La Junta de Fiscales Supremos aceptó esta mañana la renuncia que presentó Pedro Chávarry al cargo de fiscal de la Nación, en medio de críticas del Gobierno, sectores de la sociedad civil y sus mismos colegas por el manejo del Ministerio Público así como sus presuntos nexos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Los cuestionamientos contra Chávarry se agravaron tras la remoción los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial que investiga los sobornos de Odebrecht y otras empresas brasileñas en el Perú.
►“Intervenir el Ministerio Público sería hacerle un favor a Toledo e Hinostroza”
►Fallas de origen, la columna de José Carlos Requena
El fiscal supremo anunció su salida anoche por medio de su cuenta de Twitter. Alegó que su decisión se produce “en defensa de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes autónomos se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente”.
Ello, en alusión al proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para la reorganización del MP y que plantea suspender a toda la Junta de Fiscales Supremos.
Tras la renuncia de Chávarry, el fiscal Pablo Sánchez, en su calidad de fiscal supremo más antiguo, debía asumir interinamente la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, este, como adelantó a El Comercio, declinó en favor de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien le sigue en antigüedad.
En comunicación con Canal N, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas indicó que en la junta también se acordó que la elección del nuevo fiscal de la Nación titular sea “por antigüedad”. “En tal sentido, la doctora Zoraida Ávalos de todas manera va a asumir el cargo de forma definitiva [por los siguientes tres años]”, agregó.
Gálvez Villegas indicó que es probable que en la próxima reunión se realicen estas elecciones.
Detalló que Chávarry solamente renunció a su cargo de fiscal de la Nación, pero que se mantiene como fiscal supremo. Agregó que estará al frente de la Fiscalía Suprema Civil.
Además, el fiscal supremo refirió que en la junta de esta mañana no se debatió la posición institucional que tendrá el Ministerio Público frente al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para declararlo en emergencia.
Zoraida Ávalos fue la única fiscal suprema que no asistió a la ceremonia de juramentación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, en julio pasado. Ella, además, fue la única que votó en contra de que el reemplazo de Pablo Sánchez asuma sus funciones tras la difusión de un audio con el suspendido juez César Hinostroza.
Ávalos ingresó hace 37 años al Ministerio Público como auxiliar de un despacho fiscal y ha hecho su carrera dentro de la administración pública hasta convertirse en fiscal suprema.
Uno de los pocos cuestionamientos que ha tenido Zoraida Ávalos fue cuando en el 2014, votó por Carlos Ramos Heredia para que se convierta en el nuevo fiscal de la Nación. Ella junto Miraval y Peláez Bardales lo eligieron y no votaron por Pablo Sánchez.
Recientemente fue designada como titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno.
El ex fiscal supremo adjunto Víctor Cubas indicó que Ávalos debería mantenerse como “interina” y no llamar a elecciones hasta que no se defina la situación de Chávarry, Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, quienes, según el informe de la fiscal Sandra Castro, estarían vinculados a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
El origen de la nueva crisis Pedro Chávarry anunció el lunes 31 de diciembre del 2018 -a cuatro horas del fin de año- “dejar sin efecto la designación de Rafael Vela y de José Domingo Pérez de las investigaciones del caso Odebrecht”.Lo justificó indicando haber perdido la confianza en el equipo por “vulnerar el principio de reserva de información” del proceso.
Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos criticaron la decisión en un comunicado difundido a medianoche.
“Sentimientos de vergüenza e indignación es lo que nos embarga porque estamos convencidos que nuestra institución no merece esto”, señalaron en la nota. “Hoy se ha dado un golpe mortal a la lucha contra la corrupción y la institucionalidad”, señalaron.
“Solo se beneficia la impunidad, pero además, estos hechos nos dejan ante la sociedad internacional como una institución debilitada y sin compromiso en la lucha contra la corrupción”, advirtieron.
El miércoles 2 de enero, Pedro Chávarry dio un paso atrás y restituyó a los referidos fiscales al equipo especial.
El equipo que dirige Vela tiene a su cargo la investigación a los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine Heredia; Alan García (1985-1990, 2006-2011) quien buscó asilo en la embajada de Uruguay y le fue denegado; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
También es indagada Fujimori Higuchi, quien cumple prisión preventiva de 36 meses acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht en su campaña de 2011.