Durante la sesión de este martes 4 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex.
Se trata del primer paso de un largo camino que recorren este tipo de demandas en el Congreso. Constitucionalistas consultados por este Diario advirtieron que la acusación no prosperaría.
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Es la investigación que la fiscalía abrió contra la mandataria por haber recibido relojes de la conocida marca suiza y otras joyas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Para la fiscalía, existen indicios de que Boluarte “habría incurrido en actos delictivos” durante su desempeño funcional como jefa de Estado.
La ruta que seguirá la denuncia
De acuerdo con el artículo 89 del reglamento del Congreso, que establece el proceso de una denuncia constitucional, una vez que se informa (da cuenta) de la demanda, la subcomisión tiene 10 días hábiles para calificarla, es decir, revisar si cumple con los criterios de forma, principalmente que la persona denunciada esté comprendida dentro del artículo 99 de la Constitución.
Si la denuncia se declara procedente en la SAC, esta pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas. Si también prospera en dicha instancia, se otorga a la subcomisión un plazo de 15 días hábiles para investigar y elaborar un informe final.
En esta etapa la SAC nombra a un congresista delegado del caso que se encarga de realizar las pesquisas. Además, se notifica al denunciado sobre el proceso para que formule sus descargos y presente los medios probatorios.
Luego, viene la etapa de audiencias, en esta fase participan todos los involucrados: denunciantes, denunciados, testigos y los integrantes de la subcomisión.
Posteriormente, el congresista delegado elabora el informe final que recomienda si se acusa o se archiva la denuncia. Se debate y se vota en la SAC. Tras ello, el documento se debate se y vota también en la Comisión Permanente. Si prospera en las dos etapas pasa al pleno, que tiene la decisión final.
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Posturas
Los constitucionalistas Natale Amprimo, Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina señalaron que la demanda del fiscal de la Nación no prosperaría porque, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, la jefa de Estado solo puede ser acusada por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso sin causa, impedir el funcionamiento del Congreso o de las instituciones del sistema electoral.
Para los especialistas, el caso presentado por Villena contra la mandataria es bastante sólido y podría servir como argumento para una eventual moción de vacancia.
Sin embargo, a criterio de Amprimo nada impide que la SAC la investigue. No obstante, advirtió que el caso no podría pasar al pleno hasta que concluya el mandato de Boluarte “porque los delitos imputados no están en el 117″.
“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede recomendar la acusación [de Boluarte] o que [la demanda] sea mandada al archivo. En el primer escenario, la Comisión Permanente también puede darle luz verde, pero no presentar el informe al pleno. De ser así, el caso queda en manos del siguiente Congreso”, dijo.
A su juicio, esta denuncia “no afecta la permanencia de la presidenta Boluarte” al frente del Gobierno porque “no puede ser acusada por esos delitos en el ejercicio de sus funciones”. No obstante, bajo su óptica, la denuncia del fiscal puede hoy o más adelante generar la comisión de una vacancia. “Esa es una decisión política, que dependerá que haya o no los votos”, concluyó el excongresista.
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En tanto, Rospigliosi opinó que la denuncia ni siquiera debería ser admitida a trámite. “El artículo 117 es muy claro. Señala que el presidente no puede ser acusado salvo por traición a la patria”, afirmó.
“El Congreso no la puede procesar porque no la puede acusar. En los 200 años de república nunca un presidente en funciones ha sido procesado constitucionalmente”, subrayó.
Pero, a su juicio, la investigación del fiscal no “es en vano” y, “como pasó con Castillo”, debe ser tomada como argumento para sustentar una moción de vacancia por incapacidad moral permanente.
“Esa es la válvula de escape, pero no quieren hacerlo porque quieren seguir cobrando estos dos años sus sueldos. Los argumentos del fiscal de la Nación son contundentes”, indicó.
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En tanto, Urbina afirmó que es probable que la denuncia permanezca suspendida hasta que Boluarte culmine su mandato, pero no descartó que “se dé una interpretación extensiva, que es lo que se propuso en el Gobierno de Castillo, para que en atención al principio de la lucha contra la corrupción se amplíe la interpretación del artículo 117 y se pueda acusar al presidente por causales distintas”.
“Pero esto lo tiene que hacer el Congreso de la República. El Tribunal Constitucional lo puede sugerir en atención a la demanda competencial que va a presentar el Ejecutivo, pero la interpretación no la hace el TC, la tiene el Congreso. La última palabra la tiene el Congreso”, remarcó.
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¿Qué dice la denuncia?
Para la fiscalía, existen indicios de que Boluarte habría incurrido en el presunto delito de cohecho pasivo impropio. Esto por recibir relojes de alta gama y otras joyas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
El Ministerio Público señaló que la mandataria presuntamente recibió de Oscorima, “en calidad de donación”, tres relojes Rolex valorizados en US$ 18.250, US$ 26.215 y US$ 20.217. Los objetos se encuentran incautados desde abril pasado.
Según la investigación, Boluarte recibió un par de aretes argolla de oro con diamantes, de US$ 5.512; y una pulsera Bangle con 94 brillantes, de US$ 9.900. Todo ello “con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”, precisó la fiscalía en la demanda.
Estos son los tres modelos de Rolex que fueron incautados por la fiscalía.
El Ministerio Público dio cuenta de 33 elementos de convicción en la denuncia constitucional contra Boluarte. Entre ellos se encuentra el testimonio de la abogada Carmen Giordano Velásquez, amiga de la presidenta, quien aseguró que presenció la intención de Oscorima de entregarle al menos un Rolex.
Además, la propia presidenta reconoció ante el Ministerio Público que Oscorima le entregó tres Rolex de manera progresiva. Según ella, lo hizo en condición de préstamo, para que luzca “relojes bonitos”.
“[Los relojes] fueron prestados de amigo a amiga, en una amistad personal. [...] Igual, en su interés de que su amiga Dina se viera bien, vino días antes del 28 de julio a Palacio y me dijo: ‘Hermana, usa esta pulsera, quiero verte bien’”, relató la presidenta el 5 de abril pasado.
La fiscalía posee las boletas de venta que emitió la Casa Banchero a favor de Oscorima por la compra de un Rolex Datejust, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle. Además, cuenta con el acta de allanamiento a la casa de Boluarte, donde se encontró la tarjeta de identificación de la pulsera.
La denuncia incluye parte de la declaración de Enrique Vílchez, exsecretario general de Palacio, quien dijo que no es usual que Boluarte reciba en su despacho personal a autoridades regionales o locales.
También se incluye en el testimonio de Jéssica Camacho Medina, quien en el año 2023 se desempeñó como directora general de Presupuesto Público, brindado el 14 de mayo ante la fiscalía. Señaló que “principalmente me solicitaba la renuncia por motivos políticos porque el equipo de la presidenta de la República no estaba contento con mi trabajo”.
Otros elementos de convicción son los decretos supremos que autorizan transferencias de partidas a favor de distintos gobiernos regionales, entre ellos el de Ayacucho.
La denuncia constitucional precisa que entre marzo de 2023 y marzo del 2024 se aprobaron 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho, en los que se advierte la intervención del Poder Ejecutivo, por un total de S/ 194,8 millones.
Se trata de la segunda denuncia constitucional que presenta la Fiscalía de la Nación contra Boluarte desde que asumió la presidencia.
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Otra denuncias del Ministerio Público
- La primera demanda contra Boluarte fue realizada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides en noviembre pasado, por las muertes durante las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
- Con respecto a esta denuncia, que ha tenido un lento avance, Camones dijo que está todavía pendiente el informe de calificación para debate y votación. No dio mayores detalles.
