(Editorial) La lista se alarga

En la entrevista que concedió ayer, el presidente Ollanta Humala pareció esforzarse por no dejar las cosas claras. El indulto a Fujimori –dijo– se vería oportunamente. Sobre la postulación de su esposa a las siguientes elecciones presidenciales, precisó que se hablaría en su momento. Y sobre la compra de los activos de Repsol, señaló que no había nada definido. Fue irónico, por eso, que el señor Humala concluyese la entrevista declarando que busca hacer un gobierno “predecible” y en el que “la gente sepa qué va a pasar”.

No obstante, dentro de toda la ambigüedad que hubo en las respuestas del presidente, quedó claro que –aunque aún no exista una decisión definitiva– su interés por adquirir Repsol seguiría existiendo. Y esto no debería sorprender a nadie, pues el sábado el Ejecutivo publicó un reglamento que amplía las facultades de Petro-Perú y que facilitaría una eventual adquisición de los activos de la petrolera española.

Son varios los aspectos preocupantes del mencionado interés presidencial que ya han sido resaltados por este Diario. Por ejemplo, que nuestro país ha tenido una experiencia desastrosa –en el mejor de los casos– con las empresas públicas. O que no tiene mucho sentido que una empresa que parece incapaz de modernizar su propia refinería utilice recursos públicos para comprar otra que, además, tendría que modernizar. O que el presidente –como recalcó en la entrevista de ayer– considere que la decisión debe tomarse solo sobre la base de factores “económicos y comerciales”, olvidando que en su evaluación primero debería analizarse el factor constitucional, ya que nuestra Carta Magna prohíbe al Estado realizar actividad empresarial no subsidiaria, como la que intenta llevar a cabo con la adquisición de los activos de Repsol.

Hay, sin embargo, dos preocupaciones más que añadir a esta lista. La primera, que el presidente parece considerar que la evaluación que debe realizar consiste solo en determinar si la compra de los activos de Repsol sería buen negocio o no, sin notar que el dinero que se invertiría ya no estaría disponible para realizar otras inversiones prioritarias en el país.

Aparentemente, la compra de Repsol implicaría, por lo menos, una inversión de US$1.500 millones. Esta suma equivale aproximadamente a más de 16 veces el presupuesto actual del programa Cuna Más o a más de ocho veces el del programa Pensión 65 o a más de tres veces el de los programas Juntos y Qali Warma. ¿Por qué el Estado tendría que invertir en una incierta aventura empresarial cuando hay tanto que hacer todavía para superar la pobreza, mejorar los servicios de educación y salud, y asegurar que el Estado provea de seguridad y justicia adecuadas a sus ciudadanos?

La segunda preocupación que habría que añadir a la lista es la falta de transparencia con la que se lleva a cabo este proceso. El primer ministro hizo la manifestación inicial del interés del gobierno por adquirir los activos de Repsol. Días después declaró que era un tema que no estaba en agenda. Ese mismo día en la noche el presidente de la República se reunió con el presidente de la petrolera y nadie sabe exactamente qué conversaron. Acto seguido, el ministro de Economía, intentando calmar las aguas, declaró que la adquisición se está evaluando de manera muy cuidadosa y técnica. Y, al día siguiente, el gobierno emite un apresurado reglamento –sin la firma del señor Castilla– para allanar el camino a Petro-Perú en la discutida compra.

No se entiende por qué un tema de tal interés nacional no pueda ser manejado de forma más transparente. La cuestión, además, se vuelve más preocupante cuando uno nota que, con la norma reciente, una eventual adquisición de la operación de Repsol por Petro-Perú no tendría que pasar por el SNIP y que los funcionarios encargados de la operación no serían considerados funcionarios públicos y, por ello, tendrían menos responsabilidades legales. Y, claro, no olvidemos que todavía no se explica por qué el gobierno compraría una refinería por la que ningún privado parece haber estado dispuesto a pagar una suma considerable, y en la que habría que invertir varios miles de millones adicionales que al Estado no le sobran solo para cumplir la normativa ambiental y poderla operar.

En estas circunstancias, ¿cómo podemos estar seguros quién realmente sale ganando con la operación que pretende realizar el gobierno?