Las congresistas Luz Salgado y Rosa Bartra, de Fuerza Popular, insistieron este miércoles en sus críticas al acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht luego que este fuera homologado (aprobado) por el Poder Judicial.
Ambas legisladoras coincidieron en indicar que el acuerdo favorecería a la empresa brasileña. “La deuda pactada para 15 años (con Odebrecht) no sabemos realmente cómo se va a pagar. Realmente es muy preocupante”, señaló la vocera alterna de la bancada, Luz Salgado.
Según la legisladora, otros países han tomado precauciones con Odebrecht para preservar sus propios intereses mientras que Perú “ha sido muy blando”.
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“Lo que veo es que hay más bien una preocupación porque la empresa salve sus propios intereses desde Brasil y no sé cómo se está defendiendo lo nuestro. Se necesita un pronunciamiento de quienes han estado en estas negociaciones que nos digan cómo se garantiza que las obras se terminen, se paguen indemnizaciones y multas y todo lo que se han llegado por el pago de coimas”, comentó.
Rosa Bartra remarcó que hay un peligro de que Odebrecht no pague la reparación civil luego que se reportara un riesgo de declaratoria de quiebra de parte del holding de esta firma en Brasil.
“En noviembre pasado llamé la atención respecto a la oportunidad de este acuerdo porque Odebrecht había entrado en 'default', entraba en proceso de quiebra y no había podido honrar su compromiso de pago de bonos [...] Estoy segura que la historia, el tiempo, serán los mejores jueces y nos van a dar la razón [...] Se le está dando todo a una organización criminal que ha pervertido nuestro sistema”, manifestó la congresista.
En la otra orilla, el congresista Gino Costa (Bancada Liberal) destacó la homologación del acuerdo con Odebrecht. Señaló que permitirá utilizar las pruebas aportadas ante la justicia.
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Respecto a esta información de la presunta quiebra de Odebrecht, Rafael Vela Barba precisó que en Brasil la empresa ha entrado en un proceso concursal de protección patrimonial y que se trata de otra persona jurídica la que firmó el acuerdo con la fiscalía peruana.
“No se trata de una quiebra, sino de un proceso concursal de protección patrimonial [...] Si no es aprobado por acreedores y la empresa se procede a la declaratoria de insolvencia y solo después de eso procede la quiebra”, señaló el fiscal del equipo especial Lava Jato.