El Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, ordenó al Congreso de la República que suspenda de forma provisional la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en atención a una demanda que fue presentada y que busca anular el proceso que iba a realizarse en los plenos de los días 7 y 8 de julio.
La medida fue dictada por la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, quien horas antes había admitido a trámite la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala contra la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; el presidente de la comisión especial para el proceso de evaluación de candidatos al TC, Rolando Ruiz; y el procurador público del Poder Legislativo.
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Esta demanda pide la nulidad de todos los actos realizados en el Parlamento y la comisión especial, así como la convocatoria de los plenos para los días miércoles 7 y jueves 8 de julio y cualquier otro acto parlamentario que tenga como finalidad “nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”.
Cabe indicar que la Oficialía Mayor del Congreso ya había convocado formalmente y publicado la agenda para los plenos de los días 7 y 8 de julio, en los cuales se incluyó el debate para votar la selección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional entre los quince candidatos que superaron todas las etapas del proceso de la comisión especial.
En la resolución publicada esta tarde, que otorga la medida cautelar y ordena paralizar la elección de magistrados, la jueza constitucional le otorgó la razón a Walter Ayala en el sentido de cuestionar que la comisión especial no haya publicado de manera transparente la calificación y justificación de los puntajes otorgados a los postulantes para el TC.
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“Se desprende que el demandante solicitante ha logrado acreditar la verosimilitud del derecho invocado, por lo que el presente presupuesto cautelar ha sido satisfecho”, señala el documento, en el que se descartan otros dos cuestionamientos al proceso como un supuesto direccionamiento político en el interrogatorio y la decisión de retomar el concurso pese a que el actual Congreso había desestimado llevarlo a cabo el año pasado.
Este argumento, junto a la convocatoria de los plenos para los días 7 y 8 de julio como fundamento para considerar que hay un peligro de “perjuicio irreparable”, llevaron a la juez a considerar que la suspensión provisional del proceso es una medida “adecuada y razonable”.
La suspensión provisional de la elección de los miembros del TC deberá ser acatada, según esta resolución del Poder Judicial, porque en caso de incumplimiento procederán a actuar en el plazo de dos días conforme lo señalan los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.
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