El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que una subsidiaria de Odebrecht registró ayer una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el valor de los activos del Gasoducto Sur Peruano (GSP), como había revelado más temprano El Comercio.
Además, el ente encargado de la defensa del Estado en arbitrajes internacionales dijo que “ejercerá su derecho de defensa” y que “se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”. Argumentó también que el contrato del GSP fue terminado por incumplimientos de parte del consorcio que integraba la constructora.
“El Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado”, asegura el comunicado.
Odebrecht Latinvest ingresó ayer una demanda ante el Ciadi por US$1.200 millones. Según el MEF, sus argumentos son que el gobierno canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, que adoptó “otras medidas relacionadas con el proyecto que violan" sus derechos, y que todo ello va en contra de las obligaciones del convenio suscrito entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.
“Las otras medidas que adoptó el Estado y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero del 2017. Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje, sin embargo, que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP”, explica el comunicado.
Finalmente, el MEF resalta que “el Perú tiene una sólida trayectoria en casos de demandas internacionales”. Según el documento, el Estado peruano ha obtenido fallos favorables por más de US$50.000 millones y recuperado aproximadamente US$110 millones.