El primer ministro Vicente Zeballos aseguró que desde el Ejecutivo se ha pedido explicaciones al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, tras conocerse que es investigado por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado.
Zeballos agregó que por el momento se está “hablando de supuestos” y que si existe un “acto ilícito concreto”, el caso tiene que materializarse a través del Poder Judicial.
“Todos los ministros, incluido el premier, gozan de un espacio de confianza del señor presidente. Al ejercer una función pública, los ministros y el premier están sujetos a todo tipo de fiscalización o control político. Le hemos pedido explicaciones al señor ministro de manera ampliada, está en ese proceso y cuando tenga la información, la pondrá en consideración. Todos estamos en evaluación", dijo Zeballos.
Ayer (domingo 1), el programa Cuarto Poder reveló que la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó una investigación preparatoria contra el ministro Lozada y otras cuatro personas.
La investigación está referida a presuntas irregularidades en el contrato que en mayo del 2018 suscribieron Provías Nacional -cuando Lozada era director ejecutivo de esta entidad- y la empresa española Constructora San José por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz en Puno, proyecto que hoy se encuentra paralizado y con contrato resuelto.
Las irregularidades en esta obra, que tuvo un valor inicial de más de S/242 millones, fueron denunciadas por una de las empresas competidoras que había perdido la licitación y que sostenía que el contrato se suscribió con una firma que no había acreditado el RUC, el registro único de contribuyente, ni su código de cuenta interbancario.
Barrios también dará explicaciones
En otro momento, el primer ministro adelantó que a su retorno a Lima, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, también dará explicaciones tras ser acusada del presunto delito de peculado doloso, por la cual la fiscalía ha solicitado 9 años de cárcel.
“La ministra Barrios está fuera de Lima, entiendo que debe llegar el día de hoy en horas de la noche para a primera hora dar las explicaciones del caso”, dijo.
De acuerdo a la hipótesis del fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand, Barrios se habría apropiado de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014.
De acuerdo a la acusación, Barrios y otras cinco personas habrían simulado contratos, entre julio y diciembre de 2014, por servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la PCM.
Según el fiscal Manrique, el costo por los contratos ascendió a S/177,279, pero nunca se registraron órdenes de servicios, no existen constancias de conformidad ni evidencias de que el servicio finalmente se concretó.
Barrios se pronunció minutos después y aseguró que la acusación no tiene asidero legal. Agregó que actuó en el marco de la normativa vigente y que no se apropió de dinero ni perjudicó al Estado.
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