La luna de miel del naciente gobierno de Francisco Sagasti parece estar llegando a su fin. Contra lo que se podría haber pensado, los dos factores de mayor perturbación del gobierno han estado lejos de la calle y el Congreso, los dos espacios en que habitaban los mayores temores, dado el precario equilibrio del que surgió la presente gestión.
Lo que sucede en Ica corresponde –más que a la calle– a la carretera, una geografía privilegiada para el tipo de protestas que caracterizan las demandas fuera de la capital.
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Llama la atención el tiempo que ha pasado entre la aprobación de la disposición que extendió el régimen agrario por parte del Congreso disuelto (20/9/2019) y su ratificación a través de un decreto de urgencia firmado por Martín Vizcarra y sus ministros mientras gobernaba sin Parlamento (29/12/2019).
Si alguna continuidad puede hallarse, esta se ubica en el Ministerio de Trabajo, donde el encargado del despacho, Javier Palacios, repite el cargo que tuvo en el Gabinete liderado por Walter Martos. Palacios, además, era viceministro de Sylvia Cáceres, quien avaló con su rúbrica la disposición legal hace poco menos de un año.
El otro frente es el policial, donde la audacia del saliente ministro Rubén Vargas por empujar una reforma sin llamarla así podría estar creando un tema muy difícil de manejar en una transición tan corta.
Ciertamente, acciones policiales recientes (como las circunstancias en que renunció el ministro Carlos Morán –en medio de acusaciones de corrupción en varios altos mandos–, o la indiscriminada represión durante la protesta que terminó con el amago de gobierno de Manuel Merino) ameritaban acciones de investigación y corrección.
El gobierno de Sagasti contaba con tal mandato. Pero queda la duda de si un cambio como el efectuado era prudente para un gobierno con una agenda tan acotada: atención de la pandemia y posibilitar comicios limpios.
De hecho, la entrevista al presidente Sagasti la noche del domingo 29 mostraba a un mandatario prudente, consciente de las limitaciones de un gobierno por encargo, distinto de uno instalado por el voto popular. Sobre el cambio constitucional, dijo no tener “el mandato, en este gobierno de transición, de emergencia”.
En el frente parlamentario, en cambio, el Ejecutivo aseguró su primera victoria con la aprobación del presupuesto del 2021. Se encamina, ahora, a buscar el voto de investidura al Gabinete liderado por Violeta Bermúdez, en circunstancias muy complejas. La misma Bermúdez se ha dedicado los últimos días a reunirse con las bancadas parlamentarias, algo que seguramente contribuya a su cometido.
Pero es precisamente este desfase entre la formalidad política (la relación Ejecutivo-Parlamento) y la cotidianidad política (gestionar los asuntos públicos) patente en el conflicto laboral donde se notan los principales retos que enfrentarán los gobiernos de Sagasti y de quien lo suceda: maniobrar una pesada olla de presión. ¿Existirá la habilidad para hacerlo entre las numerosas candidaturas en contienda?
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