¿Sigue Argentina el modelo económico de Venezuela?

"Argenzuela". Este es el apodo con el que llaman a su país los argentinos que consideran que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lleva a Argentina por la senda trazada por su gran amigo y aliado, el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.

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La expresión reaparece cada vez que el gobierno kirchnerista introduce una medida o impulsa un proyecto de ley que algunos ven similar a una ley o medida existente en el país caribeño.

La reciente aprobación de una polémica reforma de la Ley de Abastecimiento en Argentina reavivó como nunca el uso del término y reabrió el debate sobre si Fernández sigue los lineamientos del modelo económico bolivariano.

"La Ley de Abastecimiento es un viaje a la Venezuela chavista", aseguró el líder opositor Sergio Massa, luego de que la mayoría oficialista en el Congreso sancionara la norma el pasado 18 de septiembre.

No fue el único en hacer esa comparación. Fueron muchos los críticos del gobierno que aseguraron una vez más que Argentina se estaba convirtiendo en "Argenzuela".

Sin embargo, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, negó tajantemente los paralelismos y aseguró ante el Parlamento que la ley no implica una "chavización de la economía".

La polémica legislación reforma una ley de 1974 que regula la relación entre la producción y el consumo, y otorga facultades al Estado para fijar márgenes de ganancia y precios máximos y mínimos.

La norma permite que se castigue los aumentos "injustificados" de precios y las "ganancias abusivas".

Para los críticos del gobierno, la presidenta reformó la ley porque pretende usarla para controlar a las empresas y así buscar frenar la inflación, estimada por consultoras privadas y legisladores de la oposición en casi un 40% para este año, cifra que duplica la medición oficial.

Así –aseguran- Fernández buscaría emular la fórmula aplicada en Venezuela, el único país de la región con más inflación que Argentina.

Allí existe hace años un rígido control de precios que, según algunos economistas, es el causante de la severa escasez de productos básicos que hoy aqueja a la nación caribeña.

PRECIOS CUIDADOS

En enero, el presidente Nicolás Maduro introdujo la "Ley Orgánica de Precios Justos", que autoriza al Estado a fijar precios máximos, establecer márgenes de ganancia y aplicar multas, revocar licencias o incluso aplicar penas de prisión a empresarios.

Según Maduro, la ley busca "garantizar la estabilidad de los precios" ya que, para el mandatario, la inflación y la escasez son causadas por un "sabotaje económico" de parte de las empresas y los opositores políticos.

Fernández también ha criticado públicamente a los empresarios y comerciantes argentinos que "especulan" con los precios, responsabilizándolos por las fuertes alzas.

En enero, el gobierno argentino implementó el programa "Precios cuidados", un acuerdo con los supermercados para congelar el costo de los productos básicos.

Los detractores de la presidenta afirman que ahora, con la Ley de Abastecimiento, buscará ahondar el control estatal sobre la economía, siguiendo los lineamientos de la Ley de Precios Justos venezolana.

Algunos dirigentes agropecuarios incluso aseguraron que la norma se utilizará para confiscar los granos aún sin vender que los productores guardan en sus campos a la espera de que mejore la tasa oficial del dólar (que hoy mantiene una diferencia de más del 80% con el dólar paralelo).

"Se está dando un paso más para ser Venezuela: esto es el 'exprópiese' de Chávez", aseguró tras la aprobación de la reforma el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.

"Acá se perfeccionó lo que el gobierno viene haciendo en los últimos diez años: interviniendo los mercados, poniendo precios máximos, precios mínimos, prohibiciones para importar y exportar", denunció a InfobaeTV.

"FANTASMAS"

Sin embargo, el gobierno niega rotundamente las acusaciones.

"No nos creamos los fantasmas de los empresarios, acá no hay ningún Estado que venga a intervenir, avasallar o fijar precios", aseguró ante el Congreso el ministro de Economía, Axel Kicillof.

"La economía anduvo bien en base a la libre empresa, pero queremos evitar los abusos", recalcó.

