Subcomisión archiva otra denuncia contra Dina Boluarte por no renunciar a sus funciones en el Reniec

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes, en su décimo novena sesión ordinaria, un informe de calificación que desestimó una nueva denuncia contra la presidenta Dina Boluarte.

Se trata de la Denuncia Constitucional 223, formulada contra Boluarte Zegarra en su condición de extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se aprobó por mayoría (10 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención).

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A la presidenta de la República se le acusaba de presunta infracción constitucional y por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

Todo ello por supuestamente haber ejercido la vicepresidencia de la República y el cargo de ministra, sin haber renunciado a sus funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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La denuncia, de acuerdo con el informe de calificación elaborado por la secretaría técnica de la subcomisión, cumplió con los requisitos formales, pero no con los criterios de admisibilidad.

Hecho el análisis, se determinó que la presidenta no incurrió en la infracción de ninguno de los artículos de la Constitución o del Código Penal, y por ello se declaró improcedente la denuncia.

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También se continuó con la audiencia de las Denuncias Constitucionales 285, 287 y 369 (acumuladas) interpuestas contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice.

A todos ellos se le acusa por la presunta infracción a los artículos 2, incisos 2 y 15; 45; 118 inciso 1, 139 incisos 3 y 5 y 172 de la Constitución; y los presuntos delitos de abuso de autoridad y de nombramiento ilegal para un cargo público, tipificados en los artículos 376 y 381 del Código Penal, respectivamente.

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Como testigos estuvieron presentes los tenientes generales PNP Orlando Velasco Mújica; Jorge Lam Almonte; Herly Rojas Liendo; y los generales en retiro PNP Alexis Bahamonde Chumpitaz; Roger Calongos Aguilar; Alexander Manay Guerrero.

Las denuncias se presentaron tras el pase a retiro de 19 generales de la Policía Nacional (PNP), a raíz de las muertes ocurridas en las protestas contra Manuel Merino, en noviembre del 2020.