Europa aprobó el uso universal obligatorio del cargador USB tipo C para teléfonos inteligentes, tablets y dispositivos portátiles a partir de finales de 2024. Si bien esto afecta a todos los fabricantes de dispositivos, para Apple, el cual utiliza el puerto Lightning, será un cambio radical a la hora de manufacturar sus iPhone y iPads.
La compañía de la manzana tendrá que cumplir la ley aunque sea a regañadientes. No obstante, el fabricante tecnológico podría tomar también otro camino: lanzar un iPhone sin puertos que solo pueda cargarse de manera inalámbrica.
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Esa idea no es tan descabellada. Hace ya un año, un portavoz de la Unión Europea confirmó al portal Verge que un iPhone sin puertos sí estaría respetando la ley. Hay que tener en cuenta que, hasta ahora, solo se ha adoptado el estándar USB-C en caso de que los dispositivos incluyan puertos físicos, la regularización de la carga inalámbrica aún es un pendiente.
Por ende, un equipo sin puerto podría ser una solución viable para iPhone. Sin embargo, para lograrlo, Apple primero tendría que solucionar obstáculos que en la actualidad se presentan, como un modo rápido de traspasar datos entre el iPhone y un PC u optimizar la eficiencia energética de los MagSafe, los cargadores inalámbricos.
Hay que tener en cuenta de que cuando se carga un iPhone mediante el cable se aprovecha todo su voltaje, en cambio, cuando se hace de manera inalámbrica, parte de ese voltaje se pierde en el “contacto” de carga por inducción. Así, para que MagSafe cargue el iPhone a 15W se consumen 20W, es decir, un 25% (5W) de energía se pierde por el camino. Puede parecer poco, pero si se suman todos los iPhone del mundo, los números se incrementan enormemente.
DATO
La normativa adoptada este martes por el Parlamento Europeo deberá ser aplicado en forma plena en un plazo de dos años para teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, altavoces portátiles, consolas portátiles de videojuegos y lectores electrónicos, entre otros.
La normativa determina que, una vez que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la UE, los países del bloque tendrán un plazo de 12 meses para adaptar sus legislaciones internas, y otros 12 meses para tornar obligatoria su aplicación.
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