La necesidad de salvar el Archivo de la Nación: patrimonio expuesto a riesgos

El 14 de noviembre del 2018 se perdió del Archivo General de la Nación (AGN) un documento firmado por José de San Martín. En la misiva extraviada, se le otorgaba libertad a la esclava Juana Maro, una mujer que colaboró como enfermera de los soldados del ejército independentista. La carta fue firmada de puño y letra de San Martín el 13 de octubre de 1821.

La noticia recién se hizo pública dos días después cuando la jefatura encargada tomó conocimiento del hecho y procedió a realizar la denuncia ante la División de Robos de la PNP.

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En ese entonces, Luisa Vetter Parodi, jefa institucional del AGN, dijo que se investigaría el “penoso” hecho. Al ser consultada sobre la posibilidad de hacer un inventario para descartar otras pérdidas, la funcionaria señaló que se hacían revisiones mensuales.

Vetter fue nombrada en el cargo el 18 de julio del 2017. Con menos de dos años cumpliendo funciones, el Ministerio de Cultura aceptó su renuncia. La información fue confirmada por el titular del sector, Rogers Valencia, durante una exposición en el Congreso de la República el 5 de febrero.

En la actualidad, el AGN tiene cinco sedes repartidas entre el Cercado de Lima, Pueblo Libre y Lince. Los documentos más preciados se guardan en el Jr. Camaná (afectado constantemente por aniegos de desagüe) y en cinco mil metros cuadrados del Palacio de Justicia, en el Paseo de Los Héroes Navales (de donde corren el riesgo de ser desalojados).

El más antiguo de los documentos es el “Libro becerro”, también conocido como “Protocolo ambulante de los conquistadores”. El ejemplar de 1533 es un testimonio de los conquistadores. Entre sus páginas se leen las primeras políticas socioeconómicas y culturales del continente, así como las primeras crónicas de españoles asentados en el continente americano.

En los otros edificios se almacenan archivos y memorias institucionales y funciona la Escuela Nacional de Archivística.

—Líos legales—
En setiembre del 2018, la Segunda Sala Civil de Lima debía emitir su fallo con respecto a la demanda de desalojo presentada por el Poder Judicial (PJ) contra el AGN.

En diálogo con El Comercio,el procurador del PJ, José Espinoza, señaló que el archivo perdió en primera y segunda instancia. El AGN presentó un recurso de casación que fue elevado a la Corte Suprema y Espinoza estima que en dos o tres meses se conocerá la decisión final.

“Solicitamos la reivindicación de la propiedad. Nosotros [el PJ] tenemos la propiedad y ellos [el AGN] tienen la posesión”, dijo.
Durante su exposición, Valencia señaló que se contempla construir una nueva sede para el Archivo General de la Nación. Este edificio contaría con todos los protocolos de seguridad para preservar los documentos. Se estima que la inversión sería de S/185 millones aproximadamente.

Para el historiador Fernando Armas Asín, el Estado no se ha preocupado de preservar el patrimonio. “Hay varios proyectos, desde hace años, para conseguir un mejor local. Es fundamental tener una buena infraestructura, se tiene que dar prioridad a la preservación del patrimonio”, señaló.

El historiador también detalló que, en varias ocasiones, investigadores han pedido acceder a documentos, pero se les ha negado el acceso. “Siempre nos dicen que están en inventario y a los meses se dan por perdidos. Se deberían tener políticas estrictas para aminorar el tráfico de documentos”, dijo.

Fuentes de este Diario confirmaron que existen otros documentos perdidos y que en su mayoría serían vendidos a círculos cerrados de coleccionistas nacionales e internacionales.