Sandra Castro, exfiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, consideró que tienen que presentarse “elementos más fuertes” para determinar abrir una investigación a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
“Tiene que haber elementos más fuertes para abrir una investigación contra la fiscal de la nación. No es suficiente. A mí me causa asombro que digan acá tengo el audio (...) Nos denuncian, nos atacan para tratar de obstaculizar las investigaciones”, manifestó Castro en diálogo con Canal N.
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“Nos denuncian y nos persiguen con la finalidad de obstaculizar y que las investigaciones no avancen”, agregó.
Para la fiscal, las vinculaciones entre la fiscal de la Nación con la red criminal presuntamente encabezada por el exjuez supremo César Hinostroza son “falacias” y muestran un “contenido verdaderamente falso”.
“Es momento que la sociedad y los medios de prensa no se dejen sorprender de versiones, de falacias, de denuncias con contenido verdaderamente falso. Estos ataques no son de ahora, vienen desde antes. Yo soy una de las víctimas de estos ataques que realizan estos integrantes de la organización de los Cuellos Blancos”, lamentó.
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En otro momento, la fiscal remarcó que el “brazo legal” de Los Cuellos Blancos del Puerto “sigue latente”.
“Utilizan identidades de personas fallecidas, identidades de personas que no se encuentran en Reniec para ingresar denuncias contra nuestras personas”, cuestionó.
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Denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos
El pasado viernes 18, el procurador anticorrupción Javier Pacheco presentó formalmente una denuncia constitucional en el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación. En la acusación plantea que Ávalos Rivera debe ser investigada por organización criminal, cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento real y tráfico de influencias.
Según informó El Comercio, el defensor del Estado advierte la “interferencia” de Zoraida Ávalos en las pesquisas contra Los Cuellos Blancos al solicitar que todos los registros de las comunicaciones telefónicas se remitan a un fiscal distinto al que se había autorizado judicialmente.
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