ATU dependerá del ministro de transportes de turno: el transporte en Lima toca fondo

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El escenario político es distinto –Silva está prófugo de la justicia y ahora el MTC del gobierno de Dina Boluarte es liderado por Paola Lazarte, la sexta titular del sector en menos de dos años– pero la nueva gestión ha hecho aquello que el exministro no pudo por la naturaleza del organismo técnico especializado: la gestión de turno ahora puede cambiar la cabeza de la ATU a su disposición.

Esto fue posible con el decreto supremo Nº 007-2023-MTC que incluye la “pérdida de confianza” como causal de vacancia para la presidencia de la ATU, cuyo periodo dura cinco años. El decreto fue anunciado el miércoles por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; publicado la noche jueves en la edición extraordinaria de El Peruano y ejecutado la mañana de ayer con el retiro de María Jara. En su reemplazo fue designado José Aguilar Reátegui, exdirector general de Transporte Multimodal del MTC.

Jara ha anunciado acciones legales por lo que considera un atentado a la institucionalidad del organismo. “Se ha abierto la puerta para poner a dedo a un funcionario. Ahora la ATU deja de ser autónoma, independiente, técnica y va a ser una dirección más de un ministerio que en los últimos años ha tenido 12 ministros y que está sujeta al vaivén político”, dijo ayer a la prensa.

Su posición se respalda en el informe de la oficina de Asesoría Jurídica de la ATU que concluye que el reciente decreto “contraviene la autonomía” de la ATU, que la modificación del ROF “no corresponde a ninguno de los supuestos previstos en los Lineamientos de Organización del Estado” y que no puede aplicarse la causal nueva a la presidencia en funciones.

Lo cierto es que el cambio en la ATU ocurre en medio de razonables cuestionamientos a la gestión de Jara por la nueva crisis que pone en riesgo la operación de los corredores complementarios –ya dos rutas han sido suspendidas indefinidamente– debido al imparable desborde del taxi colectivo, un servicio ilegal en Lima y Callao que otra vez intenta ser validado desde el Congreso.

Para Juan Carlos Soldevilla, urbanista y experto en transporte y movilidad, aunque era necesario contar con mecanismos para remover a la presidencia de la ATU, cuya gestión califica de mala, poner la tarea en manos de un ministerio tan volátil no es lo adecuado. Desde el 2019, el país ha tenido 13 ministros de transporte, cinco durante la gestión de Martín Vizcarra y cinco en la de Castillo.

“Por más que la gestión no sea defendible, la autonomía que debe tener esta institución es importante. Si bien se han reducido las posibilidades de que una gestión no pueda ser removida si es mala, que es lo que estaba sucediendo, la forma en la que se plantea es errónea. El ministro de turno puede removerla bajo la sola causal de que no le tiene confianza y no necesariamente por una situación técnica”, dice a El Comercio.

Con él coincide la urbanista Sofía García, quien considera que el MTC ha buscado un escape legal para no tener que modificar la ley que crea la ATU (Ley N° 30900) a través del Congreso, haciendo cambios en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Si bien considera que se puede tratar de un acto legal, “es ilegítimo y muy grave” porque, aunque en principio pueda buscar cambiar a una presidenta para acelerar cambios positivos en el transporte público, “desvirtúa la finalidad de tener una autoridad que no responda al gobierno o los intereses políticos de turno”. “A través de una ventana de oportunidad legal no se puede ir en contra del fin de la institución”, añade.

El problema de fondo es que la ATU aún carece de una integración real que permita la adopción de medidas efectivas para atender los distintos retos del transporte en Lima y Callao, como el avance de los colectivos ante la ausencia de un sistema de transporte público eficiente. Sofía García explica que, por ejemplo, se necesita que la planificación de los corredores complementarios, del metro y el Metropolitano vayan de la mano con las funciones Instituto Metropolitano de Planificación [IMP], así como trabajo conjunto con la Policía Nacional y presupuesto.

“La gestión de Jara heredó las funciones en papel y al mismo tiempo un enjambre de contratos mal hechos que, sin ánimo alguno de defenderla, impactaron en las demoras que ha habido”, añade la especialista.

Soldevilla agrega que una de las razones para el estancamiento de la movilidad urbana es inexistencia de una gobernaza real metropolitana. “La ATU tiene unas funciones, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad del Callao hacen otra cosa, los distritos también, las políticas de los ministerios no aterrizan, estamos en medio de una tormenta”, dice.

Por ejemplo, una respuesta para mejorar la operatividad de los corredores es implementar los carriles segregados; sin embargo, Soldevilla considera que falta decisión para hacerlo. “Se han realizado las evaluaciones, los puntos complicados siempre van a ser las intersecciones, pero ahí se necesita mayor coordinación. Los carriles segregados los puede hacer la ATU, pero la infraestructura es de los tres (ATU y municipalidades) y tienen que estar de acuerdo. El sistema semafórico no está a cargo de la ATU”, dice.

El día que se anunció el decreto que cambiaría la cabeza de la ATU, Otárola anunció que la finalidad era “relanzar la política pública de transporte público de Lima y Callao”. Hasta ayer no se explicaba en qué consistirá ese relanzamiento.