El funcionario aseguró que la reforma solo busca "dotar al Estado de instrumentos para defender a los consumidores, defender a los más débiles de los incumplimientos".

A través de la nueva norma, se creará un Observatorio de precios y un fuero especial de defensa del consumidor.

Quienes apoyan al gobierno resaltan que la Ley de Abastecimiento está vigente desde hace 40 años y sin embargo ha sido usada muy pocas veces por el kirchnerismo.

También enfatizan que las modificaciones introducidas por el oficialismo suavizan la norma, eliminando las penas de prisión y el cierre definitivo de empresas en casos de incumplimientos.

Es decir: para ellos, lejos de aumentar la injerencia del Estado en la economía, la reforma reduce el poder de intervención estatal.

¿MODELOS PARECIDOS?

Para el periodista británico Marc Rogers, del diario online en inglés The Argentina Independent, la polémica que se generó alrededor de la Ley de Abastecimiento es un típico ejemplo de las "confusiones" que se arman en torno al debate sobre los parecidos entre el modelo argentino y el venezolano.

"Es cierto que muchas de las medidas que tomó el gobierno argentino tienen parecidos con medidas chavistas, pero es exagerado decir que Argentina se está convirtiendo en Venezuela", le dijo a BBC Mundo.

Críticos del gobierno como el economista de la Fundación Libertad y Progreso Aldo Abram no están de acuerdo.

Para Abram el gobierno argentino ha seguido paso a paso la misma fórmula económica que aplicó el gobierno chavista.

"Los dos son modelos populistas que aumentaron el gasto de manera disparatada y por encima de los recursos que tenían y financiaron ese gasto público excesivo con emisión monetaria, lo que generó la alta inflación y la devaluación de la moneda local", resumió.

El economista señaló que ambos gobiernos también apelaron a las mismas "soluciones": control de cambio, restricciones a la importación, presión sobre los empresarios y uso de los fondos del Banco Central (que en ambos países perdió su autonomía).

En cambio Abraham Gak, presidente del grupo de economistas progresistas Plan Fénix y simpatizante del gobierno le indicó a BBC Mundo que ninguna de esas medidas fue inspirada por el chavismo.

"Son países diferentes con sistemas diferentes y procesos diferentes", afirmó.

"Lo único que tienen en común es que creen que el Estado juega un rol esencial en la economía y buscan mejorar la vida de los más desfavorecidos", aseguró.

COMPARACIONES

Para Gak es erróneo asumir que las restricciones cambiarias que aplica Argentina desde 2011 imitan las impuestas por Hugo Chávez en 2003.

"Muchos países aplican controles de cambio", sostuvo.

De la misma manera, opinó sobre el uso de los fondos del Banco Central, cuya Carta Orgánica fue reformada en 2012 para darle mayor capacidad al Poder Ejecutivo de usar esos fondos para financiar sus políticas: "En vez de compararnos con Venezuela podrían hacerlo con Estados Unidos", resaltó.

Para Marc Rogers hay una diferencia de base entre el modelo económico chavista y el kirchnerista: "Venezuela es socialista y Argentina capitalista", sostuvo.

Mientras que Chávez expropió más de 1.000 empresas, en Argentina las estatizaciones han sido puntuales, como en el caso de la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Aguas Argentinas y los fondos de jubilaciones privadas (AFJP).

En tanto, según Gak, los empresarios siguen siendo una fuerza poderosa en Argentina: "300 empresas controlan el 80% de la producción", observó.

Analistas como Gak y Rogers creen que quienes dicen que Argentina se está convirtiendo en "Argenzuela" son grupos interesados que buscan desestabilizar al gobierno generando temor en la sociedad.

Sin embargo, muchos críticos del gobierno sostienen que los parecidos con la Venezuela chavista son cada vez mayores y más preocupantes.

Para ellos, el lema más famoso del kirchnerismo -"vamos por todo"- es una muestra clara de ese camino, que solo podrá frenarse cuando la presidenta concluya su mandato en diciembre de 2015.