¿Es viable que el Congreso apruebe un adelanto de elecciones?

“Un adelanto de elecciones, sin hacer cambios importantes en nuestro sistema político, no nos asegura una salida real a este ciclo de crisis”.

Durante los últimos diez meses vivimos una profunda crisis social y política. Tenemos un presidente que todos los días nos da muestras de su incapacidad política y moral para gobernar, que no tiene intenciones de reactivar la economía, ni de generar empleo, ni de abordar la crisis alimentaria y ni el alza de combustible. Tenemos una izquierda para la que, salvo la asamblea constituyente, todo es ilusión, pues su verdadero objetivo es obtener poder ilimitado.

Tenemos un Gobierno que ve al Estado como un botín y que entiende el presupuesto público como una torta que debe ser repartida. No conciben que no hay tal cosa como dinero del Estado, pues este no genera riqueza, sino que este es producto del trabajo de millones de peruanos, que se han esforzado durante décadas para tener un mejor país.

Frente a esta situación, los peruanos reclaman una salida a la crisis. La salida lógica, constitucional y que mejor preserva las instituciones de nuestro país es la vacancia por incapacidad moral. Esta es una figura que está pensada precisamente para ser usada en situaciones como la que vivimos hoy.

En paralelo, la propuesta del adelanto de elecciones ha ido cobrando fuerza durante las últimas semanas debido –en parte– a que el Congreso le ha fallado a la ciudadanía, la que esperaba que este sea un verdadero contrapeso a este Gobierno. No lo ha sido y esa es una frustración que comparto.

Sin embargo, sorprende ver que esta propuesta sea promovida por congresistas que, mientras se rehúsan a cumplir con su responsabilidad constitucional y a ejercer control político frente a las barbaridades que vemos a diario, rechazan las mociones de vacancia presentadas y siguen dándole la confianza a los gabinetes, muy alegremente plantean una reforma constitucional con nombre propio como la solución a nuestros problemas. Parecería que más que salir de la crisis, el móvil fuera otro.

Si llegado cierto punto no hay otra salida posible, apoyaría un adelanto de elecciones generales. No obstante, considero que no debería ser promovida como primera vía de salida porque, primero, no es una medida inofensiva y, segundo, tener elecciones sin una reforma política previa no representa una solución real.

No es inofensiva porque implica aprobar una reforma constitucional con nombre propio que puede abrir una puerta peligrosa para la institucionalidad política del Perú. El daño institucional y la incertidumbre que genera el adelanto de elecciones es mucho mayor a aquel que generaría la vacancia.

Un adelanto de elecciones, sin hacer cambios importantes en nuestro sistema político, no nos asegura una salida real a este ciclo de crisis. Es necesaria una reforma política de verdad, que empodere a los ciudadanos y que le recuerde a la clase política que ellos están para servir a los peruanos y no al revés.

“El adelanto de elecciones generales no debe responder al interés particular de algunas agrupaciones políticas antidemocráticas”.

Actualmente, el país vive un contexto de crisis política, agudizada por la propalación de diferentes audios, unos vinculados a actos de corrupción presuntamente cometidos por el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, que además podría involucrar a personas del entorno cercano del presidente Pedro Castillo y, de otro lado, audios que comprometen a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que revelan planes golpistas de quienes siempre han querido desconocer la voluntad popular.

Ante este escenario, en primer término corresponde, por sobre todo, actuar con responsabilidad política y respetar la voluntad popular expresada en las últimas elecciones generales. Sin embargo, eso no implica, bajo ninguna circunstancia, ignorar los hallazgos realizados en las recientes investigaciones fiscales. Todos los involucrados deben someterse a las investigaciones del Ministerio Público, a fin de aclarar todo cuestionamiento y contribuir con la gobernabilidad del país y la confianza ciudadana.

Por otro lado, en estos últimos días hemos podido apreciar que ciertas agrupaciones parlamentarias buscan aprovechar esta coyuntura política para aprobar reformas políticas y constitucionales –que no parten de la voluntad del pueblo manifestada en una asamblea constituyente, sino más bien son promovidas por intereses particulares que buscan perpetuarse en el poder–, las cuales debilitan la institucionalidad del país y el equilibrio de poderes.

Así tenemos por ejemplo que, recientemente, se ha aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento el dictamen que reestablece la bicameralidad, iniciativa que propone modificar un poco más de 50 artículos de la Constitución Política que, entre otras cosas, limita la participación ciudadana al establecer requisitos para ser senador, tales como poseer cinco años de experiencia laboral para un cargo, que es estrictamente de representación ciudadana; limita atribuciones presidenciales sobre la disolución de la futura Cámara de Diputados al exigirse que solo procede luego de haberse negado tres veces la confianza a los gabinetes ministeriales; y controla políticamente a los miembros del JNE y a los titulares de la Onpe y Reniec, ya que ahora podrán ser acusados constitucionalmente y ser sancionados por infracciones a la Constitución por el Congreso de la República.

Al respecto, debo señalar que las grandes y necesarias reformas del sistema político, y el debate sobre el adelanto de elecciones generales, no deben responder al interés particular de algunas agrupaciones políticas antidemocráticas, por el contrario, deben partir del análisis de las reales necesidades del país y de la búsqueda de una salida democrática que garantice a los peruanos una respuesta para sus demandas de lucha contra la corrupción, reforma de partidos políticos, combate de la inseguridad ciudadana y acceso a empleo digno y educación y salud de calidad.