El presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, apeló la decisión del Poder Judicial que declaró improcedente el recurso de hábeas corpus interpuesto contra la fiscal Norah Córdova que investiga el Caso Petro-Perú.
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A través de un escrito, solicitó que una sala superior revise el caso pues considera que la resolución del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, no se ajusta a los argumentos que esgrime.
La demanda contra Córdova fue interpuesta por una presunta afectación a la inviolabilidad de domicilio y amenaza contra los derechos de Pedro Castillo por el ingreso de fiscales del caso a Palacio de Gobierno en diciembre del 2021.
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Sin embargo, el juez de primera instancia resolvió que “no se observaba, de manera clara y directa, una afectación” al derecho a la inviolabilidad del domicilio, pues el ingreso de los fiscales del Caso Petro-Perú contó con el consentimiento consciente y libre de los funcionarios de Palacio de Gobierno.
Además, aseguró que no habían elementos suficientes para considerar que existía una amenaza en contra de los derechos del mandatario.
La fiscal Córdova Alcántara investiga a la empresaria Karelim López; al gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez; y otros por presuntos actos irregulares en la licitación de Biodiésel B100.
En declaraciones a El Comercio, el abogado Eduardo Pachas confirmó que han apelado la decisión porque consideran que sí se vulneraron los derechos del jefe de Estado.
Para el abogado, la resolución del juez de primera instancia sí indica que hubo vulneración a los derechos de Castillo y que la fiscal no tenía competencia para acudir a Palacio de Gobierno, entre otros aspectos.
“Pero yo digo que no, porque la investigación sigue en manos de ella. La vulneración al derecho ha existido. Mantenemos nuestra posición y esperamos que la segunda instancia ampare nuestro derechos constitucionales reclamados “, afirmó Pachas.
Reiteró que, durante las diligencias en Palacio de Gobierno, la fiscalía trató de ingresar a la oficina del despacho presidencial que era parte del domicilio de Pedro Castillo y, por tanto, hubo un agravio.
El abogado reconoció que actualmente, una investigación contra el presidente Pedro Castillo ya quedó en manos de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pero indicó que insisten con la demanda porque la fiscal Norah Córdova debe ser apartada de la investigación del Caso Petro-Perú y hasta destituida por opinar sobre política.
“La Constitución Política es clarísima, no solo es el hábeas corpus, es el contexto en el que se presentó. La ley prohíbe que los jueces y fiscales hagan política; y la Junta Nacional de Justicia también señala que es causal de destitución cuando un juez y fiscal estando prohibido de una acción la realizan”, explicó Pachas.
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