Cinco días después de que Pedro Castillo juró como presidente de la República, el Ejecutivo informó, a través de un comunicado, que el mandatario despachará en Palacio de Gobierno, “en tanto se determina el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial”.
Durante su primer mensaje a la nación, Castillo había dicho que no ejercerá el poder desde la Casa de Pizarro por considerarla un “símbolo colonial”. Sin embargo, la incógnita sobre cuál será su nueva oficina aún se mantiene.
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El docente, tras asumir la presidencia, no ha pisado Palacio de Gobierno y ha optado por mantenerse en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, que utiliza como centro de operaciones desde el inicio de la segunda vuelta. Por ejemplo, hasta el referido lugar acudió el hoy ministro de Economía, Pedro Francke, la madrugada del viernes 30.
La conversación entre el mandatario y el economista se extendió por más de dos horas, según informó Exitosa. Horas después, Francke fue designado ministro.
Uno de los vehículos observados el último sábado en esta calle fue el de placa EGY-552, de propiedad del despacho presidencial.
Durante la mañana del domingo, el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, estuvo también en la casa de Breña. La calle ha sido cerrada con rejas metálicas y un numeroso grupo de policías resguarda los alrededores. Otro de los edificios a los que el mandatario fue asiduo es el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja.
La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), saludó que el mandatario haya decidido despachar desde Palacio de Gobierno, pero remarcó que espera que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) responda a la solicitud que hizo, a fin de conocer todas las citas de Castillo en los últimos días.
“Me parece una buena decisión, es lo que siempre tuvo que ser. Como la carta [con la solicitud de información] está enviada, ellos tienen que responder”, manifestó a El Comercio.
Ley ignorada
Ley ignorada
Evitar reuniones en la sede institucional significa también la evasión de la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública (Ley 28024), y con ello principios básicos de transparencia. El artículo 5 enlista al presidente de la República como el primer funcionario comprendido en el ámbito de esta legislación. El artículo 16 especifica que se debe dejar constancia de la comunicación que tenga como funcionario con gestores de intereses –la persona que se comunica con el propósito de influir en una decisión pública– y está prohibido de “atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional”.
De manera excepcional, pueden darse de esta forma siempre y cuando sean programados previamente en la agenda oficial, “en cuyo caso debe dejarse constancia del hecho y registrar la gestión conforme al reglamento”.
Precisamente, este documento –modificado en el 2019– detalla qué información se debe recabar si se da esta situación. Por ejemplo, los datos de la persona que realiza la gestión de intereses y la sumilla de esta gestión, que se debe registrar “dentro de las 24 horas siguientes al retorno del funcionario a su entidad”.
El constitucionalista Bruno Fernández de Córdova incidió en la necesidad de implementar el registro, pues se trata de un documento público. “Si no tienen el registro, ya la está incumpliendo [la ley], más allá del nivel de detalle que deba tener”, dijo.
El abogado consideró también que se deben incluir los despachos que pueda haber realizado el presidente Castillo desde que asumió la Presidencia. “Primero deberíamos saber la oficina desde la que estará en funciones. Pero en la medida de que son reuniones de trabajo en mérito a su cargo de presidente, las debe transparentar”, añadió.
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En ese sentido, la actualización de la información en el portal de transparencia no es una opción, sino una obligación. “Tiene que actualizarlo porque todo eso es información pública. Desde el día en que juró Pedro Castillo todas las reuniones sostenidas en su calidad de presidente de la República son de libre acceso. Tiene que regularizar las visitas que ha tenido, con qué personas y por cuánto tiempo”, mencionó Fernández de Córdova.
Respecto a posibles sanciones, el penalista Rafael Chanjan, investigador del Idehpucp, señaló que, lo más claro por ahora, es que “la consecuencia y relevancia es administrativa”. Fernández de Córdova señaló que estas recaerían en la Secretaría General de Palacio.
En cuanto a un presunto delito de omisión de funciones, este demanda un requerimiento previo en la modalidad de “omitir”, “pero lo que alguna jurisprudencia sí ha exigido, para que cualquier omisión administrativa no llegue a ser delito, es que exista un perjuicio a algún administrado (tercero)”, indicó Chanjan.
En tanto, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que para que el Ministerio Público ejerza la acción penal contra un funcionario por el delito de omisión de actos funcionales, “el plazo legal establecido para que el acto sea ejecutado debe haberse excedido”, añadió Chanjan.
El congresista Jaime Quito, vocero alterno de Perú Libre, dijo que el presidente no les ha informado a dónde será trasladado el despacho presidencial y que tampoco les había indicado desde dónde despachaba. Sin embargo, dio algunas pistas: “Todas las acciones está realizándolas en los ambientes donde han jurado los ministros”. Las ceremonias se desarrollaron en el Centro de Convenciones de Lima y el Gran Teatro Nacional.
Piden transparencia
Piden transparencia
Las visitas registradas hasta la fecha en el portal de transparencia del despacho presidencial conciernen a asuntos, sobre todo, administrativos. Desde el 28 de julio, ninguna de ellas tiene relación con el presidente.
Juan Jiménez Mayor, exjefe del Gabinete Ministerial, le recordó al presidente la posición que mantiene como funcionario. “El ejercicio de la función pública tiene determinadas características y eso parece que el presidente todavía no lo está comprendiendo. El deber de función tiene que estar relacionado con ciertas garantías, incluso de seguridad del presidente, sus colaboradores y la transparencia de todo lo que tiene que hacer”, dijo.
Si bien el secretario general de Palacio podría rendir cuentas respecto a las reuniones que sostuvo el jefe de Estado desde que asumió la Presidencia, será complicado rastrearlas, advirtió Juan Jiménez.
Añadió que Castillo “se podrá reunir con sus parientes en su casa, pero para despachar asuntos de trabajo y de competencia pública la norma es clara”, y señaló como posible responsable político al primer ministro Guido Bellido.
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La pregunta del día: ¿Desde dónde está despachando Pedro Castillo?
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