“Exclusión más que inclusión”, por María Pía Palacios

Un tema que ha generado atención en las últimas semanas es el debate de tres proyectos de ley que buscan combatir una realidad que azota a miles de familias que se encuentran en la base de la pirámide: los préstamos informales, denominados “gota a gota”. Estas iniciativas buscan la derogación o suspensión de la Ley N° 31143 que puso topes a las tasas de interés, la misma que tenía el objetivo inicial de promover la inclusión financiera de los pequeños y microempresarios. Entró en vigencia en el 2021, sin opiniones favorables de los principales organismos técnicos (SBS, MEF y BCRP) y podemos decir, a más de tres años y con cifras en mano, que dicha ley no logró su objetivo. Peor aún, ha propiciado la exclusión de la población más vulnerable del sistema financiero.

Hacia finales del 2022, el BCRP indicó que 220 mil clientes quedaron fuera del sistema debido al tope de tasas de interés a dos años de su entrada en vigencia. Según el último informe de Apoyo Consultoría, se habla ya de 300 mil casos. En contraparte, el mercado informal se ha robustecido y la Federación de Cajas indica que existen dos mil empresas ilegales de préstamos, las cuales llegan a cobrar una tasa de interés anualizada de 500%, según información del IPE publicada el año pasado.

Existen varios estudios sobre el efecto generado por el tope a las tasas de interés para los pequeños y microempresarios: el incremento del mercado negro, las enormes deudas que hacen imposible la subsistencia de las mypes y la consecuente exposición a redes de extorsión por buscar alternativas arriesgadas para cubrir necesidades de financiamiento. En otras palabras, la Ley N° 31143 distorsiona el mercado crediticio, excluye a los clientes vigentes cuyas tasas están por encima del máximo establecido, pero también obstruye toda posibilidad de crédito a potenciales nuevos clientes de bajos ingresos porque para este segmento amerita aplicar tasas más altas. Esto se fundamenta en que el riesgo es mayor y el monto de crédito, generalmente bajo, supone una inversión operativa que no necesariamente compensa a la entidad que presta.

¿Hacia dónde vamos? Hay que considerar que los microempresarios no están logrando las ventas suficientes y sus flujos de caja no están atendiendo adecuadamente sus obligaciones. De esto sabemos las microfinancieras al ver los reportes de morosidad de aquellos que persisten con gran esfuerzo en el sistema financiero. ¿Qué podemos hacer? Debemos ser estratégicos y responsables para cuidar a los clientes más vulnerables evitando el sobre endeudamiento y mitigar lo mejor posible las tasas de morosidad. Esto les permitirá sostener un historial crediticio saludable y una tasa de interés equilibrada entre su capacidad de pago y el riesgo, para mantenerse en el sistema y evitar recurrir a la informalidad que termina asfixiándolos por deudas impagables y cobranzas “gota a gota”. Las iniciativas de ley seguirán avanzando. Mientras tanto, no podemos darles la espalda a la ,ypes, ellas merecen crecer de una manera legal y con un respaldo formal que el sistema microfinanciero les puede otorgar.