de Producción (2016-2017) y luego primer vicepresidente del Parlamento (2017-2018), fue designado por la bancada fujimorista como titular de este grupo de trabajo. Este cargo fue asumido previamente por César Segura.
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El parlamentario afirmó que mientras esta instancia del Parlamento no confirme su elección al frente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no se puede saber una fecha precisa de cuando comenzarán a sesionar.
“Tengo entendido que este viernes sesionará la Comisión Permanente y allí tienen que designar a quién va a dirigir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a partir de ahí recién se puede instalar la comisión. Antes de que la Comisión Prmanente no designe el presidente, no va a ser posible que se hagan las sesiones”, dijo a El Comercio.
-Casos pendientes-
Este grupo de trabajo tiene aún pendiente designar el delegado encargado de ver la denuncia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien imputo al fiscal supremo Pedro Chávarry por supuesto atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador), un ilícito menor que es sancionado con hasta dos años de pena privativa de la libertad.
La titular del Ministerio Público acusó a este por la presunta irrupción en una oficina lacrada del Ministerio Público y sustracción de documentos en la misma.
Se trataba del despacho del exasesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte, allanado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, como parte de la investigación seguida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
La Comisión Permanente aprobó otorgarle a la subcomisión un plazo de 15 días hábiles para que, tras designar a un delegado o ponente, presente un informe final sobre el caso. Este punto está pendiente aún.
Asimismo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá atender la denuncia del congresista Ángel Neyra (Fuerza Popular), quien acusó al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry de haber cometido infracción frente a seis artículos de la Carta Magna, ocho del reglamento de dicho poder del Estado, cinco del Código Penal y cuatro de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
La acusación se centra en el Decreto de Presidencia 004-2018-2019 con el que, el 21 de julio pasado, el entonces titular de la Mesa Directiva incluyó en la agenda de la legislatura ampliada un pedido para que los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez — suspendidos desde junio del 2018— sean reincorporados.
Con esa medida, Daniel Salaverry modificó un Decreto de Presidencia anterior del 14 de junio, mediante el cual amplió la Segunda Legislatura Ordinaria del período anual de sesiones 2018-2019 hasta el 25 de julio. Mediante esta primera medida estableció una “agenda fija” para que el pleno se avoque a los seis proyectos de reforma política del Ejecutivo, informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobados por la Comisión Permanente y dictámenes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.
El cambio en la agenda se hizo solo cuatro días antes del fin de esa legislatura ampliada.
Consultado por El Comercio, Mario Mantilla evitó comentar sobre si estos casos serán su prioridad cuando asuma como nuevo presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
“Yo no puedo adelantar nada todavía en cuanto no asuma la presidencia. No quiero pecar de eso, porque están como que distorsionando un poco lo que yo digo. Mientras yo no asuma la presidencia, no voy a decir qué es lo que voy hacer. El rato que yo asuma, recién puedo decir cómo voy a actuar”, sentenció.