“Nuestra gran preocupación es que, una vez más y en medio de esta terrible pandemia, este colectivo permanezca invisible para el Estado”. Con esa frase, Anité Puente-Arnao, presidenta de la asociación educativa Kallpa, resume el sentimiento de millones de peruanos con discapacidades intelectuales, físicas y sensoriales diferentes que siguen esperando una respuesta ante su pedido de ser considerados en el siguiente grupo prioritario para la vacunación contra el COVID-19.
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“Hay mucho desorden en el proceso de vacunación, pero también sabemos que no hay vacunas suficientes. Pero, dentro de todo, hay unas políticas de vacunación que se han planteado ya y en ningún momento se ha considerado a las personas con discapacidad”, agrega la también lideresa de la asociación Vuela Colibrí.
Ella comenta que se han enterado de los ofrecimientos del ministro de Salud, Óscar Ugarte, a fin de priorizar –luego de la vacunación a los adultos mayores– a las personas con discapacidad que tengan comorbilidades. No solo no tienen confirmación sobre esto, sino que consideran que no sería suficiente.
“No solamente ellos necesitan las vacunas, sino también sus familiares y cuidadores. Dependiendo si tienen problemas intelectuales o físicos, hay personas con las que no pueden tener distanciamiento social, porque dependen de alguien más para realizar sus actividades diarias”, señala Liliana Mayo, directora general y fundadora del Centro Ann Sullivan del Perú.
Ambas especialistas coinciden en que si para cualquier persona el proceso de hospitalización por COVID-19 implica un gran impacto emocional, para una persona con discapacidad este es mayor. “Quedan separados de sus cuidadores de la noche a la mañana y no reciben ningún abordaje emocional”, recalca Puente-Arnao.
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—Peligro latente—
Para la psicóloga Mayo, la presencia de variantes más contagiosas eleva el riesgo sobre todo en esta colectividad. “Durante la primera ola supimos de varios de nuestros alumnos que se contagiaron y hasta fueron intubados. Pero felizmente pudieron superar la enfermedad. Sin embargo, con esta nueva variante tengo familias completas que se han contagiado. Si a eso le sumamos que no hay camas disponibles para la atención, la situación es bastante complicada. Por eso es nuestro pedido”.
Diferentes asociaciones nacionales de personas con discapacidad han presentado la solicitud de prioridad ante el Ministerio de Salud. Se sabe que la representante de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down acaba de hacer un seguimiento en mesa de partes a su solicitud y le informaron que el miércoles 14 el documento fue elevado al ministerio.
“El principal problema es que esta colectividad viene atravesando por situaciones de salud emocional y mental bastantes serias durante el confinamiento. En la primera cuarentena obligatoria se tuvo que luchar para que el Gobierno pudiera autorizar las salidas terapéuticas. Pero eso se consiguió con la movilización ciudadana y no desde el mismo Estado”, reflexiona Puente-Arnao.
“Por eso estamos haciendo esta invocación al Gobierno. Aquí en Lima acabamos de volver a situación de riesgo extremo, pero también están llegando más vacunas. Entonces, es necesario que nos presten atención”, recalca Mayo.
Tras un año de pandemia, se deben revisar las necesidades de los grupos vulnerables y no invisibilizarlos.
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Más datos
- La OMS calcula que el 10% de la población de cada país en el mundo está compuesto por personas con algún tipo de discapacidad.
- Anité Puente-Arnao duda de cualquier cifra local al respecto, porque señala que el censo no estaba hecho para obtener datos sobre esta colectividad.
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