Proyecto de Fuerza Popular busca que Minsa se encargue de las denuncias de colusión por venta de medicamentos: ¿qué opinan los expertos?

Actualmente el ministerio supervisa, registra y reglamenta los aspectos referentes a la venta de productos farmacéuticos, mientras que el Indecopi es el canal para la recepción de denuncias por prácticas anticompetitivas.

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De aprobarse la norma, el Minsa deberá determinar a un órgano interno que revise las denuncias en un plazo de 30 días hábiles y cuando se identifique la procedencia de las mismas, el propio ministerio asumiría la titularidad del caso ante el Indecopi. Luego, el ente de defensa al consumidor iniciará un “procedimiento sumario” para resolver la denuncia en un plazo máximo de 45 días calendario.

La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, publicó un video en sus redes sociales saludando la iniciativa.

“Nosotros siempre estaremos a favor de la inversión privada y de lo que esta genera, pero de ninguna manera permitiremos o estaremos de acuerdo con los abusos o excesos que [las empresas] cometan en contra de la población más vulnerable”, dijo.

A pesar de la postura del partido Fuerza Popular, especialistas consultados advierten que el proyecto no tiene ningún tipo de sustento técnico y que, de aprobarse, restaría la institucionalidad que tiene el Indecopi como órgano de defensa del consumidor.

“Es uno de los proyectos con menor calidad regulatoria que he podido ver. Todos estamos de acuerdo con fortalecer la fiscalización, las sanciones contra las empresas que dejen de competir y fijen los precios. Pero el camino es fortalecer la institución que tenemos y que ya funciona. Indecopi necesita más personal que pueda seguir este tipo de denuncias, necesita más presupuesto, ese es el camino”, afirmó Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados.

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Alejandro Falla, socio del estudio Bullard Falla Ezcurra, coincidió en que el hecho de exigir que el ministerio sea la instancia previa a este tipo de denuncias no solo quita institucionalidad al Indecopi, sino que también extiende innecesariamente los pasos para poder denunciar.

“En vez de facilitar la presentación de denuncias e inicio de investigaciones por prácticas anticompetitivas, se complica al forzar la intervención del Minsa quien deberá calificar previamente cualquier denuncia. Esta participación previa del Minsa podría incluso perjudicar las investigaciones de las conductas, al poner sobre aviso a los involucrados. El Minsa carece de toda capacidad y experiencia para evaluar este tipo de comportamientos”,

advirtió Alejandro Falla, socio del estudio Bullard Falla Ezcurra.

Asimismo, recordó que una decisión del Minsa en el 2010 fue la que redujo la competencia para la venta de balones de oxígeno, lo que originó su escasez durante la pandemia del 2020. “El Minsa carece de toda capacidad y experiencia para evaluar este tipo de comportamientos. Recordemos que fue una decisión del ministerio la que redujo la competencia y disponibilidad del oxígeno medicinal para los hospitales durante la pandemia”, agregó.

Por otro lado, Silvia Pessah, exministra de Salud, cuestionó que se tengan que agregar instancias burocráticas a las denuncias de los consumidores de medicamentos.

“Lo que necesitamos es reducir la burocracia, que los procedimientos sean más ágiles. Además 30 días es un plazo bastante corto para una investigación, si terminan y no se halló responsabilidad entonces el ciudadano perdió la oportunidad. El proyecto hace todo el proceso más complicado cuando debería facilitar el acceso para la gente”, señaló.

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En el mismo sentido, Stucchi advirtió que tanto los plazos para el Minsa como para el Indecopi serían muy limitados para llegar a realizar investigaciones satisfactorias.

“30 días son insuficientes porque son casos complejos. Menos aún el Indecopi podrá resolver en 45 días una acusación que llegará del ministerio y que seguramente estará incompleta por falta de tiempo. Si se aprueba es una norma que generará mucha expectativa, pero tendrá resultados ineficientes”,

concluyó Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados.

Actualmente el proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y en la de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

Este Diario se comunicó insistentemente con Eduardo Castillo, autor del proyecto, pero hasta el cierre de esta edición no se llegó a concretar la entrevista.