La defensa del Partido Aprista presentó el pasado 3 de octubre un recurso para que concluya la investigación preliminar que se abrió luego de que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, declarara que la constructora aportó US$200 mil para la campaña electoral del 2006.
En febrero de 2018, Jorge Barata dijo ante los fiscales del equipo especial Lava Jato: “solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir y que creía podíamos aportar. Después de muchas discusiones fueron haciéndose los aportes en esa época”. Añadió que se trató de dinero no contabilizado.
A raíz de esta declaración, el Partido Aprista es investigado por el presunto delito de lavado de activos bajo la Ley de Crimen Organizado, desde el 4 de junio del 2018. Dicha norma permite que la Fiscalía indague por un plazo máximo de 36 meses.
Según pudo conocer El Comercio, la agrupación política ha solicitado al Poder Judicial un control de plazos a la investigación dirigida por el fiscal José Domingo Pérez. Se tiene previsto que el juez Richard Concepción Carhuancho evalúe el pedido de la defensa en una audiencia que se realizará el próximo jueves 7 de noviembre, desde las 9 de la mañana, en la sede de la Sala Penal Nacional.
Será el magistrado a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional quien decida sobre el futuro de las investigaciones al Partido Aprista. En caso de darle la razón a la defensa, el fiscal Pérez solo tendría dos opciones: pasar cuanto antes a la siguiente etapa de la investigación y formalizar la pesquisa, o archivar la misma.
Lo cierto es que la Fiscalía ha determinado que, al tratarse de un caso complejo, es necesario contar con más días para la investigación. El equipo especial tuvo ocho meses como primer plazo para la investigación. Luego, este periodo fue ampliado por ocho meses más, con una disposición emitida en febrero de este año.
El 17 de setiembre, la Fiscalía consideró necesario un plazo mayor y determinó extender la pesquisa por 20 meses más. De esta forma, se cumpliría con el plazo que otorga la ley: 36 meses.
En el mismo caso está incluido el exministro aprista Luis Alva Castro, sobre quien pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, tras ser sindicado por la Fiscalía como el nexo entre Jorge Barata y el Apra, para la entrega de aportes.
-Defensa-
En diálogo con este Diario, José Pimentel, confirmó la presentación del recurso y consideró que la última ampliación de plazo hecha por la Fiscalía sería nula, por haber sido dispuesta fuera del plazo correspondiente.
“El cómputo de los plazos no ha tenido consideración los rigores del Código Procesal Penal”, expresó.
El letrado añadió que la investigación preliminar “habría necesariamente finalizado y tendría que ponérsele término para pasar a la siguiente etapa”.
Al ser consultado sobre el eventual archivamiento de la investigación, declaró no saber cuál será el criterio del Ministerio Público, pero que él “está llamado a hacer valer los derechos” del Apra.